La justicia española no mantiene a ningún gran medio en la diana por campañas de desinformación como la Fox en EE UU

El acuerdo de la cadena Fox con la empresa Dominion —a la que pagará 787,5 millones de dólares (más de 700 millones de euros) para evitar un juicio por difamación por las mentiras vertidas sobre las elecciones presidenciales de 2020 que perdió Donald Trump— supone un punto de inflexión en Estados Unidos en la lucha contra las fake news (bulos) que tanto daño infligen a las democracias y que han proliferado con la popularización de las redes sociales, donde encuentran una gran caja de resonancia. En España, aunque no se ha producido hasta ahora un caso de tal dimensión en los tribunales (Fox afronta nuevos pleitos), el fenómeno preocupa desde hace años.

Los tribunales españoles no mantienen en el punto de mira a ningún medio de comunicación relevante por campañas de desinformación de este calado. Aunque sí ha habido casos de sentencias que obligan a medios a pagar por informaciones puntales inveraces, es decir, en las que además de que fueran mentira, se demostrara que el periodista no había sido diligente para comprobarlo.

La Estrategia de Seguridad Nacional incluye las “campañas de desinformación” entre las principales amenazas, y la Fiscalía General del Estado las destaca en su memoria anual. Sin embargo, el problema radica en cómo perseguirlas sin menoscabar derechos fundamentales, como la libertad de expresión o de prensa.

Durante la pandemia, cuando la preocupación por las fake news se intensificó con millones de ciudadanos encerrados recibiendo información a través de sus dispositivos digitales, la Fiscalía ya alertó de que el Código Penal no contempla un “delito de bulo”, pero sí que “algunas noticias falsas” acarrean “una trascendencia penal”.

Es decir, que esas mentiras pueden llegar a constituir delitos de odio, injurias, calumnias, estafa, contra la integridad moral, contra el mercado y los consumidores, desórdenes públicos... Pero habrá que analizar caso por caso. “Las noticias falsas son de tan variado contenido que, dependiendo de a qué se refieran y con qué intención sean difundidas, pueden llegar a integrar muy diferentes tipos penales”, subraya una circular interna elaborada entonces por el ministerio público.

Por ejemplo, hace medio año, la Audiencia de Barcelona condenó a un guardia civil a 15 meses de cárcel por publicar en Twitter el vídeo de una agresión a una mujer ocurrida en China —que fue visualizado 21.900 veces— y atribuirla a menores inmigrantes de un centro de Canet de Mar (Barcelona). En la sentencia, que castiga al agente por un delito de odio, el tribunal destaca que el fenómeno de “las fake news tiene mucha presencia en internet” y que el agente pretendía “difamar de forma global e injusta” a un colectivo vulnerable, con “manifiesto desprecio a la verdad y de forma masiva” para “despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos”, “con el consiguiente riesgo de generar rechazo y hostilidad social contra ellos”.

En abril de 2020, la Fiscalía sí abrió una investigación para averiguar si un grupo criminal lanzaba sistemáticos bulos en las redes sobre la gestión de la pandemia para causar alarma social y debilitar a las instituciones; pero se archivó al considerar que prevalecía la libertad de expresión y crítica.

Sí se encuentra avanzada, en cambio, una instrucción de la Audiencia Nacional contra el exjuez Fernando Presencia, al que se sitúa en la cima de una supuesta “organización criminal” dedicada a estafar con la presentación de querellas por corrupción contra cargos públicos, basadas en pruebas falsas fabricadas ad hoc y que se difunden a través de las redes para recaudar fondos engañando a los ciudadanos —entre otros, se le imputa un delito contra altas instituciones del Estado, aunque él niega las acusaciones—.

Sobre este problema, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2022 ya subraya que, con la proliferación de los sistemas de comunicación digital, se han difuminado los límites y los usuarios de redes sociales “pueden llegar a desempeñar un papel muy cercano al que venían desarrollando hasta ahora los periodistas en los medios de comunicación tradicionales”. Con todos los riesgos que implica.

De hecho, al igual que Fox alimentó en EE UU el bulo del fraude electoral a sabiendas de su falsedad, en España ese fenómeno se replica en las redes en cada cita con las urnas. Aunque no encuentra mucho eco en la prensa más consumida. Eso sí, algunos políticos les han dado bola para arremeter contra el adversario, como hizo Cuca Gamarra (PP) el pasado junio para cargar contra el presidente Pedro Sánchez (PSOE). La dirigente popular sembró dudas sobre futuros resultados electorales a raíz del cambio accionarial en Indra, la compañía que centraliza los datos de la mayoría de escrutinios.

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