El nuevo Gobierno sueco marca su agenda conservadora: menos inversión en clima y cooperación y más ayudas al coche

El nuevo Gobierno sueco comienza a definir sus prioridades. Elisabeth Svantesson, la ministra de Finanzas, ha presentado este martes el proyecto de los primeros Presupuestos generales del Ejecutivo de derechas. El acuerdo alcanzado entre conservadores, cristianodemócratas, liberales y la ultraderecha contempla una fuerte reducción de los impuestos a los carburantes, y un drástico recorte de la inversión en la lucha contra el cambio climático y la ayuda al desarrollo. Los Presupuestos incluyen un notable incremento del gasto en Defensa. Su presentación ha coincidido con la visita este martes del primer ministro, Ulf Kristersson, a Ankara, donde ha dejado claro que Estocolmo está dispuesto a cumplir con las exigencias de Turquía para permitir el ingreso de Suecia en la OTAN.

El proyecto de Presupuestos se ha publicado una semana antes de que expirara el plazo. El conservador Kristersson fue investido primer ministro el 18 de octubre, después de que el bloque de derechas lograra una ajustada victoria en las elecciones parlamentarias de septiembre. El Gobierno de coalición de conservadores, cristianodemócratas y liberales depende por completo del apoyo parlamentario de Demócratas de Suecia, una formación extremista que obtuvo más del 20% de los votos, se ha convertido en la primera fuerza de derechas, y ejerce ya una profunda influencia en la política del país escandinavo.

Svantesson ha definido los Presupuestos como “contenidos”. El gasto público aumentará el próximo año en 40.400 millones de coronas suecas (3.700 millones de euros). La ministra ha recalcado durante su intervención que la actual coyuntura económica no permite mayores inversiones. “No podemos alimentar la inflación, y necesitamos tener margen de maniobra para el futuro”, ha argumentado Svantesson, del Partido Moderado (conservadores). El Gobierno prevé que la economía se contraerá un 0,4% en 2023, un pronóstico negro, pero menos grave que el calculado por la mayoría de principales instituciones financieras. Aun así, Suecia tiene uno de los niveles de deuda pública más bajos de toda la UE, por lo que Estocolmo todavía tiene capacidad para elevar más el gasto.

Más carreteras, menos trenes

El nuevo Ejecutivo apuesta claramente por el uso de vehículos particulares. La mayor inversión se destina a reducir el precio de los carburantes, mientras que el gasto planeado anteriormente para la red ferroviaria se dedicará al mantenimiento de las carreteras en las zonas rurales. Las subvenciones a la compra de coches eléctricos desaparecen por completo. El proyecto de Presupuestos sí que alivia la carga fiscal para quienes posean una vivienda en propiedad, mientras que no incluye ninguna medida concreta para tratar de contener el precio de los alquileres. “Los propietarios de viviendas y quienes conducen a diario son los ganadores a corto plazo”, ha señalado en Twitter el eurodiputado Par Holmgren. “El clima y el futuro de todos son los claros perdedores”, ha agregado Holmgren, del Partido Verde.

La reducción de impuestos para las clases bajas y medias que los partidos gobernantes habían anunciado en campaña electoral, tendrá que esperar. “La situación financiera actual no nos permite bajar los tipos en el impuesto sobre la renta, pero nuestro mandato es largo y abordaremos esa cuestión en cuanto sea posible”, ha sostenido Svantesson. El portavoz de Finanzas del Partido Socialdemócrata, Michael Damberg, ha criticado que en campaña se realizaron “promesas que era evidente que no se iban a poder cumplir”.

El Gobierno sueco pone el foco en la criminalidad, uno de los asuntos clave en la campaña electoral. El Ejecutivo destinará unos 500 millones de euros durante los próximos años para reforzar a la policía, aunque la inversión queda lejos de lo propuesto en campaña por Demócratas de Suecia (casi el cuádruple). “Esta es la mayor ofensiva contra el crimen organizado en la historia de Suecia”, ha destacado el ministro de Justicia, Gunnar Strommer. El documento acordado también reduce la cifra de refugiados que el país nórdico está dispuesto a recibir cada año de 5.000 a 900.

