El PP airea el bulo de que el Gobierno pretende manipular los procesos electorales

El PP ha elevado el tono contra el Gobierno tras las elecciones andaluzas lanzando incluso la sospecha de un supuesto intento de Pedro Sánchez de alterar las reglas de juego democrático. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha insistido este martes en esta teoría, después de que el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, sugiriera este lunes ―aunque luego se desdijo― la posibilidad de que el Ejecutivo pretenda manipular el resultado de futuros procesos electorales en España. El argumento de ambos es que el cambio accionarial en Indra, la compañía española puntera en tecnología y defensa que centraliza los datos de la mayoría de los escrutinios, esconde un intento del Gobierno por hacerse con el control de la empresa. Gamarra, preguntada sobre si el PP teme que pueda producirse a futuro algún tipo de alteración de los resultados electorales, ha contestado que “la duda está ahí”. Los populares han registrado tres peticiones de comparecencias en el Congreso sobre este asunto y han denunciado que el Gobierno ha vetado una pregunta al respecto a la ministra de Hacienda en la sesión de control.

La pregunta específica que se le ha formulado a Gamarra, número dos de Feijóo, en rueda de prensa es si el PP teme que pueda haber algún tipo de modificación de los resultados electorales a consecuencia de que el Gobierno se haga con un mayor control de Indra. “Lo que está claro es que cuando un accionista mayoritario, que es una empresa pública como la SEPI, lleva a cabo un movimiento de esta envergadura es para algo. Y nos preguntamos para qué”, ha respondido Gamarra en el Congreso. “Y cuando vemos cómo ha actuado [el Gobierno] con el CIS, con el INE, nos preguntamos para qué. Porque Indra tiene una labor importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales. Y el Gobierno debe dar explicaciones de por qué da estos pasos y cambia a los consejeros independientes. Porque la duda está sin duda ahí”, ha abundado.

Los populares se refieren a que el pasado jueves se produjo un vuelco en el consejo de administración de Indra con la salida de cinco consejeros independientes (cuatro fueron destituidos y a uno no se le renovó el mandato). La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Gobierno; la empresa vasca de defensa SAPA y el fondo Amber, primer accionista de PRISA (grupo editor de EL PAÍS), forzaron con sus votos la salida de este grupo de consejeros independientes. El movimiento pretendía devolver al presidente, Marc Murtra, el mismo poder ejecutivo que han tenido sus antecesores nombrados por distintos gobiernos del PP o del PSOE. Las acciones de Indra llegaron a caer un 15% tras la junta, y este lunes recuperaron algo de su valor, un 2,55%.

Indra era una empresa del sector público hasta su privatización en los años 90. Sin embargo, con la SEPI como principal accionista, los distintos gobiernos han dispuesto de un poder fundamental para nombrar a su presidente. Javier Monzón ocupó el cargo con Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno de Mariano Rajoy forzó su salida y nombró como sustituto a Fernando Abril-Martorell, que estuvo al frente de la empresa seis años. En 2021, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, fue nombrado presidente Marc Murtra, y en ese cargo continúa, aunque por primera vez sin funciones ejecutivas en el cargo de presidente.

El PP insiste en vincular estos cambios accionariales con un supuesto interés espurio del Gobierno para controlar la empresa, y sugiere que lo hace para poder alterar los procesos electorales, ya que la compañía centraliza los datos de la mayoría de escrutinios electorales en España. Sin embargo, es falso que Indra pueda alterar un resultado electoral, o al menos sin que la alteración sea descubierta, porque el proceso de escrutinio, regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), involucra a ciudadanos anónimos elegidos por sorteo, a apoderados de todos los partidos, a la policía que custodia las actas y a la justicia que las recibe, y además se va haciendo público en cada paso.

El recuento de los votos se realiza en cada mesa electoral, formada por un presidente y varios vocales elegidos por sorteo, y con los representantes de todos los partidos presentes, que vigilan que no haya irregularidades. El acta de escrutinio de cada mesa se hace pública de manera inmediata en la parte exterior del local electoral y se entrega una copia a los representantes de los partidos. De forma que estos, si advirtieran alguna anomalía en los resultados que se publican durante la noche electoral, podrían denunciarlo. Son esos resultados provisionales los que se facilitan a Indra para que los distribuya al centro de datos y a los medios de comunicación. El presidente y los vocales de la mesa entregan esa misma noche el acta de escrutinio al juzgado de primera instancia o de paz en presencia de la policía. El juez entregará después el acta a la Junta Electoral, y este tribunal, tres días después de la votación, hace un escrutinio general que tiene carácter público y en el que Indra no interviene.

Feijóo no ha llegado tan lejos como sus principales dirigentes lanzando esas sospechas, pero sí ha deslizado que el cambio accionarial en Indra esconde algo turbio: “Algo se está moviendo en Indra y debería preocupar a los españoles de buena fe”, ha afirmado. Un portavoz oficial del PP ha asegurado después a EL PAÍS que el PP “no tiene vocación de decir que Pedro Sánchez vaya a alterar los resultados electorales. Ahora, que sus intereses en Indra son oscuros, sí”.

El PP ha pedido en el Congreso la comparecencia de la ministra de Hacienda, de la presidenta del SEPI y de la presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha denunciado que el Gobierno ha impedido que pregunten por ello en la sesión de control porque el tema “no es de actualidad”.

El jefe de la oposición ha cuestionado también la dimisión, este lunes, del director del Instituto Nacional de Estadística (INE), que considera “una pésima noticia para la credibilidad de España”. El PP conecta la renuncia de Juan Manuel Rodríguez Poo con lo sucedido en el consejo de administración de Indra para concluir que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta “asaltar” las instituciones con el objetivo de vulnerar las reglas del juego democrático, una acusación gravísima que ha indignado a los socialistas. “Cree el ladrón que son todos de su condición”, se ha revuelto el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, en referencia al PP.