Conspiracionismo, venganza y togas: la larga caída de un juez prevaricador

Los tribunales intentan frenar a Fernando Presencia, investigado por la Audiencia por difundir bulos, expulsado de la carrera, condenado dos veces por favorecer a amigos y sentenciado a 34 meses de cárcel por denuncia falsa

J. J. Gálvez
Talavera de la Reina (Toledo) -
En el centro, Fernando Presencia, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar a principios de julio.
En el centro, Fernando Presencia, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar a principios de julio.Víctor Sainz

Conspiracionismo, venganza, mentiras, togas y Ley. Todos estos factores se entremezclan en la historia de Fernando Presencia, un juez expulsado de la carrera por prevaricador, convertido ahora en agitador del sistema al que perteneció. Investigado y condenado por presentar denuncias falsas, los tribunales tratan de frenar a este antiguo magistrado mientras él explota los límites procesales y se lanza a acusar de corrupción, sin pruebas, a muchos de los que se cruzan en su camino: ya sea la secretaria del juzgado que tramita su desahucio en Talavera de la Reina (Toledo) o los magistrados del Tribunal Supremo que deben resolver sobre la pena de 34 meses de cárcel que pende sobre él.

—¿No es curioso que a cada persona que aparece a su paso le aparezcan cuentas en paraísos fiscales? —pregunta EL PAÍS a Presencia sobre las publicaciones que difunde en la web de la asociación que encabeza, a través de la cual pide donaciones.

—¿Pues no será que los asuntos que me conciernen se dan a personas que están corrompidas previamente? ¿No será que hay una trama de corrupción? —responde él.

Son poco más de las 10.30 del 7 de julio cuando Presencia hace el símbolo de la victoria con los dedos a su salida de la Audiencia Nacional. Dentro del edificio, el antiguo juez se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha negado a responder a las preguntas del magistrado Joaquín Gadea, que lo mantiene imputado por delitos de injurias y calumnias, y contra las altas instituciones del Estado. Esta es la última parada de una larga caída que comenzó hace ya una década en Valencia y que ha dejado víctimas a su paso. El fiscal Ángel Demetrio de la Cruz, que lleva batallando contra él más de un lustro, es una de ellas: “Ahora sale la artillería. Pero, ¿por qué no actuaron antes? ¿Por qué no hicieron nada hasta que se ha metido con los magistrados del Supremo?”.

Capítulo 1: el destierro

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Las irregularidades que persiguen a Presencia comienzan hace una década, cuando presumía de innovar con la dación en pago desde el juzgado de lo Mercantil que ocupaba en Valencia. Era época de vino y rosas: se fotografiaba con políticos y escribía tribunas en la prensa. Pero al abogado José Luis Mazón le llegó una “información” sospechosa, que puso en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “Estaban haciendo cursos para administradores concursales y creando expectativas de que a los alumnos también se les iban a adjudicar concursos”, recuerda sobre una investigación que concluyó que Presencia intervenía sin permiso en un máster de la universidad, que “recibía un porcentaje económico en función del número de alumnos”, y que “27 de los 44 alumnos fueron o habían sido nombrados administradores” de su juzgado. “En uno o varios concursos”, determinaron las pesquisas.

Ese expediente le costó a Presencia el puesto, pero siguió en la carrera. El CGPJ lo desterró en 2012: le impuso el traslado forzoso a una plaza que estuviera, al menos, a 100 kilómetros de Valencia. Para entonces, ya llevaba dictando resoluciones casi dos décadas: lo nombraron juez en 1996 y, antes de recalar en el cargo del que fue expulsado, pasó por juzgados de Azpeitia (Gipuzkoa), Lliria (Valencia) y Elche (Alicante), según el BOE. Su nuevo y último destino sería Talavera de la Reina: el principio del fin.

“Esa injustísima decisión se toma porque yo invento la dación en pago, que le venía entonces fatal al PP, que estaba tomando la decisión del rescate bancario”, se defiende Presencia: “[Fue] una represalia. Se inventaron la historia de que yo cobraba de los administradores concursales…”. Pero el Supremo confirmó el dictamen —sentencia que él infravalora, acusando sin pruebas al ponente del fallo, como a muchos otros, de “tener cuentas en paraísos fiscales”, pese a que la rubricaron otros cinco jueces—. Además, Presencia rechaza responder si, como concluyó el CGPJ, “27 de los 44 alumnos” del máster fueron designados por su juzgado como administradores concursales. En ese momento corta la conversación y “advierte” a EL PAÍS de una posible querella.

Capítulo 2: el amiguismo

La caída definitiva del juez comienza en El Birrete, un amplio café con suelos y muebles de madera, dominado por una barra en forma de semicírculo desde donde despachan los camareros. Al aterrizar en Talavera, una ciudad de 80.000 habitantes, tras su destierro, Presencia se convierte en un parroquiano más de este bar frecuentado por juristas, situado a solo unos pasos de los juzgados de la ciudad y de su casa. Aquí comía con frecuencia. También alternaba en ocasiones hasta la madrugada y forjó parte de las amistades que le costarían el cargo, detallan varias sentencias judiciales. “Resulta absolutamente racional y lógico que, recién llegado, solo, sin su familia, procurase relaciones sociales y que estas fueran entre profesionales del Derecho”, subraya uno de esos fallos.

En El Birrete se dejaba ver sin reparos con el abogado Carlos L. C. y con el empresario Juan Carlos V., cuyos destinos acabarían dependiendo de él. No solo compartían mesa y mantel de forma habitual, sino también viajes a Valencia o Marbella y corridas de toros, según declararon varios testigos. Pese a la “amistad” que tejieron, Presencia, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera, asumió dos causas abiertas contra ellos —el primero, imputado por atropellar a un peatón y darse a la fuga; el segundo, denunciado por estafa— y las envió a la basura. “Fue un descaro”, resume un abogado de la ciudad. Por esas decisiones, el Supremo lo condenaría dos veces y lo expulsaría de la carrera. Pero eso sería años después.

Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo, donde confirma la amistad entre Presencia y el abogado Carlos L. C.
Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo, donde confirma la amistad entre Presencia y el abogado Carlos L. C.

El abogado Jesús Camacho sufrió los “abusos” en sus carnes: “Hacía unas burradas brutales a nivel procesal”. Uno de sus clientes denunció en 2013 al empresario Juan Carlos V. y, según cuenta, Presencia trató de “amedrentarlos” para que se echaran atrás. El entonces juez llegó a acusarlos, incluso, de introducir un documento falsificado en la causa: “Durante una reunión en marzo de 2014, nos amenazó con que, si no desistíamos, iba a iniciar un procedimiento penal contra nosotros”. Cuatro años después, el Supremo dio absoluta veracidad a Camacho.

Capítulo 3: en guerra con el fiscal

Pese a que 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha y del Supremo consideraron probada la prevaricación, Presencia afirma que todo fue un montaje para acallarlo por denunciar una supuesta trama de corrupción en Talavera. Un relato falso y sin base, según multitud de resoluciones judiciales y expedientes, que se centraba en el fiscal jefe de la ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz, que había comenzado a cuestionar su actividad en el juzgado: “Empecé a recurrir sus resoluciones porque no las motivaba y la Audiencia Provincial no dejaba de revocarlas y anularlas”, detalla. Presencia lo colocó entonces en la diana e inició una campaña contra él.

Fernando Presencia atiende a los medios de comunicación frente a la Audiencia Nacional, el pasado 7 de julio.
Fernando Presencia atiende a los medios de comunicación frente a la Audiencia Nacional, el pasado 7 de julio.Víctor Sainz

El entonces magistrado, que ocupaba también el cargo de juez decano de la ciudad, presentó el 5 de julio de 2015 una denuncia contra De la Cruz en el propio decanato que encabezada. “Cuando lo hizo, no me lo creía. Vino el secretario a decírmelo”, rememora el fiscal. Esa maniobra derivó en un expediente en la Fiscalía General del Estado, que fue archivado. Pero Presencia volvió a la carga. Según ha considerado probado el Juzgado de lo Penal de Talavera y la Audiencia Provincial, siguió con su “plan” y, “con plena conciencia de su falsedad”, presentó una nueva querella contra el representante del ministerio público a través de Manos Limpias, que fue archivada por el TSJ por ser “un conjunto de especulaciones difusas carentes de apoyo y base objetiva y racionalmente accesible y comprobable”.

Los reveses no lo frenaron. “Con el mismo ánimo difamatorio”, han concluido seis magistrados, envió escritos al Defensor del Pueblo, al presidente del CGPJ y a la fiscal general del Estado, que después publicitó en la prensa. También presentó otra querella ante el Supremo. “Actúa con temerario desprecio a la verdad [...]. Realizaba imputaciones falsas a pesar de ser conocedor de las distintas resoluciones que archivaban sus querellas”, afirma Marta Vicente, la magistrada que lo condenó en primera instancia a 34 meses de cárcel por denuncia falsa y calumnias contra el fiscal. A ella, por supuesto, también la ha acusado sin pruebas de formar parte de la “trama” y de recibir sobornos a través de cuentas en Andorra.

“El archivo de los delitos que imputa a [De la Cruz] es firme y reiterado hasta la saciedad”, resalta la Audiencia Provincial, que confirmó la pena de cárcel (recurrida actualmente al Supremo). Este órgano judicial detalla que Presencia comete “un verdadero fraude de ley”: “Presenta de modo recurrente denuncias idénticas ante diversas autoridades judiciales para que en todo momento existan unas diligencias vivas”.

“Presencia ha formado parte del sistema. Sabe cómo funciona y que es muy lento, y lo enreda todo”, incide Javier González de Rivera, abogado de De la Cruz. “He vivido un acoso y derribo desde 2015”, cuenta el fiscal, que se vio obligado a “desnudarse para probar su inocencia”. La carga de la prueba se invirtió: envió al TSJ toda la documentación (como la escritura de la compra de su vivienda e hipoteca) para desmontar las acusaciones. Pero el proceso duró un tiempo, en el que fue criminalizado. Uno de los episodios que más le dolió ocurrió cuando acudió a un juicio y dos mujeres lo señalaron al grito de: “¡Mira, ahí está el corrupto!”. “Él estaba en boca de todo el mundo, y más en una ciudad pequeña como Talavera. La gente decía: ‘Algo habrá”, apostilla su letrado, que añade: “Nadie de la judicatura, ni de la Fiscalía General del Estado, hizo nada. Nadie lo amparó ni movió un dedo por él, pese a que lo estaban atacando por su condición de fiscal”.

Capítulo 4: las condenas

En febrero de 2016, el CGPJ aparta definitivamente a Presencia de su juzgado —al que nunca volverá— después de que el TSJ le abriese el primer juicio por favorecer a sus amigos. Dejó así de ocupar el sillón de titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera, donde se resolvían miles de procedimientos al año. A partir de ese momento, se suceden las resoluciones en su contra. En mayo de ese año, el TSJ le impone la primera condena por prevaricación y lo inhabilita. La segunda llegará en julio de 2017. Ambas fueron confirmadas por el Supremo. En el Poder Judicial repiten que está expulsado de la carrera, pero él dice que sigue siendo juez. Su argumento: “El Rey no quiso ejecutarla”.

En julio de 2019, otro juzgado lo castigó con siete meses de prisión por calumnias al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, Vicente Rouco, al que acusó de “negociar” con el presidente de Manos Limpias la retirada del procedimiento contra el fiscal De la Cruz. Sin embargo, en 2020, la Audiencia Provincial revocó este castigo: pese a que confirmó que sus afirmaciones eran “falsas”, “impertinentes” y “lamentables”; se hicieron “utilizando unos términos ambiguos” que impiden que tengan la “carga ofensiva, insultante o vejatoria” necesaria para considerarse delito.

Capítulo 5: el Supremo, en el punto de mira

Las resoluciones contra Presencia han seguido acumulándose, pero una de ellas resulta clave para entender sus siguientes movimientos: la condena a 34 meses de cárcel que le impuso el juzgado a finales de 2020, ratificada por la Audiencia Provincial en 2021. El exjuez decidió recurrir al Supremo, que aún debe pronunciarse sobre si la confirma o no. Y, desde entonces, el magistrado ha activado dos frentes. Por un lado, ha desplegado un plan de “recusaciones en cadena” de forma “indiscriminada” y “abusiva” contra los magistrados que deben abordar el asunto, según recalca el alto tribunal en un auto del 1 de junio de 2022.

Por otra parte, ha publicado en la web de su asociación toda una batería de supuestas informaciones sobre cuentas en paraísos fiscales: “¡Escándalo en el Supremo! Pillados con cuentas en paraísos fiscales 9 de los 16 magistrados de su Sala de lo Penal”, reza una de ellas. No aporta pruebas. Según dice, las acusaciones se basan en denuncias que recibe en un buzón informático que mantiene para combatir la corrupción.

—¿No se plantea que esté publicitando denuncias que sean falsas? —pregunta EL PAÍS a Presencia.

—Pero tendrán que demostrarlo [que sean falsas] —responde él.