La lucha contra el cambio climático —en un país que durante años ha estado a la vanguardia en la gestión de los residuos y de los recursos energéticos— queda muy perjudicada. El primer ministro ya anunció en octubre que suprimiría el Ministerio de Medio Ambiente, presente en Suecia desde los años setenta, y que sus competencias recaerían en el de Energía y el de Empresas e Industria. Además de fomentar la quema de combustibles fósiles, el texto presentado este martes reduce el gasto para el mantenimiento y la protección de espacios naturales. “Como resultado de las nuevas medidas propuestas, las emisiones de dióxido de carbono aumentarán los próximos años”, se reconoce en el documento, en el que también se admite que no se podrán cumplir algunos de los compromisos establecidos para 2030. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha criticado los nuevos Presupuestos. “Un tercio del espacio de reforma se gasta en subsidios para la gasolina, el diésel y el aumento de los viajes en automóvil. Es triste y no solo conducirá a mayores emisiones [de dióxido de carbono], sino que retrasará toda la transición climática emprendida por la sociedad sueca”, asegura en un comunicado.

El nuevo Ejecutivo sueco también se decanta por la energía nuclear. El Gobierno de Kristersson ya anunció hace unas semanas que se construirán nuevas centrales atómicas, aunque no especificó cuántas ni dónde. El país nórdico (10,3 millones de habitantes) ya es el segundo miembro de la UE con más plantas nucleares: ocho, solo por detrás de Francia, aunque el anterior Gobierno socialdemócrata pretendía desmantelar dos de ellas.

El mayor recorte de gasto se produce en la ayuda al desarrollo. Estocolmo destinará a esta partida en 2023 casi 700 millones de euros menos que este año, y la inversión seguirá reduciéndose progresivamente. Suecia es ahora el octavo país que más contribuye a la cooperación internacional, y el tercero que más lo hace en relación al volumen de su economía, solo por detrás de Luxemburgo y Noruega.

Además del gasto para reducir el precio de la gasolina y el diésel, la mayor inversión se destina a Defensa (unos 500 millones de euros más). El Gobierno sueco se fija el objetivo de gasto del 2% del PIB para 2026, unos años antes de lo marcado previamente. El anuncio de los nuevos Presupuestos ha coincidido con la visita a Ankara del flamante primer ministro, donde ha dejado claro que el tono de las negociaciones ha cambiado significativamente, y se ha mostrado dispuesto a cumplir con las demandas del Ejecutivo turco sin ampararse en las ambigüedades que podría permitir el lenguaje diplomático del acuerdo trilateral firmado por ambos países, junto con Finlandia, en la pasada Cumbre de Madrid. “Unirse a la OTAN es de vital importancia para nosotros […], y entendemos que eso implica responsabilidades hacia otros”, ha afirmado Kristersson en la rueda de prensa con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Suecia cumplirá con todos los compromisos hechos a Turquía [...], hemos realizado cambios en la ley que darán a nuestras autoridades judiciales más músculo para hacer frente al terrorismo que actúa contra Suecia, pero también contra Turquía”, ha declarado Kristersson, partidario desde hace décadas de la adhesión del país escandinavo a la OTAN. “Nuestro Gobierno fue elegido para poner la ley y el orden en primer lugar, y eso incluye actuar contra el terrorismo, como lo es el PKK [grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán]”, ha agregado el conservador.

La pasada semana, el secretario general de la Alianza Atlántica, el noruego Jens Stoltenberg, viajó a Estambul para entrevistarse con Erdogan y sus ministros de Exteriores y Defensa, y afirmó que “ha llegado la hora” de que Turquía apruebe la adhesión de Finlandia y Suecia. Si hace un mes Erdogan aseguraba que mantendría el veto a la petición de Estocolmo (mientras abría la puerta a Helsinki), ahora el presidente turco reconoce los “progresos” de Estocolmo —ha levantado el embargo de armas a Ankara y ha reformado la legislación sobre financiación, apoyo y participación en grupos terroristas—, y augura que el Gobierno sueco dará “pasos positivos” este mes.

El principal escollo reside en el alcance de las extradiciones de ciudadanos turcos residentes en Suecia exigidas por Ankara. De los 30 miembros de la OTAN, 28 ya han aprobado en sus parlamentos la adhesión de Suecia y Finlandia. Solo Hungría y Turquía faltan por hacerlo. “Las extradiciones pueden ser 30, 73 o más de 100, eso se puede discutir más adelante. Cuatro han sido ya deportados, pero queremos que Suecia sea sensible a nuestras demandas”, ha explicado Erdogan, quien, sin demasiados rodeos, ha argumentado que el año que viene se enfrenta a elecciones y sus votantes le pedirán cuentas si permite la entrada de Suecia sin que se revise su política antiterrorista. Las extradiciones tocan un tema peliagudo, pues la acusación de terrorismo es muy laxa en Turquía, y se utiliza tanto para quienes empuñan armas o cometen delitos de sangre como para algunos de quienes se oponen al Gobierno. Con todo, Kristersson ha afirmado que se harán teniendo en cuenta “la legislación sueca y los tratados internacionales”.

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