La Audiencia Nacional pone el foco en el “carácter falsario” de las denuncias del exjuez Fernando Presencia

La Audiencia Nacional mueve ficha en la investigación abierta a Fernando Presencia, un antiguo juez expulsado de la carrera por prevaricación, condenado a 34 meses de cárcel por denuncia falsa e imputado de nuevo el pasado junio por publicar supuestas informaciones que atribuyen cuentas en paraísos fiscales a miembros de altas instituciones del Estado, así como el cobro de sobornos. El magistrado instructor Joaquín Gadea ha puesto ahora la lupa en la “documentación económica y bancaria” que el sospechoso incorpora a sus denuncias y ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que elabore un informe con todos los “elementos” que “permitan constatar el carácter falsario” de estos papeles. Según fuentes jurídicas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya le ha confirmado ese extremo al instructor.

Gadea dio este mandato a la UDEF a finales de septiembre, según consta en un escrito al que tuvo acceso EL PAÍS y según admite en un comunicado la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), encabezada por el propio Presencia. Después de que el imputado se acogiese a su derecho a no declarar el pasado julio, el instructor intenta avanzar así en una parte clave de las pesquisas. La Fiscalía presentó hace cuatro meses una denuncia contra el antiguo juez, quien fuera decano de Talavera de la Reina (Toledo), por delitos de injurias y calumnias y contra las altas instituciones del Estado: en ese momento, Presencia llevaba semanas difundiendo supuestas noticias de cuentas en paraísos fiscales de magistrados del Tribunal Supremo, quienes tenían precisamente que revisar su condena a 34 meses de cárcel —un dictamen que aún está pendiente de resolver y que, de confirmar la pena, abre la puerta al ingreso en prisión del exjuez—.

El imputado asegura que sus denuncias se basan en documentos que recibe a través de un buzón web que ha creado para recabar información sobre corrupción de forma anónima: datos que, en algún caso, llegó a decir que le suministra el CNI. Sin embargo, Gadea sospecha que esos papeles se fabrican “ex profeso”. De hecho, antes de recibir la denuncia de la Fiscalía y abrir estas pesquisas, ya ordenó iniciar otra investigación para averiguar el origen del material que Acodap incorporó a una denuncia contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y contra Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado, a los que acusaba de mover dinero a Panamá. Según expuso el instructor, la asociación había aportado unos “documentos mecanografiados, presuntamente de una entidad bancaria, sin sello, sin membrete, ni ninguna otra indicación que permita determinar su origen”. Una “burda composición”, remachó el ministerio público.

En otro escrito del 30 de junio, Gadea afirma que Presencia no para de imputar de forma “delirante y reiterada” supuestos hechos corruptos a “toda clase de personas públicas o privadas”. Los nombres de muchos que se cruzan en su camino terminan señalados en su web y redes sociales. El último ejemplo acaba de producirse: apenas unos días después de que la Audiencia Nacional encargase el informe a la UDEF, Acodap publicaba que el actual jefe de esa unidad “también aparece con cuentas en paraísos fiscales, concretamente en el banco RBC de Jersey”.

Presencia acumula dos condenas en firme del Supremo por prevaricación, por beneficiar a sus amigos con decisiones que tomaba en el juzgado que encabezaba. Una jueza de Talavera lo condenó también a 34 meses de cárcel —un fallo confirmado por la Audiencia Provincial y pendiente ahora del Supremo— por denuncia falsa y calumnias a Ángel Demetrio de la Cruz, fiscal jefe de la localidad, al que acusaba de liderar una trama de corrupción. Varias resoluciones judiciales inciden en que actúa con “temerario desprecio a la verdad” y “ánimo difamatorio”.

Además de la investigación sobre el “carácter falsario” de los papeles de Presencia, Gadea pidió en junio a la Guardia Civil que analizara sus cuentas bancarias y las aportaciones económicas que recibe su asociación. Acodap acompaña siempre sus publicaciones de un número de cuenta bancaria, Paypal o Bizum para que le donen dinero. “Todo apunta a que puede estar obteniendo aportaciones de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren [supuesta] corrupción”, expuso Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo en una carta enviada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde relataba la campaña de “imputaciones radicalmente falsas y calumniosas” que el exjuez había emprendido contra magistrados del alto tribunal.