El exjuez en guerra contra los políticos y al que no cree la Audiencia Nacional

Fernando Presencia, antiguo juez decano de Talavera de la Reina (Toledo) y condenado dos veces en firme por prevaricación, no da tiempo a hablar en cuanto descuelga el teléfono:

—Ya sé por qué me llamas —dice a su interlocutor.

Efectivamente, lo sabe. Hace apenas unas horas que la Audiencia Nacional ha dictado un escrito que lo convierte a él, el demandante, en sospechoso. El magistrado instructor Joaquín Gadea no solo ha archivado la denuncia que presentó Presencia contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, y Dolores Delgado, fiscal General del Estado, por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros. Sino que, además, ha ordenado “deducir testimonio” para que un juzgado de Talavera investigue si la documentación aportada en esa denuncia por el exjuez decano fue fabricada “ex profeso” para incriminar al exjefe del Ejecutivo y a la actual máxima representante del ministerio público.

De esta forma, la Audiencia Nacional da un golpe sobre la mesa contra Presencia, que se ha dedicado en los últimos meses a acudir a los tribunales contra políticos, jueces y fiscales. Unas acciones que, aunque quedan finalmente en nada, publicita a bombo y platillo en las redes sociales y en la web de Acodap (Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública), a través de la cual recauda fondos. “Necesitamos donaciones”, se lee en mayúsculas nada más entrar en el portal digital, junto a un número de cuenta bancaria.

Denuncias “sin el más mínimo sustento”

Sus dos recientes objetivos han sido Zapatero y Delgado. Según detalla el juez Gadea en un auto, fechado este miércoles y al que tuvo acceso EL PAÍS, Presencia presentó una denuncia contra ellos hace unos días. Aportó una batería de “documentos escaneados y cartas manuscritas”, que no tenían ni “fecha” ni “firma” ni “datos del remitente”, además de otros “documentos mecanografiados, presuntamente de una entidad bancaria, sin sello, sin membrete, ni ninguna otra indicación que permita determinar su origen”. Un material que, según el antiguo juez decano de Talavera, había recibido a través de un buzón web que ha creado para recabar denuncias anónimas de corrupción.

Acodap relató que, entre la información, se incluía una supuesta nota enviada por Zapatero a Delgado, donde revelaba el ingreso a la fiscal de cantidades de dinero en unas supuestas cuentas que tendría en Panamá. Pero, tras analizar todos esos papeles, el magistrado de la Audiencia Nacional y la Fiscalía concluyen que “carecen del más mínimo sustento”. Según el ministerio público, no son más que una “burda composición de unas cartas”. Carecen de “solvencia” y tiene un carácter “poco serio y creíble”, añade el juez instructor Gadea, que señala que no se puede “descartar la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada ex profeso”.

Además, remacha el auto, “la forma que el denunciante tiene de efectuar la denuncia, tratando de distanciarse y no haciéndose responsable de la misma, evidencia [...] una intención que va más allá de lo admisible en un Estado de derecho”. “No podemos dejar de lado que la asociación no ha dejado de presentar diferentes escritos contra miembros del Gobierno, de la judicatura y de otras altas Instituciones del Estado sin mayor apoyo o base que ‘presuntas denuncias’ que llegan a su correo; es decir, siempre amparadas en un anonimato que impide cualquier actuación seria, rigurosa y respetuosa con el Estado de derecho, entendido este en un sentido amplio y garantista”, añade el instructor Gadea.

Contactado por EL PAÍS, Presencia ha arremetido contra la Audiencia Nacional y ha acusado al instructor y a la Fiscalía de sumarse a una “campaña” contra él. Una operación, según dice, “orquestada por la Fiscalía General del Estado”. “Es una barbaridad. El juez [Gadea] comete un delito de prevaricación”, se defiende el antiguo decano de Talavera de la Reina.

El 20 de julio de 2017, el Tribunal Supremo confirmó la primera sentencia contra Presencia: 10 años de inhabilitación por cometer un delito de prevaricación al archivar una investigación abierta contra un conductor, “que era amigo suyo”, que había atropellado a un peatón y se había dado a la fuga. La segunda condena del alto tribunal llegó el 14 de noviembre de 2018, cuando se le sentenció por haber dado carpetazo a una querella por estafa presentada contra una persona con la que también “mantenía una relación de amistad”.