La ONU alerta de unos niveles de violencia en Colombia que no se veían desde 2014

La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dice que hubo 78 masacres en 2021 y 74 en 2020

El departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú y escenario de algunos de los episodios más violentos del conflicto armado, sigue desangrándose cinco años después del acuerdo de paz, con dos firmantes asesinados en menos de una semana. EFE/ Carlos Ortega
El departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú y escenario de algunos de los episodios más violentos del conflicto armado, sigue desangrándose cinco años después del acuerdo de paz, con dos firmantes asesinados en menos de una semana. EFE/ Carlos OrtegaCarlos Ortega (EFE)

Colombia ha vuelto a los altos niveles de violencia y violaciones de derechos humanos de 2014. La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Riveros, ha asegurado este jueves que desde hace ocho años “no se presentaban cifras tan altas de masacres en el territorio”. “Creemos que es una prioridad atender la situación de violencia”, ha añadido. En la entrega del informe anual, el último que recibirá el Gobierno de Iván Duque, la oficina de la ONU ha dado una cifra alarmante. En 2021, la ONU recibió información de 100 casos de posibles masacres y logró verificar 78, cuatro más que las 74 matanzas que ocurrieron en 2020.

“En las 78 masacres verificadas se han registrado 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, cinco niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos: siete indígenas y seis afrocolombianos). Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca”, dice el documento presentado este jueves. El informe analiza la situación de seguridad cinco años después del acuerdo entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, además de los avances y retrocesos del proceso de paz.

Más allá de las masacres, que el Gobierno llama homicidios colectivos, la ONU alerta por el incesante asesinato de líderes sociales que se dieron en 28 de los 32 departamentos del país. “Recibimos 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales se verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos y 102 resultaron no concluyentes”, señala el informe.

Los líderes sociales viven bajo amenaza. La ONU constató la información sobre 1.116 agresiones e intimidaciones a defensores de derechos humanos. Los más afectados siguen siendo aquellos que defienden la tierra, el acuerdo de paz y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Si bien son los grupos armados quienes más agreden a los líderes, la ONU también documentó casos en los cuales “agentes del estado” se sumaron a la estigmatización. “Eso podría tener como fin deslegitimar la labor de las personas defensoras, generar temor y silenciarlas”.

Aumenta el desplazamiento

El organismo también llamó la atención sobre el aumento de los desplazados. Mientras en 2020 hubo 26.291 personas que tuvieron que huir de sus casas por los grupos armados, entre enero y noviembre de 2021 fueron 72.388. Además, destacan que los combates o la presencia de minas antipersonales obligaron a confinarse a 57.787 personas en sus comunidades.

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La degradación de la seguridad ocurrió principalmente en las zonas rurales del país, pero también llama la atención la situación en centros urbanos como Quibdó, la capital del Chocó. “Datos de la Policía revelan que en 2021 el número general de homicidios se incrementó en un 9.5% respecto del 2020″.

La respuesta del Gobierno de militarizar las zonas donde ocurren este tipo de violaciones no ha hecho efecto. “En varias regiones hemos observado que la creciente presencia de la Fuerza Pública no ha logrado revertir la multiplicación y expansión y virulencia de los grupos armados no estatales”, sostiene el documento.

Al final del jueves el Gobierno ha respondido al informe a través de un comunicado. Asegura que la Fuerza Pública sí ha atacado a las organizaciones criminales y “se han capturado 570 integrantes de estas organizaciones. Asimismo, el sector defensa ha atendido de manera inmediata los eventos de desplazamiento forzado con toda la capacidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, garantizando las condiciones para el retorno de las comunidades afectadas”.

Riveros destacó que los resultados más importantes de los cinco años del acuerdo de paz tiene que ver con la desmovilización de al menos 13.000 excombatientes, la creación del partido político Comunes, “el balance positivo” de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda para los Desaparecidos y la Comisión de la Verdad. “Además de la creación de las 16 curules para la paz”, añadió. Sin embargo, señaló que son preocupantes los homicidios de excombatientes de las FARC. A cinco años del acuerdo han sido asesinados 303 exguerrilleros, de acuerdo con la Misión de Verificación del proceso de paz.

La intimidación a la protesta social, un tema que esta oficina ya había abordado en diciembre pasado, volvió a aparecer en el documento anual. En ese momento la ONU responsabilizó a la policía de al menos 28 muertes durante las protestas del año pasado. “Hay razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo”, concluyeron en ese momento.

En el actual informe amplían esa información y señalan casos de “privaciones arbitrarias de la vida” por parte de la Fuerza Pública. Recibieron 100 denuncias y verificaron 54 casos. “En 44 casos se observó la presunta responsabilidad de la Policía Nacional, en cinco de integrantes las fuerzas militares y en dos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía fuera de servicio. Y tres casos en operaciones conjuntas entre las fuerzas militares y la Policía Nacional”, denunció la representante, que insistió en la necesidad de que la Policía salga de la órbita del Ministerio de Defensa y pase al del Interior.

A través del consejero para los Derechos Humanos, Jefferson Mena, el gobierno insistió que “los causantes de violar los derechos humanos de los colombianos son los grupos criminales, que luchan por el control de las economías ilícitas, ellos son los que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos en algunas regiones del territorio nacional”.:

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Sobre la firma

Catalina Oquendo

Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.

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