La revolución verde de Portugal: energías renovables por tierra, mar y aire

El gran legado que distinguirá la era del socialista António Costa, primer ministro de Portugal desde 2015, será la revolución energética que impulsó. Es cierto que viene empujada por la urgencia de los tiempos y las instituciones internacionales como la Comisión Europea, pero Costa fue de los primeros líderes que abrazó la causa climática y siempre recuerda que su país se comprometió antes que ninguno a alcanzar la neutralidad carbónica. Desde entonces se vive una carrera acelerada para llegar antes a todas partes: se anticipó el cierre de las centrales de carbón dos años (2021) y se adelantaron tanto las metas para producir con renovables el 80% de la electricidad (de 2030 a 2026) como para obtener la ansiada neutralidad carbónica (de 2050 a 2045). En esta estrategia no solo hay convicción ambiental: el Gobierno ha visto una oportunidad histórica para que Portugal cambie su debilidad actual como economía dependiente de la importación de fuentes fósiles por la fortaleza de un país exportador de energías renovables.

Este rumbo ni siquiera ha virado tras la sucesión de sobresaltos históricos que vive el mundo desde hace unos años. La guerra en Ucrania encareció tanto el gas y el petróleo que surgieron algunas presiones sobre el Gobierno para reactivar las centrales térmicas de carbón, algo que Costa descartó. También las condiciones meteorológicas de 2022, con una sequía extrema que lastró la producción hidroeléctrica y que empeoró las cifras. La aportación renovable bajó al 57% y el saldo importador, del 18%, casi dobló el de 2021, según la Agencia para la Energía. Aun así, Portugal está “por encima de las metas definidas por la Unión Europea para la implantación de renovables. Desde ese punto de vista es una revolución energética pues, junto a la desconexión de las centrales térmicas de carbón, el mix energético ha sido sustancialmente alterado”, sostiene por correo electrónico el catedrático de Economía de la Universidad de la Beira Interior, António Cardoso Marques.

El salto portugués ya es muy visible en la estadística: el 72% de la energía producida en el primer trimestre de 2023 fue de origen renovable. Portugal es el cuarto país de Europa con una matriz eléctrica menos contaminante, solo por detrás de Austria, Suecia y Dinamarca, según los datos de Eurostat. Sobre todo, gracias a la hidroeléctrica y la eólica.

“Todo está ocurriendo al mismo tiempo, estamos asistiendo a un gran movimiento de las empresas”, señala por teléfono el ministro de Medio Ambiente y Energía, Duarte Cordeiro. “Hemos creado las condiciones para agilizar este movimiento. Para nosotros es muy importante acelerar la descarbonización de nuestra economía”. Según sus cálculos, todos los proyectos relacionados con el sector energético que se prevén en Portugal rondan los 60.000 millones de euros.

Irregularidades en el suministro

Los 16 gigavatios (GW) de potencia renovable representan ya el 70% de la potencia instalada, pero la disparidad en su distribución genera también irregularidades en el suministro. Picos en los meses de lluvia y viento, frente a los descensos del verano. “El país tiene un enorme potencial de producción solar que está lejos de ser aprovechado. Todavía se están concluyendo parques de la subasta de 2019″, observa el catedrático António Cardoso Marques. Para introducir estabilidad en el mercado, el Gobierno quiere potenciar la solar (aporta el 6% del total), muy rezagada en comparación con la hidráulica (45%) y la eólica (35%), a pesar de contar con condiciones meteorológicas favorables. “Este año vamos a conceder licencias para 2,5 gigavatios de solar. Creemos que superaremos los ocho gigavatios en 2030″, sostiene el ministro.

En enero, la Agencia de Medio Ambiente concedió a Iberdrola el permiso para la construcción de un proyecto fotovoltaico de 1.200 megavatios de potencia, el mayor de Europa, en Santiago de Cacém, en el Alentejo. La dimensión del complejo no gusta a los conservacionistas. “Esa planta es de un tamaño exagerado. Estamos a favor de la energía solar, pero proponemos que se desarrolle en zonas debidamente evaluadas para evitar conflictos con las poblaciones y con el medio ambiente. Hay que evitar que luego nos arrepintamos de los proyectos”, puntualiza Francisco Ferreira, presidente de la organización ecologista Zero y profesor de Ciencias y Tecnología en la Universidad Nova de Lisboa.

