Operación Influencer en Portugal: los hombres que susurraban a António Costa provocaron su caída

Seis meses antes de que los portugueses supiesen que Google había llegado a un acuerdo con el Gobierno para instalar el sistema de cables submarinos transatlánticos Nuvem, que enlazaría Estados Unidos, Bermudas y Portugal, el abogado Diogo Lacerda Machado acordó con Alfonso Salema, presidente ejecutivo de la empresa Start Campus, que le enviaría la transcripción de la conversación que el primer ministro, António Costa, había mantenido con un responsable de Google. El acceso privilegiado de Lacerda al jefe de Gobierno no tenía precio, aunque Start Campus, que aspiraba a captar a Google como cliente para su centro de almacenamiento de datos digitales en Sines, le había fijado uno: un salario mensual de 6.500 euros.

Lacerda y Costa eran viejos amigos desde los días de estudiantes de Derecho en Lisboa. En los últimos años, desde que uno de ellos se convirtió en primer ministro de Portugal en 2015, las amistades del otro florecieron como en los días de colegio. Los inversores sabían que fichar al abogado Lacerda Machado garantizaría un acceso privilegiado al corazón del Gobierno. Una inversión segura en activos estratégicos: información e influencia.

La presión podía ir más allá de Lisboa. Start Campus —que pertenece a dos fondos de inversión (el británico Pioneer Point Partners y el estadounidense Davidson Kempner Capital Managament)— intentó que Lacerda moviese hilos para que el Gobierno portugués reclamase ante la Comisión Europea una modificación beneficiosa para su actividad. “Después veo cómo tomamos la iniciativa de suscitar y sugerir. Si fuese Finanzas, hablo con [el ministro Fernando] Medina o con António Mendes, que es el secretario de Estado. Si fuese Economía, preparo la manera de llegar después al propio António Costa”, aclara Lacerda a Salema en una de las conversaciones intervenidas por la Procuradoría General de la República (Fiscalía).

La Operación Influencer, que pasará a la historia de Portugal por ser la primera que provoca la dimisión de un primer ministro en ejercicio y que ha causado la convocatoria de elecciones anticipadas el 10 de marzo, no se ha cerrado aún, pero de momento tiene ocho personas arguidas (sospechosas), de las cuales cinco están detenidas desde el martes. Lacerda y Salema, que tanto han hablado por teléfono en los últimos meses, son dos de los arrestados, además del jefe de gabinete del primer ministro, Vítor Escária; el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, y el administrador de Start Campus, Rui Oliveira Neves.

Si no hubiesen sido detenidos, los investigadores creen que el Consejo de Ministros habría aprobado un decreto para agilizar la creación de cables submarinos “prelicenciados”, que beneficiaba al “ecosistema asociado a la economía de datos”. El borrador del decreto fue enviado por WhatsApp por el ministro de Infraestructuras, João Galamba, también arguido en el proceso, al presidente de Start Campus. El ministro pactó el texto en una semana con cinco colegas del Gobierno. Los fiscales señalan en la resolución de indicios, publicada por varios medios, que la rapidez se debió a “la influencia” de Vítor Escária.

En 2020, Costa nombró a Escária como jefe de gabinete, a pesar de que tres años antes había dimitido como asesor económico por aceptar entradas y vuelos de la empresa Galp para la Eurocopa de Francia. Una corruptela que saldó con una multa de 1.200 euros, que parece una bagatela comparada con los 75.800 euros que le fueron encontrados en su despacho de la residencia oficial del primer ministro en el registro de esta semana. Costa pidió perdón el sábado por este nombramiento y confesó que se sintió “avergonzado” por el hecho. En un discurso institucional en São Bento, reconoció que no volverá a ejercer otro cargo público “con toda probabilidad” y defendió los proyectos investigados como ejemplos de atracción de inversiones extranjeras necesarios para el país. También se distanció de Diogo Lacerda Machado: “Lo que sea que haya hecho Lacerda Machado, nunca lo hizo con mi autorización”. “Un primer ministro no tiene amigos”, subrayó.

La relación del presidente de Start Campus con el ministro João Galamba y el jefe de gabinete de Costa se había engrasado en encuentros en el Palacio de São Bento y restaurantes. Las facturas corrían a cuenta de la empresa. Una de ellas, en junio de 2022, reunió a dos representantes de la empresa (Alfonso Salema y el administrador Rui Oliveira Neves) con Galamba, entonces secretario de Estado de Energía, y el presidente de la Agencia de Medio Ambiente, Nuno Lacasta. Start Campus pagó los 1.031 euros de la factura con gusto. “El almuerzo fue top. Tanto Galamba como Nuno Lacasta abrieron el juego sobre la presión”, comentarían al día siguiente Salema y su administrador.

