La Fiscalía no ve delito en los bulos contra el Gobierno por la gestión de la covid-19 difundidos por redes sociales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación abiertas en abril sobre un supuesto delito de injurias y calumnias al Gobierno. La denuncia, que partió del grupo parlamentario de Unidas Podemos, tenía su origen en la difusión a través de redes sociales y mensajería instantánea de fotografías e informaciones que podrían ser manipuladas con el objetivo de imputar al Ejecutivo actuaciones irregulares y ocultación a la ciudadanía de información sobre los efectos de la pandemia del coronavirus.

En el escrito de archivo de la Fiscalía, adelantado por eldiario.es, se explica que en la denuncia se argumentaba que la difusión de esos mensajes tendría por objetivo alarmar a la población y provocar que determinados servicios públicos encargados de la prestación de auxilio a la ciudadanía actuaran. Entre los bulos publicados se incluía la difusión de una fotografía en la que aparecen decenas de ataúdes bajo las siglas de PSOE y una referencia de la covid-19 y con la leyenda “la foto por la que están investigando a decenas de policías y sanitarios”. La denuncia de Unidas Podemos apuntaba que esa fotografía corresponde a una tragedia acaecida en Lampedusa años atrás.

El grupo parlamentario también denunció la difusión de un vídeo en el que se veían cadáveres apilados en bolsas y se decía que las imágenes eran del hospital Ramón y Cajal de Madrid, cuando realmente pertenecía a una grabación del hospital de Guayaquil (Ecuador). La denuncia calificaba los hechos constitutivos de delito contra las altas instituciones del Estado, de desórdenes públicos y de integración en organización criminal. Sin embargo, el ministerio público entiende que no constituyen delito alguno y “gozan del amparo del derecho fundamental a la libertad de expresión”.

La Fiscalía recalca que, si bien es consciente de los aspectos reprobables de esos tuits, “estima el imperativo constitucional de respeto a la libertad de expresión que impide extraer conclusiones penales”. Subraya que esos mensajes pueden ser interpretados como producto de la intencionalidad crítica en el terreno político a las personas que ostentan cargo público, e insiste en el escrito que los hechos no constituyen un delito de injurias y calumnias al Gobierno, ya que en realidad ambos mensajes son “meras manifestaciones críticas contra la acción del Gobierno a raíz de su gestión de la pandemia”.

El ministerio público apunta que el hecho de que las imágenes no correspondan a la tragedia actual, “no es un dato relevante a la hora de considerar los hechos como constitutivos de una injuria”. Y va más allá, al afirmar que sin embargo, “en esencia sí responden a la realidad constatada oficialmente y que es la de que en nuestro país están muriendo miles de ciudadanos como consecuencia del virus”. “Es decir, la fotografía y el vídeo que acompañan a las críticas al Gobierno pueden no corresponder realmente a imágenes exactas de la tragedia actual, pero la imagen sí obedece a la realidad en el enorme número de fallecimientos que obligó a la Comunidad de Madrid a habilitar tanatorios en pistas de hielo”, incide el escrito del fiscal.