El Gobierno de EE UU nombra a un fiscal especial para investigar los negocios del hijo de Biden

Los republicanos se han apuntado este viernes un tanto gracias a un gol en propia meta —o un exceso de celo para mostrar imparcialidad— del Departamento de Justicia. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha dicho que David Weiss, el fiscal federal que ha presentado cargos penales contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, contará con autoridad adicional para investigar si el hijo del mandatario está implicado en negocios irregulares, como denuncian los republicanos. “El nombramiento de Weiss refuerza ante el pueblo estadounidense el compromiso del Departamento [de Justicia] con la independencia y la responsabilidad en asuntos especialmente delicados”, ha declarado Garland en una rueda de prensa en Washington. Tras hacerse público el nombramiento, Weiss ha dicho que Hunter Biden podría ser juzgado por la vía penal.

La promoción del fiscal David Weiss a asesor o fiscal especial por parte de Garland se produce cuando los republicanos en el Congreso amenazan con una investigación y posible impeachment (juicio político) al presidente por considerar que este se ha beneficiado de los negocios de su hijo. No hay pruebas que demuestren la denuncia, pero su campaña contra Hunter Biden arrecia a medida que su jefe de filas, Donald Trump, acumula imputaciones. Los republicanos denuncian el doble rasero del Departamento de Justicia, benévolo a su juicio —hasta ahora— con Hunter Biden y, sin embargo, implacable con el candidato a la reelección en 2024, que ha acumulado tres imputaciones en cuatro meses.

El entorno del expresidente republicano ha reaccionado con escepticismo al nombramiento del fiscal especial que supervisará la investigación sobre Hunter Biden. Mediante un comunicado, la campaña de Trump, candidato favorito en las primarias republicanas para las presidenciales de 2024, replicó que la familia Biden ha sido “protegida por el Departamento de Justicia durante décadas”. “Si este fiscal especial es realmente independiente ―aunque no haya presentado los cargos apropiados tras una investigación de cuatro años y parezca estar tratando de trasladar el caso a un lugar [tribunal] más favorable a los demócratas―, concluirá rápidamente que Joe Biden, su problemático hijo Hunter y sus cómplices, incluidos los medios de comunicación, que actuaron en connivencia con los 51 funcionarios de inteligencia que engañaron a sabiendas al público sobre el [ordenador] portátil de Hunter, deben afrontar las consecuencias”, reza el comunicado.

El portátil de Hunter Biden como prueba de cargo es otro de los argumentos de los republicanos para denunciar la dobla vara de medir judicial. El hijo del mandatario llevó a reparar y nunca recogió un ordenador portátil a un establecimiento de Wilmington (Delaware), la ciudad de la familia. El dueño de la tienda hizo una copia de su disco duro y entregó la información a aliados de Donald Trump. En él había decenas de miles de mensajes de texto y correos electrónicos y más de 2.000 fotografías, incluidas algunas de contenido sexual. La existencia del ordenador y de algunos mensajes aparentemente comprometidos para Joe Biden se hizo pública en plena campaña de las elecciones de 2020, al ser publicados por The New York Post. El entonces candidato demócrata atribuyó la difusión a una campaña de desinformación rusa.

A diferencia de Garland, que fue nombrado por Biden, Weiss fue designado como fiscal federal para Delaware —el Estado donde se instruye la causa contra Hunter Biden— por el entonces presidente Trump, pero ha continuado en su cargo durante la Administración demócrata. Su nombramiento como asesor o fiscal especial le da más autonomía de la que suelen disfrutar los fiscales federales.

Hace apenas dos semanas, el pacto de Hunter Biden con la Fiscalía para evitar la cárcel quedó en el aire por las dudas de una jueza nombrada por Trump. En virtud de ese pacto, el vástago del presidente iba a declararse culpable de dos delitos fiscales ya zanjados —el impago de impuestos— para eludir otro cargo más grave de posesión ilegal de un arma cuando era adicto a las drogas. Las dudas sobre el alcance de la inmunidad por parte de la jueza hicieron que el acuerdo descarrilara temporalmente, mientras aumentaba el clamor en la bancada republicana del Congreso en favor de un impeachment a su padre. Es precisamente el bloqueo del caso el que ha empujado a Garland a dotar de más poderes a Weiss para investigarlo.

Los republicanos acusan a Biden de beneficiarse de las empresas de su hijo en Ucrania y China, aunque no han aportado pruebas. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, apuntó el mes pasado que podría iniciar un proceso de destitución en otoño, en vísperas del arranque oficial de las primarias para 2024.

“Locas teorías conspirativas”

La Casa Blanca ha rechazado esas acusaciones como “locas teorías conspirativas” y ha reiterado que Biden no participó en los negocios de su hijo, desarrollados cuando el primero era el vicepresidente de Barack Obama. La investigación de Weiss, que ha durado años, no ha encontrado ninguna prueba de que Hunter utilizara la influencia política de su padre en beneficio propio, como denuncian los republicanos.

Hunter Biden, de 53 años y abogado de profesión, ha trabajado como lobista, letrado, consultor y banquero de inversión antes de dedicarse a la pintura con bastante éxito —sus cuadros se cotizan a 500.000 dólares (455.000 euros)—, para reinventarse tras una oscura etapa de adicción al alcohol y el crack desatada, según sus memorias, por la muerte por un tumor cerebral de su hermano Beau en 2015.

Fue Weiss el que acusó a Hunter Biden de no pagar impuestos en 2017 y 2018 y de poseer ilegalmente un arma de fuego mientras era adicto a las drogas, un delito más grave que el fiscal y penado con la cárcel. Pero el bloqueo del acuerdo de Biden con la Fiscalía quedó en suspenso por la objeción de la jueza, dando más argumentos a los republicanos para recrudecer su ataque a los Biden.

Weiss es el tercer fiscal cuasi independiente nombrado por Garland para supervisar investigaciones políticamente delicadas. El más conocido es el fiscal especial Jack Smith, nombrado en noviembre para supervisar dos investigaciones de índole política contra Trump, que se han sustanciado en sendas imputaciones: en junio, por los papeles de Mar-a-Lago, y el pasado 1 de agosto, por sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020, que culminaron en el ataque al Capitolio de enero de 2021. En el caso de los documentos clasificados, el propio Trump y su asistente Walt Nauta se declararon este jueves no culpables (inocentes) de los tres cargos que Smith incorporó a los 37 iniciales, por su intento de destruir imágenes de videovigilancia requeridas por los investigadores. Trump se ha declarado inocente en todos y cada uno de los casos abiertos, los tres penales y otros civiles.

El tercero, y más desconocido, de los fiscales especiales nombrados por Garland es Robert Hur, que investiga si Biden manejó mal documentos clasificados después de dejar el cargo de vicepresidente en 2017. También se hallaron documentos clasificados en poder de Mike Pence, que fue vicepresidente de Trump.

Según un sondeo de Ipsos para la agencia Reuters realizado en junio, la mitad de los republicanos y el 33% de los demócratas creen que Hunter ha recibido un trato preferente por parte de Weiss, quien asegura que el Departamento de Justicia no ha interferido en absoluto en su cometido. La mayoría de los encuestados asegura que eso no afectará a su voto en 2024.

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