A los ecologistas tampoco les ha gustado la decisión del Gobierno de facilitar la transición energética con la simplificación de los criterios de tramitación (licencias Simplex) para proyectos de producción de hidrógeno verde, torres eólicas que disten entre sí más de dos kilómetros y plantas solares que ocupen menos de 100 hectáreas, que no tendrán que someterse a evaluación ambiental. “Entendemos que es necesario acelerar, pero se está permitiendo que algunos proyectos puedan ser viabilizados con conflictos ambientales. El gran error del Gobierno es culpar al medio ambiente de estos retrasos cuando no es cierto, es la burocracia la que retrasa. Nunca pensamos que un Gobierno socialista tan sensible a la cuestión climática cometería este gran retroceso”, lamenta Francisco Ferreira. “Hemos eliminado la obligatoriedad en algunos casos, pero si se sospecha que hay proyectos fragmentados se puede solicitar la evaluación”, puntualiza el ministro de Medio Ambiente y Energía.

Junto al despliegue solar, la gran novedad de este año será la subasta de proyectos de eólica marina, con el objetivo de alcanzar los 10 gigavatios en unos años. Las zonas identificadas por el Gobierno como potenciales ubicaciones están en fase de audiencia pública y algunas son contestadas por los conservacionistas por afectar a áreas enclavadas en la Red Natura, pero el interés empresarial por instalarse en el litoral luso no decae. Hay proyectos en estudio de la alemana BayWa y del fondo danés Copenhagen Offshore Partners, entre otros.

La carrera energética ha alimentado la investigación tecnológica y ha convertido al país en un innovador laboratorio al aire libre. Tras el éxito de una experiencia piloto iniciada hace cinco años, la empresa EDP inauguró en julio de 2022 el mayor parque solar flotante de Europa, con unos 12.000 paneles fotovoltaicos (cuatro hectáreas), en la laguna artificial del embalse de Alqueva, en el río Guadiana. Este proyecto, que puede generar 7,5 gigavatios hora (GWh) al año, incorpora además baterías para almacenar 2 MWh.

Las infraestructuras híbridas, como la del río Guadiana, son también otro de los caminos que está fomentando el Ministerio de Medio Ambiente y Energía. Otro ejemplo es la gigabatería del Tâmega, que Iberdrola puso en marcha en 2022 y que acaba con una de las grandes fragilidades de la energía hidráulica: la dependencia de la meteorología. Gracias a un sistema de bombeo entre sus embalses, el complejo del Tâmega (con tres centrales hidroeléctricas, a las que se sumarán dos parques eólicos) permite, según la empresa, “el suministro continuo de electricidad al área metropolitana de Oporto durante 24 horas”.

“El proyecto es un espejo en el que mirarse como ejemplo de transición verde. Un enorme circuito cerrado de agua. El bombeo colabora para integrar más renovables al evitar su vertido en las llamadas horas valle, cuando se consume energía (renovable) para elevar el agua del embalse inferior al superior”, explica Julio Castro, consejero delegado de Iberdrola Renovables. “En las horas punta, cuando el consumo es elevado, se turbina esa misma energía (renovable) para atender la demanda. Por otra parte, el bombeo aporta seguridad de suministro, energía almacenada no sometida a los riesgos de importación de energías fósiles como el gas natural. La mejor solución ante crisis”.

La revolución energética avanza, sin embargo, con cierta cojera ciudadana. El economista António Cardoso Marques advierte de que esta transición solo tendrá éxito “si se incentiva el empoderamiento del consumidor, que resulta crucial para conseguir el grado de flexibilidad necesario para la adaptación de la red a una producción de electricidad renovable, variable y distribuida”. Esto significa, en su opinión, incentivar el autoconsumo y las comunidades de energía renovable, poco desarrolladas en Portugal, incentivar la movilidad eléctrica o las tarifas diferenciadas según el momento del consumo.

Cardoso Marques, que tiene un equipo de investigación en Economía de la Energía en la Universidad de la Beira Interior que aborda el empoderamiento de los consumidores, destaca que la transición energética se presenta como algo “bueno” que, sin embargo, grava notablemente las economías domésticas con tasas y costes elevados. “El proceso de transición energética deberá ser inclusivo y permitir que todos los agentes económicos, particulares y empresas, participen y obtengan de él beneficios. Es crucial evolucionar para que la transición energética sea deseada y sentida como propia por todos”, concluye.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal