El Poder Judicial sanciona con traslado forzoso a un juez de Valencia

El pleno del Consejo del Poder Judicial ha impuesto un año de traslado forzoso por falta muy grave a un juez de lo mercantil de Valencia, Fernando Presencia, por saltarse la incompatibilidad de los jueces al codirigir unos cursos en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) que le supuso un lucro y a parte de cuyos alumnos les nombró administradores judiciales de su juzgado. El juez tendrá que marcharse a otro órgano judicial que esté a más de 100 kilómetros del que dirigía hasta ahora, el Mercantil número 2 de Valencia. La decisión ha sido adoptada en el pleno de hoy in extremis, ya que el expediente disciplinario estaba a punto de prescribir. El traslado forzoso acordado coincide con la propuesta de los servicios de inspección.

El Consejo entiende que el magistrado “elaboró un programa” en 2010 sobre "reflexiones sobre la nueva Ley Concursal y su aplicación práctica” y que se lo ofertó a la UPV para que lo incluyera como “título oficial”. El programa contenía como profesores una relación de “titulares de diversos órganos judiciales de todo el país” y otros de la citada universidad.

Como hechos probados, el Consejo señala que Presencia codirigió, pues, un máster sobre Administración Concursal en colaboración con la Fundación Pro lure y el Instituto de Estudios Jurídicos y Procesales. Y que si bien la gestión académica correspondió a la UPV, la organización y gestión económica la realizó la Fundación Pro lure, a la que él previamente había cedido la explotación de esos cursos y que más tarde le designó como codirector.

El Consejo expone: “No se trata, por tanto, de que el magistrado afectado se haya limitado a realizar un programa de desarrollo del citado máster y que con posterioridad haya cedido o transmitido sus derechos de propiedad intelectual a la Fundación Pro Iure por un precio cierto, sino que de él partió la iniciativa de realizar el referido máster y su actividad ha sido la de un verdadero y genuino organizador y codirector”. El Poder Judicial agrega: “Consta, además, que el juez, según él mismo tiene declarado, recibió un porcentaje económico en función del número de alumnos inscritos, en calidad del pretendido precio de la cesión de explotación”.  El Consejo le censura, además, que algunos de los alumnos que obtuvieron el máster fueran designados luego como administradores en procesos concursales tramitados en el propio de Presencia. “De todo ello se deriva que la actividad así descrita podía comprometer gravemente el independiente e imparcial ejercicio de la función jurisdiccional del Magistrado a la hora de designar administradores concursales”.

Retrasos injustificados

Por otra parte, el Consejo también ha decidido suspender de empleo y sueldo durante siete meses al juez central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional, Manuel Arce, por retrasos reiterados a la hora de dictar sentencias. El pasado mes de abril el Tribunal Supremo anuló una de las sanciones que se le impusieron a este magistrado por tener unas 500 sentencias pendientes de dictar.