Hunter Biden, imputado por mentir al comprar una pistola cuando era drogadicto

El fiscal especial David Weiss ha logrado que un gran jurado impute a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según figura en los registros de los tribunales, acusado de la compra y posesión ilegal de un arma. Hunter Biden mintió al asegurar que estaba limpio de drogas en el momento en que compró un Colt Cobra de calibre 38 en octubre de 2018, según el fiscal. La imputación incluye tres cargos. El juicio puede tener lugar el año próximo, en plena carrera de Biden en busca de la reelección en las presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

El documento registrado en los tribunales señala que en torno al 12 de octubre de 2018 el acusado, Hunter Biden, presentó una declaración escrita “en la que certificaba que no era consumidor ilícito ni adicto a ningún estimulante, estupefaciente ni ninguna otra sustancia controlada, cuando en realidad, como él sabía, dicha declaración era falsa y ficticia”. Lo acusa doblemente por esa falsedad y por la posesión posterior del arma, que pasaba a ser también ilegal.

Las penas previstas para los cargos presentados conllevan multa o penas de prisión de hasta un máximo de cinco años por uno de ellos y de hasta 10 años por los otros dos. Es poco frecuente que los fiscales persigan este tipo de delitos.

La imputación penal llega dos días después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, haya ordenado abrir una investigación de impeachment sobre Joe Biden para determinar si cometió alguna irregularidad en relación con los negocios de su hijo. Aunque los cargos presentados por el fiscal no tienen relación alguna con esa investigación, sino con el descenso a los infiernos de la droga, el alcohol y la autodestrucción que vivió Hunter tras la muerte de su hermano Beau, no hay duda de que suponen un golpe para el presidente.

Joe Biden siempre ha apoyado a su hijo y ha aparecido repetidamente en público con él pese a las investigaciones de que es objeto. El presidente, de hecho, ha elogiado a Hunter por superar sus adicciones y enderezar su vida.

El juicio contra Hunter Biden puede solaparse con los casos que Donald Trump, posible rival del presidente en las presidenciales de 2024, tiene abiertos en los tribunales y que le han supuesto cuatro imputaciones por un total de 91 delitos.

El hijo del presidente admitió inicialmente la comisión de la compra y posesión ilegal del arma como parte de un pacto con la Fiscalía para ser condenado con penas menores por dos delitos fiscales ya regularizados y archivar el caso del revólver. La Fiscalía renunciaba a perseguir esos delitos por la compra de la pistola a cambio de que se mantuviera alejado de las drogas durante dos años y de que renunciara a tener un arma de fuego en el futuro, un pacto habitual en casos similares.

Sin embargo, las partes tenían una interpretación diferente del acuerdo. Mientras que los abogados de Hunter Biden creían que con eso se ponía fin a todas las investigaciones federales sobre él, la Fiscalía se consideraba con las manos libres para presentar cargos sobre otros posibles delitos derivados de la investigación en curso sobre sus negocios. Además, la juez encargada del caso, nombrada por Donald Trump, se mostró reacia a aprobar el acuerdo.

Bajo la presión de las protestas republicanas, que consideraban que el Departamento de Justicia estaba dando un trato de favor al hijo del presidente, el pacto quedó en el aire. El fiscal general, Merrick Garland, designó a Weiss como fiscal especial para este caso, lo que le otorga una independencia añadida, pero es el mismo que lo venía investigando en Delaware como fiscal federal desde el mandato de Donald Trump. Las investigaciones en marcha desde 2018 por ahora no han encontrado pruebas de otros posibles delitos.

Paradójicamente, en la imputación ahora recibida, Hunter Biden puede tener como defensa una sentencia del Supremo que su padre criticó con dureza: la que consagraba el derecho constitucional a llevar armas en Nueva York por encima de la regulación estatal. Recientemente, un tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana) anuló una condena por posesión ilegal de un arma al decir que la ley estatal que exigía un periodo sin consumo de drogas iba en contra de ese derecho en la interpretación que le da el Tribunal Supremo. “Nuestra historia y tradición pueden apoyar algunos límites al derecho de una persona intoxicada a llevar un arma, pero no justifican desarmar a un ciudadano sobrio basándose exclusivamente en su consumo de drogas en el pasado”, decía esa sentencia.

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