Colombia se asoma a una espiral de violencia a un año de las elecciones

El ataque con coche bomba en una instalación militar de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, vuelve a mostrar la cara del pasado violento en Colombia, que ya venía asomando con masacres y asesinatos de líderes sociales durante el Gobierno de Iván Duque. Tras más de un mes de un estallido social que ha dejado al menos medio centenar de muertos y denuncias de brutalidad policial, el país se sacudió este martes con las imágenes de un atentado en una sede del Ejército en una de las brigadas claves contra el narcotráfico. Como en un bucle, se repiten los llamados a más mano dura en medio de un contexto que ya anuncia las elecciones de 2022.

Al menos 36 militares resultaron heridos el martes, tres de ellos de gravedad. En la brigada había “un grupo reducido de militares estadounidenses realizando entrenamiento con una unidad colombiana”. Según la embajada de EE UU, ninguno resultó lesionado. El presidente Iván Duque dijo que se trató de “un ataque cobarde y miserable”, anunció una recompensa de 500 millones de pesos (135.000 dólares) y el apoyo de un grupo especializado del FBI en la investigación. “Se va a redoblar el plan muralla en la zona de frontera con el apoyo de todas las autoridades” y “el patrullaje conjunto con el Ejército”, dijo.

Aunque evalúan dos hipótesis sobre los responsables del atentado, la más fuerte señala a miembros del frente urbano de guerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bajo las órdenes de Antonio García, miembro del Comando Central de ese grupo armado. “Que quede claro que los miembros del Comando Central del ELN también son responsables. Son terroristas y no pueden seguir posando de gestores de paz en el extranjero”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, desde la base militar atacada.

Entonces, tal como ocurrió en enero de 2019, cuando ese grupo puso un coche bomba en la Escuela de Cadetes en Bogotá y dejó 22 muertos, volvió a cerrarse la puerta a los diálogos que el Gobierno de Iván Duque había abierto hace pocos meses. Miguel Ceballos, el excomisionado para la paz que renunció en mayo, reveló que avanzaba en acercamientos con gestores de paz del ELN; y que también-sin que él fuera informado- el expresidente Álvaro Uribe, públicamente un acérrimo opositor al diálogo, hacía contactos con representantes de esa guerrilla. “Qué dolorosa costumbre aquella crearon de hacer ‘la paz’ por la presión de las bombas terroristas”, dijo Uribe sobre el atentado de Cúcuta.

El ataque también reveló fallas en la seguridad de la instalación militar. El fiscal, Francisco Barbosa, señaló que el carro con los explosivos ingresó al menos dos horas y media antes del estallido, a las 12:30 del día, y la última de las dos explosiones ocurrió a las 3:04 de la tarde. “Esta persona, según los elementos materiales probatorios recaudados, ingresó por el control de esta brigada y estamos verificando si se cumplieron los protocolos de seguridad para los ingresos en estas unidades militares”, dijo Barbosa. El presidente Iván Duque ordenó una investigación disciplinaria y el Ejército relevó a seis militares, desde los oficiales de guardia hasta el comandante del batallón.

La brigada 30 está ubicada en el corazón de El Catatumbo, un polvoroín donde conviven guerrillas, grupos paramilitares y narcotráfico. “Nos bloquean un mes y ahora el ELN nos ponen una bomba ¿Qué está pasando con la seguridad de este país?”, cuestionó el senador Rodrigo Lara, mientras otros líderes de oposición han señalado, sin más detalles, que el “atentado beneficia a los enemigos de la paz” y a quienes quieren regresar a la política del miedo.

El ataque ha intensificado cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad y supone otro frente más a resolver por parte de Duque, que debe maniobrar con las manifestaciones –suspendidas temporalmente por el comité del paro- las denuncias de brutalidad policial y los efectos de la pandemia del coronavirus en un ambiente que ya mira a las elecciones del 2022.

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