Esta forma de actuar no resulta baladí. Presencia anima a sus seguidores a difundir sus publicaciones para que se “posicionen mejor en Google” y tengan la mayor visibilidad posible. En un vídeo en YouTube, él mismo reconoce que busca que los jueces lo denuncien: “Porque así, ellos mismos se obligan a apartarse”, dice en referencia a la causa que tiene pendiente en el Supremo. Según explica uno de los magistrados del alto tribunal, los coloca así en una disyuntiva endiablada: si no lo denuncian, parece que le dan la razón; pero, si lo hacen, deben excluirse del proceso y él, por tanto, consigue su objetivo y la causa se dilata.

Varios magistrados del Supremo decidieron poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió también un escrito al presidente del CGPJ, donde decía: “Se está ocasionando un irreversible daño a la credibilidad del Supremo. Se resiente, no ya la imagen personal de los afectados, sino los presupuestos constitucionales que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional. Creemos que no solo está en juego la honorabilidad de unos magistrados”. El ministerio público movió ficha y presentó entonces una denuncia en la Audiencia Nacional, que recayó en el instructor Joaquín Gadea, quien ya había ordenado en abril investigar a Presencia para averiguar si había fabricado “ex profeso” documentación para incorporarla a una denuncia contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, y Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado.

Capítulo 6: en busca del dinero

Captura de la web de Acodap, donde pide donativos, con la fotografía del exjuez Presencia de fondo, antes de que la Audiencia Nacional ordenase su cierre.
Captura de la web de Acodap, donde pide donativos, con la fotografía del exjuez Presencia de fondo, antes de que la Audiencia Nacional ordenase su cierre.

En 2018, Presencia inscribió la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) en el registro del Ministerio del Interior. Esta jugará un papel clave a partir de entonces. Según el antiguo juez, a través de ella recibe las supuestas denuncias que después difunde —redes sociales y canales conspiracionistas se han convertido en sus grandes aliados— y, en su nombre, acude a los tribunales. También la utiliza para pedir dinero: “Acodap necesita financiación para seguir. El desgaste judicial para luchar es caro, así como la compra de información a nuestras fuentes (que también hacen un arduo trabajo y se someten a altos riesgos). Contribuye con nosotros. Tu apoyo es la diferencia entre seguir o no”, tuiteó.

Ese afán recaudatorio preocupa a la justicia. Así lo advertía Marchena en el escrito enviado al CGPJ: “Todo apunta a que Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la [supuesta] corrupción de los magistrados de esta Sala”. De hecho, el juez Gadea ha ordenado a la Guardia Civil que investigue sus cuentas bancarias y productos financieros. “¿Cómo puede estar de presidente, de una asociación que dice luchar contra la corrupción, una persona con dos condenas firmes por prevaricación? La prevaricación es una forma de corrupción”, se pregunta el fiscal De la Cruz: “Es el mundo al revés”.

"Especulaciones" e imputaciones falsas

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha sido uno de los objetivos de Presencia. En conversación con EL PAÍS, al igual que en una intervención en un programa de Cuatro, el antiguo juez afirma que la política "se llevó dinero" al extranjero procedente de "sobornos". Para sostenerlo, añade que su fuente de información es el CNI y que la Audiencia Nacional "dice que es cierto". Según él, tres magistrados de la Sala de lo Penal lo confirmaron en un auto del 24 de marzo, pero concluyeron que no podían investigarlo por estar prescrito. Sin embargo, esa resolución no da por probada esa acusación: dicho dictamen, consultado por este periódico, ratifica el archivo de la causa ordenado por el Juzgado Central de Instrucción 3, que calificó la redacción de la denuncia de "incoherente e inconexa". Es más, la Sala de lo Penal ahonda en que Acodap utiliza "términos especulativos" y no proporciona "ningún dato sobre los gravísimos hechos denunciados o sobre la identidad de las víctimas, haciendo imposible cualquier ulterior corroboración y, a la vez, inverosímil lo denunciado". Al insistirle sobre esta contradicción, Presencia alega entonces que también ha denunciado a los tres jueces de la Sala de lo Penal.

Esta no es la única interpretación errónea que ha difundido sobre resoluciones judiciales. En abril, Acodap también mantuvo que José Luis Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado habían sido imputados por la Audiencia Nacional. Tampoco es así. Esas supuestas imputaciones nunca se produjeron. Tras recibir la denuncia de Presencia, el juez simplemente abrió "diligencias". Es decir, ante el relato de los hechos descritos, le puso un número al caso para poder tramitarlo y pedir su opinión a la Fiscalía. Es la práctica más habitual y no implica la imputación de nadie.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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