Medio millar de castillos buscan nuevo dueño en España

Comprar un castillo suena a frivolidad, capricho o esnobismo, pero tiene su enjundia. La Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC) ha inventariado hasta el momento 10.500 fortificaciones, aunque se calcula que pueden existir en torno a 20.000. Y de ellas, cerca de 500 están en venta por toda la geografía española. En algunos casos, se venden por un precio simbólico. “Sus propietarios buscan deshacerse de auténticas ruinas”, apunta Pablo Schnell, gerente de la asociación. Los precios de las consideradas habitables oscilan entre 350.000 euros y 15 millones de euros, según sus metros cuadrados, de acuerdo con diferentes inmobiliarias que comercializan estos activos.

Se puede encontrar desde un castillo-atalaya del siglo XII en Cáceres, a la venta por 79.500 euros, al castillo medieval de Cervera (Barcelona) del siglo XI, completamente habitable y cuyo precio es de 1,6 millones de euros. Uno de los más caros en venta actualmente es el castillo de Castilnovo (Segovia), que busca comprador por 15 millones. En él vivió Juana de Castilla y más recientemente celebró su boda la influencer Lucía Pombo. “Como bien de interés cultural, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece que sus propietarios deben permitir visitas públicas gratuitas cuatro días al mes”, destaca Miguel Ángel Bru Castro, director de viajes y actos culturales de la AEAC. Y añade: “Estos bienes están exentos del pago del IBI, siempre que se solicite y el castillo no realice actividades comerciales lucrativas”.

El abogado José María Torres, que ha hecho de una fortaleza en Guadalajara su vivienda, insiste en una idea: “Somos guardeses del patrimonio cultural”. Torres narra el peregrinaje burocrático y legal para hacerse con el castillo del siglo XV, que perteneció a Íñigo López de Mendoza y de la Vega, más conocido como el marqués de Santillana, y en el que pasó largas temporadas Ana de Mendoza, princesa de Éboli. “Hay que comunicar la intención de compra al organismo competente para que ejerza su derecho de tanteo y retracto (plazo de dos meses) por si quiere ejecutar la adquisición en esas condiciones”, explica. Una segunda fase exige contratar un proyecto de rehabilitación que ha de ser aprobado por la Comisión de Patrimonio provincial o autonómica. Algo que está en función de que impere el criterio del arquitecto, “abierto a crear alojamientos”, o del arqueólogo, “más inmovilista y contrario a tocar patrimonio”. Y aclara: “Hay que hallar un punto medio. Esto no va de construirse un chalé en una fortaleza. Es una obra de rehabilitación, que nunca acaba, en la que hay que implicarse para disfrutarla”.

Entre otras cosas porque estas fortificaciones son bienes de interés cultural y están protegidos, “lo que significa que es inviable construir la casa de sus sueños, porque hay que respetar las estructuras y esencia del castillo”, destaca el gerente de la AEAC. Una vez adquirido el inmueble bajo estas condiciones, “toca asumir los honorarios del arquitecto, que dobla sus tarifas por ser un bien de interés cultural”, asume Torres. En cuanto a su financiación, este abogado aconseja “pedir un préstamo a la construcción, negociar el periodo de carencia y empezar pagando solo los intereses”. Una vez restaurado y habitado, toca conservarlo. “Mi obligación es mantenerlo, lo que me cuesta 250 euros mensuales, y custodiarlo para las generaciones posteriores”, una responsabilidad que se atribuye frente a “un Estado que nunca cuenta con recursos para hacerlo, con independencia del partido que gobierne”, añade.

Transformar un castillo, torre o atalaya, construcciones todas ellas pensadas como fortalezas defensivas, en una vivienda es tarea ardua y compleja. “Tienen pocas ventanas para iluminación y ventilación, accesibilidad complicada y no es raro encontrar estructuras carcomidas”, señala Fernando Olmedilla, arquitecto especializado en restauración de patrimonio cultural. Califica de “auténticos retos” instalar calefacción, hacer rozas o gestionar, por ejemplo, escaleras internas que suelen ser estrechas y menudas (se trataba de frenar el paso al enemigo) y que no se pueden modificar.

Arqueólogos

Olmedilla reconoce que las tarifas por hacer estos trabajos son altas, “porque incluyen un equipo multidisciplinar para realizar su estudio”. La buena noticia, prosigue, es que este equipo de arqueólogos e historiadores “descubren información desconocida que se aporta al conjunto de la sociedad y, además, el propietario va a pasar a formar parte de la historia de ese castillo”.

Álvaro Taboada de Zúñiga es propietario de la torre de la Candaira (O Saviñao, Lugo), original del siglo XII, en la que reside durante el verano y cuyo mantenimiento sufraga con más de 1.000 euros al mes. Fruto del estudio arqueológico, ha conseguido desentrañar su historia desde 1430 hasta la actualidad. Dueño de otras fortificaciones, apela a la colaboración público-privada para rehabilitar, mantener y explotar estos bienes. Pide eliminar trabas burocráticas y crear subvenciones que no existen. “Si queremos defender el patrimonio y apostar por la España vaciada; un castillo rehabilitado y con historia genera empleo y atrae todo tipo de negocios a las zonas deprimidas”.

Uno de los destinos de estos castillos es su adecuación como establecimiento turístico. Aunque, “encontrar comprador para estas fortalezas es casi una hazaña”, lamenta Marien Viyella, consultora hotelera de la firma Mundhotel, que cuenta con tres fortalezas en su cartera situadas en Jaén, Soria y Madrid. “Su complejidad estriba en que la mayoría se halla en ubicaciones nada turísticas, de difícil acceso, requieren mucha rehabilitación y cuentan con elementos protegidos”. Las ofertas que recibe provienen, sobre todo, de “inversores latinoamericanos y árabes que gestionan el patrimonio de poderosas familias, fondos de inversión, coleccionistas y algún particular”. Los más interesantes, según la consultora, son los que cuentan con un reclamo como un viñedo o termas.