Un mes de vértigo para Colombia

Ni la pandemia del coronavirus detuvo el estallido social que ha vivido Colombia durante este mes. Han sido treinta días y noches de vértigo en una grave explosión social y política, iniciada el 28 de abril con la convocatoria de un paro nacional contra una reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles han sido las victorias y retrocesos de los manifestantes que aún mantienen el pulso continúa en la calle? Estos son los hitos de una de las mayores crisis de la historia reciente del país sudamericano:

Cae la reforma tributaria, el origen (aparente) de la protesta

Tras cinco días de marchas multitudinarias en las calles, el Gobierno de Iván Duque retiró el 2 de mayo la reforma tributaria con la que buscaba equilibrar las cuentas estatales a través de aumentar la recaudación de impuestos. Se trataba de la gran apuesta del Ejecutivo para evitar que las calificadoras de deuda bajaran el grado de inversión al país. La propuesta no solo recibió críticas de amplios sectores políticos de izquierda que la consideraron un ataque a la clase media- fuertemente afectada por la pandemia-, sino también del propio partido de gobierno, Centro Democrático, y de los empresarios. “Propusimos que a nosotros nos aplazaran temporalmente los beneficios que recibimos en la reforma de 2019”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en una suerte de contrarreforma que pidió no tocar a la clase media. “¡Cóbrennos a nosotros!’, dijo.

Renuncia el ministro de Hacienda

Una de las peticiones más repetidas en las marchas era la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Fue el artífice de la reforma tributaria y había dicho que estaría en el Gobierno hasta que esta saliera. Logró convencer al presidente Iván Duque de presentarla al Congreso a pesar de las voces que auguraban que era el peor momento. El mandatario había dicho públicamente que presentarla era “estúpido”. Meses después postuló un articulado que subía el impuesto al valor agregado (IVA) y ampliaba la base de contribuyentes. Con esa reforma, no solo gravarían a quienes ganan el equivalente a 1.000 dólares mensuales, sino a aquellos cuyo salario es de 700 dólares, una clase media cada vez más empobrecida.

Represión policial y muertes de manifestantes

La represión policial durante los primeros días de manifestaciones- y que aún continúa- se convirtió en la llama que inició el gran incendio. Aunque la reforma tributaria ya había sido retirada, la reacción de las fuerzas de seguridad contra manifestantes sacó más gente a las calles. La baja imagen de las Fuerzas Armadas y la violencia policial durante las protestas de 2019- cuando un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) disparó y mató a un joven en una marcha- cobraron factura al Gobierno. Un mes después aún no hay cifras claras: el Ejecutivo habla de 17 civiles y un policía muertos en el contexto de las protestas; organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch indican que son 63 muertes, de las cuales 28 tienen relación con las manifestaciones (26 manifestantes o transeúntes y dos policías). De acuerdo con cifras del gobierno, hay 2.151 heridos entre civiles y policías.

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Sin claridad sobre los desaparecidos

A un mes de las protestas, tampoco está claro cuántas personas están desaparecidas. Organizaciones de derechos humanos llegaron a hablar de 500 ciudadanos; mientras la Fiscalía registraba uno solo y la Defensoría del Pueblo, 87. Recientemente, la Fiscalía dijo que encontró a 290 ciudadanos que habían sido reportados como “no localizados” y que mantiene la búsqueda activa de otras 129 personas.

Renuncia la canciller

La brutalidad policial- grabada en cientos de videos y publicada en redes sociales- causó alarmas de la comunidad internacional. La Unión Europea, Naciones Unidas y senadores norteamericanos criticaron la respuesta de la Policía a las protestas. Medio centenar de legisladores pidieron a la Administración de Joe Biden suspender la asistencia a la policía de Colombia. La presión ha ido escalando y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó una visita al país. El Gobierno criticó la violencia contra los policías, pero no condenó la que ocurre contra los manifestantes. Se adelantan 149 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias en la Policía Nacional, 31 por agresiones físicas y 10 por homicidios. La ola de críticas internacionales generó la renuncia de ministra de Relaciones exteriores, Claudia Blum. Fue reemplazada por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien viajó a Washington en una misión diplomática para explicar la versión del Gobierno sobre las denuncias de violación de los derechos humanos.

Caos y violencia en ciudades del Valle y Cauca

Las protestas han desarrollado una dinámica en la cual las mañanas y tardes son de marchas pacíficas y festivas, pero las noches se convierten en el terreno del caos y la muerte. Las madrugadas han sido de miedo transmitido en vivo a través de Instagram y Twitter y las mañanas son un recuento de muertos y heridos, de denuncias y de más gente en las calles. En un círculo vicioso. El Gobierno asegura que se trata de actos vandálicos contra los cuales debe ejercer la fuerza; los manifestantes, que son infiltrados en las protestas. En ciudades como Cali, Jamundí y Popayán, en el Valle del Cauca y Cauca, la violencia ha escalado. En una de ellas fue incendiado el palacio de Justicia y en otra la alcaldía; murió un estudiante de derecho en medio de enfrentamientos con la Policía; mientras en Popayán (Cauca), una adolescente se suicidó tras haber sido detenida por la Policía y denunciar que sufrió acoso sexual. En medio del caos, civiles armados han disparado contra manifestantes en ciudades como Pereira, donde un joven fue asesinado; en Cali, vecinos de un barrio acaudalado dispararon contra indígenas del Cauca.

Bloqueos de carreteras y desabastecimiento

Los bloqueos en las carreteras que impiden el paso de medicamentos y alimentos han generado críticas y desgaste de la protesta. La muerte de dos bebés en ambulancias que no se pudieron desplazarse fue la expresión más crítica de esta situación. La falta de oxígeno domiciliario y los insumos para atender a los pacientes renales son otra de las consecuencias de los bloqueos. Los empresarios ya sonaron las alarmas sobre los efectos económicos y el desempleo. Una encuesta de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio entre 12.979 empresarios indicó que el 90% cree que los puestos de trabajo que generan están en riesgo por el paro.

Se estancan las negociaciones con el comité del paro

Mientras continúan las movilizaciones, el Gobierno y el comité nacional del paro, que aglutina a las centrales obreras y sindicales, no se ponen de acuerdo. Para el Gobierno, una de las líneas rojas para sentarse en una mesa de negociación es que se levanten los bloqueos de carreteras. El comité del paro insiste en la figura de corredores humanitarios. “Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable”, dijo Emilio Archila, delegado del gobierno para los diálogos. Del otro lado, el comité del paro exige que el Ejecutivo condene abiertamente la brutalidad policial como requisito para avanzar en una negociación.

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