Todos los comensales están ahora implicados en el proceso judicial que investiga varios delitos de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación en cuatro proyectos energéticos y han comenzado a declarar ante el juez del caso, Nuno Dias da Costa. En las escuchas telefónicas de sus conversaciones, el primer ministro es citado 55 veces. Esta es la razón de la investigación iniciada por el Tribunal Supremo el pasado 17 de octubre, según confirmó este viernes en una nota la Fiscalía.

En abril de 2021, António Costa asistió a la presentación del proyecto de Start Campus, Sines 4.0, que se anunció como una de las mayores inversiones en Portugal (3.500 millones de euros, 1.200 empleos) y que había obtenido un mes antes el estatuto de Proyecto de Interés Nacional, que da derecho a un tratamiento prioritario en las licencias, “permitiendo la superación de eventuales bloqueos administrativos de forma que se garantice una respuesta rápida”. El Sines 4.0 pretendía atraer a grandes tecnológicas como Google con la oferta de edificios sostenidos con energía renovable y barata, gracias la revolución verde impulsada por Costa, que vio la oportunidad de transformar una economía dependiente de la importación de fuentes fósiles a otra exportadora de renovables.

El bien supremo de la transición energética

La transición energética se convirtió en el bien supremo. En su nombre, la administración lusa ha simplificado los permisos a costa de eliminar la evaluación ambiental, una demanda de inversores con prisa atendida por el Gobierno. Según los fiscales, el decreto de las licencias Simplex Industrial aprobado por el Consejo de Ministros, que acelera permisos y rebaja controles en ciertos proyectos, fue preparado por el abogado João Tiago Silveira, también arguido, socio del bufete Morais Leitão —al igual que el administrador de Start Campus— y antiguo secretario de Estado con José Sócrates, el ex primer ministro detenido por corrupción en 2014 y que todavía no ha sido juzgado.

Start Campus consiguió licencia para construir en la Zona Especial de Conservación de la Costa Sudoeste gracias al empeño de João Galamba y Vítor Escária, que presionaron para allanar el camino. “Tienes que ayudarme a meter en la cabeza de esta gente que la solución no es que yo vaya a Bruselas a preguntar nada. Es hacer el proceso de evaluación de impacto ambiental, y si hubiese necesidad de proponer medidas compensatorias, cerrar el proceso, darle licencia y dejarlo estar en la Zona Especial de Conservación”, señala el presidente del Instituto de Conservación de la Naturaleza y de la Floresta, Nuno Banza, a Galamba.

Al secretario de Estado de Energía no le agradaban los peros ambientales. “Vamos a tener que concertar una reunión con vosotros porque en este momento estoy recibiendo sucesivas quejas sobre el municipio de Sines como uno de los más difíciles en la relación con las renovables, eh, pá, si quieren ser el puerto que quieren ser, eso no puede ser, pá”, advierte Galamba al alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, que finalmente claudicaría y daría luz verde a Start Campus, a cambio de dinero para un festival y clubes deportivos.

Meses después, Galamba, ya nombrado ministro de Infraestructuras, sería acusado de ofrecerle unos puñetazos a un asesor al que despidió por teléfono. La investigación también revela que Galamba no diferencia a veces entre lo público y lo privado: envió a sus chóferes a comprar botellas de vino. Los fiscales destacan que el actual ministro de Infraestructuras, que el viernes aseguró que no pensaba dimitir, ha intervenido en casi todos los proyectos investigados. Él defendió la polémica concesión de la explotación de litio en Montalegre a la empresa Lusorecursos, creada tres días antes y administrada por Ricardo Pinheiro, que entonces era investigado por un fraude cometido con fondos europeos.

En el caso de la mina de Covas do Barroso, a 50 kilómetros de Galicia, se cambió la declaración desfavorable de la Agencia de Medio Ambiente de 2022 por otra favorable en 2023, tras la introducción de algunos cambios a pesar de que la explotación dañará un lugar declarado Patrimonio Agrario Mundial por la FAO, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Las instalaciones de la empresa promotora, Savannah Lithium, fueron registradas el martes. A diferencia de Sines, Galamba no logró modificar el rechazo del alcalde de Boticas, donde se ubica la explotación de litio. En declaraciones a EL PAÍS, el alcalde Fernando Queiroga anunció que preparan una providencia cautelar para solicitar a los tribunales que paralicen los sondeos de la empresa. “Si antes teníamos argumentos en contra, ahora tenemos muchísimos más”, afirmó.

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