10 años de visados de oro en Portugal: 31.000 extranjeros desconocidos con sol y Schengen

El ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Portas, viajó en 2013 a Moscú para animar a los rusos a invertir en Portugal a cambio de un permiso de residencia. El programa conocido como vistos gold (visados de oro) se había aprobado el año anterior como una respuesta dopada a la crisis que hacía tiritar a las economías occidentales. Portas no se anduvo por las ramas: “Portugal es Schengen y quien tenga la autorización de residencia en Portugal no solo no tiene la lluvia de Londres sino que tiene acceso a toda el área Schengen”.

Sol y Schengen. Un binomio atractivo para empresarios rusos. Al menos 313 siguieron el consejo de Paulo Portas y accedieron por esta vía a la residencia portuguesa entre 2012 y 2022, según datos del Servicio de Extranjeros y Fronteras. La cifra real es, sin embargo, mayor: muchos usaron “nacionalidades de conveniencia” como la del archipiélago de Saint Kitts para realizar los trámites en Portugal, según el semanario Expresso.

Entre octubre de 2012 y febrero de 2023 se concedieron 11.758 visados de oro a extranjeros, que pueden acceder a la nacionalidad después de cinco años y con la única exigencia de pasar 14 días en Portugal. La mayoría fueron chinos (45%) y brasileños (10%), además de varios centenares de estadounidenses, turcos y sudafricanos. Si se agregan los familiares reagrupados, la cifra de extranjeros no comunitarios que recibieron un permiso de residencia portugués roza los 31.000. Tienen todo el sol que deseen y, lo más importante, libertad para deambular por el espacio Schengen. Nadie sabe quiénes son porque la identidad de los beneficiarios se mantiene en el anonimato y solo algún escándalo o filtración saca los nombres a la luz. El más trágico fue protagonizado por el empresario chino Chenglong Li, que obtuvo un visto gold tras la compra de cuatro tiendas en un centro comercial de Leiria en 2016 y que acabaría condenado a 25 años de prisión por homicidio. Los tribunales consideraron probado que el empresario ordenó en 2019 incendiar un edificio que adquirió en Oporto para forzar el desalojo de los inquilinos, que le obstaculizaban el pelotazo. En ese siniestro murió carbonizado uno de los vecinos del inmueble.

A cambio de las residencias y nacionalidades, los extranjeros han invertido en Portugal 6.852 millones de euros (la inversión mínima exigida para optar al permiso era de 250.000 euros), el 89% en la compra de casas, lo que ha hecho que se apunte hacia ellos como uno de los factores que influyen en la subida de precios inmobiliarios. Por esta razón, la supresión de los vistos gold se ha incorporado al paquete de medidas de Más Vivienda, presentado a finales de febrero por el Gobierno y que se incluirá en la ley que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe esta semana.

Los rusos se convirtieron en un quebradero de cabeza tras la invasión de Ucrania en 2022. El origen del dinero, que no había preocupado mucho ni a Portugal ni a los 20 países, entre ellos España, que cuentan con esquemas de intercambiar residencia por dinero, pasó a ser un problema. El Gobierno luso vetó nuevos vistos gold para los nacionales rusos, aunque nunca divulgó cuántos oligarcas afectados por las sanciones de la Comisión Europea disponían de residencia o ciudadanía al amparo de estos visados o de la ley de nacionalidad de los sefardíes, que dio la ciudadanía lusa a más de 56.000 judíos, incluido Román Abramóvich, por su supuesta descendencia de sefardíes expulsados de la península Ibérica en el siglo XV. Esta vía se convirtió en un gran negocio para la Comunidad Judaica de Oporto, en el punto de mira de una investigación judicial. El proceso fue tan opaco como el que envuelve los vistos gold, que tanto la Comisión Europea como organizaciones como Transparencia Internacional consideran que favorece la entrada de extranjeros con actividades delictivas en el espacio Schengen.

La socialista Ana Gomes pidió varias veces en el Parlamento europeo cifras sobre el programa. “No me facilitaron los datos ni el Gobierno de la derecha ni el Gobierno de la izquierda, con la misma excusa de la protección de datos”, censura. “En Portugal ha sido más perverso incluso que en otros países por su secretismo. En Malta o Chipre se acababan publicando los nombres de los beneficiarios”, añade. En su opinión, el esquema ha sido “un desastre para el país que ha llenado los bolsillos de alguna gente ligada al sector inmobiliario y ha favorecido la infiltración de dinero dudoso en la Unión Europea, además de subir los precios de la vivienda y gentrificar las ciudades “. “No digo que todos los beneficiarios sean delincuentes, pero está claro que Portugal debería tener una política para facilitar la residencia a aquellos que vengan a realizar inversiones serias”.

Las primeras críticas del Parlamento Europeo son de 2014 y se fueron reforzando hasta pedir a los Estados miembros que los eliminasen al considerar que sus potenciales beneficios económicos no compensaban los riesgos de seguridad y corrupción. La Comisión, que abrió procedimientos de infracción contra Chipre y Malta por sus regímenes en 2020, tiene los visados de oro en el punto de mira. Esta presión comunitaria, en opinión de Ana Gomes, ha pesado para que el primer ministro, António Costa, haya concluido el programa.

Opacidad

Costa consideró que el esquema ya había cumplido su finalidad y, al mismo tiempo, contribuía a agravar la crisis de la vivienda, cada vez más inaccesible para las clases medias y jóvenes. Si se mantiene la retroactividad que anunció el primer ministro (solo se concederían los que estaban pendientes hasta el pasado 16 de febrero y se renovarán aquellos que tengan un inmueble como vivienda propia y permanente del titular o la alquilen), se prevén muchos recursos, según Patricia Casaburi, directora en Lisboa de Global Citizen Solutions, una firma internacional que gestiona residencias y ciudadanías en una quincena de países europeos y caribeños. “No creo que vayan a aprobar la retroactividad pero si lo hacen estoy convencida de que habrá demandas individuales y colectivas. Sería una medida inconstitucional”, asegura.

En las alegaciones que presentó durante la consulta pública de la ley Más Vivienda, que incluye el fin de los visados dorados, se considera “una violación del derecho a la propiedad privada establecer un destino forzoso para los inmuebles residenciales” y se pide una modificación del esquema para adaptarlo a las necesidades de la economía portuguesa. Casaburi destaca que los vistos gold impulsaron la rehabilitación en los deteriorados cascos históricos de Lisboa y Oporto. Frente a las críticas sobre su opacidad, esgrime que el modelo portugués practica “un escrutinio mayor de candidatos” que otros países.

A juicio de Transparencia Internacional, los visados dorados “pueden servir para blanquear capitales de origen corrupto o delictivo, financiar el crimen organizado o el terrorismo fuera del alcance de las autoridades y evadir impuestos en sus países de origen”. En esta década de vigencia en Portugal ha habido varios escándalos. En 2015 se destapó una red corrupta dentro de la Administración del Estado para concederlos.

Más recientemente han aflorado hechos pintorescos, como el desvelado por el Expresso, sobre una veintena de propietarios de vistos gold que recibieron de forma automática la ayuda de 125 euros que concedió el Gobierno a las familias para mitigar los efectos de la inflación.

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