Hunter Biden se declara no culpable de las acusaciones por compra y posesión ilegal de un arma

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comparecido este martes en un juzgado federal de Wilmington (Delaware) para escuchar los cargos que pesan contra él por la presunta compra y posesión ilegal de una pistola. Tal y como se esperaba, el acusado se ha declarado no culpable en una comparecencia de algo más de 20 minutos rodeada de una gran expectación en una sala de vistas de la segunda planta del edificio J. Caleb Boggs, que alberga los juzgados, en el centro de la ciudad. El caso está siendo usado por los republicanos como arma arrojadiza contra el presidente a poco más de un año de las elecciones.

El hijo de Joe Biden está imputado por tres delitos. Según el fiscal, mintió al asegurar que estaba limpio de drogas cuando compró un Colt Cobra de calibre 38 hace cinco años. Según el pliego de cargos, Hunter Biden presentó una declaración escrita “en la que certificaba que no era consumidor ilícito ni adicto a ningún estimulante, estupefaciente ni ninguna otra sustancia controlada, cuando en realidad, como él sabía, dicha declaración era falsa y ficticia”. El fiscal lo acusa de dos delitos por esas supuestas falsedades (uno por los supuestos datos falsos del formulario y otro por mentir al vendedor del arma) y de un tercero por la posesión posterior del arma, que también sería ilegal por sus adicciones.

Durante la vista, el juez Christopher J. Burke ha repasado los cargos de forma didáctica, preguntando al acusado si los entendía. “Sí, señoría”, han sido las únicas palabras que ha pronunciado Biden, media docena de veces. El alegato de “no culpable“ lo ha manifestado su abogado, Abbe Lowell, que ha adelantado también que presentará una moción para que se desestime el caso por motivos de procedimiento y constitucionales. El Tribunal Supremo interpreta de modo muy amplio el derecho a llevar armas que consagra la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos y en el nuevo curso judicial tiene un caso sobre la constitucionalidad de leyes que lo restringen.

El juez mantiene al acusado, que ha comparecido con traje oscuro y corbata, en libertad condicional con los mismos requisitos que ya tenía. Las condiciones incluyen la supervisión por parte de un agente de libertad condicional estadounidense de California, donde reside, la búsqueda activa de empleo, no poseer armas, no consumir alcohol, no consumir drogas y someterse a pruebas de detección de drogas si así lo exige la oficina de libertad condicional. También tendría que participar en asesoramiento sobre abuso de sustancias si la oficina de libertad condicional lo requiere.

Hunter Biden ha firmado esas condiciones y ha abandonado la sala del juzgado por una puerta lateral, evitando a los periodistas, a los que había saludado con una mueca de media sonrisa al entrar en la sala. Una treintena de periodistas ha presenciado la vista en el interior de la sala, donde no se permitían dispositivos electrónicos, mientras que en el exterior del edificio había decenas más de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión. Apenas había curiosos y un manifestante solitario vestido de presidiario llevaba un cartel con los lemas “Encerrad a Biden” y “Trump 2024″.

Hace unos meses, el acusado admitió los hechos como parte de un pacto por el cual el fiscal renunciaba a perseguir penalmente el delito a cambio de que se mantuviera alejado de las drogas durante dos años y de que renunciara a tener un arma de fuego en el futuro. Es un pacto habitual en casos similares en que los acusados se han rehabilitado y no tienen antecedentes penales. El acuerdo para archivar el caso de la pistola también admitía la comisión de dos delitos de fraude fiscal en 2017 y 2018 (ya regularizados con el pago de un millón de dólares) por los que iba a ser condenado a penas menores, evitando previsiblemente la entrada en prisión.

La diferente interpretación del acuerdo entre la acusación y la defensa y las presiones de los republicanos, que veían en el pacto un trato de favor al hijo del presidente, cambiaron totalmente la situación. El fiscal decidió finalmente presentar cargos por la compra del arma. Los delitos de los que se acusa a Hunter Biden suman penas máximas de hasta 25 años de cárcel y multas de hasta 750.000 dólares, aunque no es habitual que se impongan en un caso como este. El juez ha subrayado en la vista su carácter de “penas máximas”: no se puede imponer una superior, pero sí inferior.

Una vez que el acuerdo estaba roto, los abogados de Hunter Biden le han aconsejado declararse no culpable, algo que ya habían anticipado en sus escritos ante el tribunal. No hay fecha aún para el juicio, pero lo previsible es que se celebre a menos de un año de las elecciones en que Joe Biden busca la reelección, el 5 de noviembre de 2024. Puede solaparse con alguno de los múltiples casos que tiene Donald Trump en los tribunales, cuatro de ellos de carácter penal que suman un total de 91 delitos, según las acusaciones. Aunque la acusación contra Hunter Biden es por un asunto completamente privado, los republicanos lo presentan como ejemplo de un patrón de corrupción de los Biden mientras perdonan a Trump toda clase de desmanes.

“Estos cargos son el resultado de la presión política del presidente Trump y sus aliados MAGA [en referencia a las inicales del lema de Trump] para obligar al Departamento de Justicia a ignorar la ley y desviarse de sus políticas en casos como este”, ha señalado Lowell en un comunicado tras la vista. “Los únicos cambios sustantivos y relevantes desde julio, cuando el fiscal de los Estados Unidos decidió en contra de perseguir estos cargos exactos contra el señor Biden, han sido varias sentencias judiciales que socavan la constitucionalidad de la ley en cuestión aquí y un ataque coordinado y partidista contra nuestro sistema de justicia por parte de los republicanos de derecha”, ha añadido.

La ayuda del padre

Joe Biden siempre ha apoyado a su hijo, aunque ha evitado por lo general responder preguntas sobre él o pronunciarse sobre la imputación, remitiendo al Departamento de Justicia. El fiscal general, Merrick Garland, designó a David Weiss como fiscal especial para este caso, lo que le otorga una independencia añadida, pero es el mismo que lo venía investigando en Delaware como fiscal federal desde el mandato de Donald Trump. Las investigaciones en marcha desde 2018 por ahora no han encontrado pruebas de otros posibles delitos. Los abogados de Hunter Biden interpretaban que con el acuerdo de julio

Los negocios de su hijo en Ucrania y China cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama han sido objeto de escrutinio por los republicanos desde hace años. No se han encontrado pruebas de que el actual presidente interviniera en ellos, más allá de saludos de cortesía y similares, pero eso no ha impedido que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, haya ordenado abrir una investigación formal como paso previo a un posible proceso político (impeachment) a Biden.

En la primera sesión de la investigación, incluso los testigos convocados por los republicanos dijeron que no veían motivos para un impeachment. Aun así, los congresistas han enviado requerimientos y nuevas citaciones en busca de algo a lo que agarrarse para acusar a Biden de soborno y desviación de poder, aunque no hay rastro de que un solo centavo del dinero que recibía Hunter Biden por sus negocios llegase al presidente.

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