El dilema de Colombia: las raíces económicas del hartazgo

“Si usted sabe a qué se debió el paro, por favor sea pedagogo y explique a todos lo demás que este paro no se debió solamente a la reforma tributaria”, comienza una publicación anónima que se viralizó en redes sociales desde Colombia. Hace más de 20 días el país estalló en protestas y no se ve ahora mismo una salida inmediata. El ministro de Hacienda renunció, la propuesta para subir impuestos fue cancelada y la violencia escaló, mezclándose con el hartazgo de ciudadanos que no quieren solo salir de la pandemia. Quieren, también, entrar a la nueva normalidad con mejores oportunidades de trabajo y calidad de vida.

Las protestas de este año empezaron con la posibilidad de una reforma tributaria, pero no deben ser interpretadas como nuevas, coinciden especialistas. Lo que ocurre es que se retomaron aquellas de 2019 y se sumaron muchos descontentos: la corrupción, la lenta implementación de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC, los homicidios de líderes campesinos e indígenas y, también, la desigualdad y el ingreso económico de las familias. La pandemia empeoró estas dos últimas problemáticas y la pobreza subió de 36% de la población en 2019 a 43% el año pasado.

La situación es, a todas luces, difícil y para el Gobierno hay una arista más: el apilamiento de su deuda. El presidente, Iván Duque, buscaba aumentar la recaudación de impuestos en, por lo menos, el equivalente al 2% del producto interno bruto (PIB) para que ninguna de las agencias calificadoras de deuda quite a Colombia el grado de inversión. Tras el fallido intento, S&P recortó la calificación de la deuda colombiana el miércoles, por lo que el peso colombiano y la bolsa cayeron el jueves. Bastará que otra calificadora haga lo mismo para detonar una salida de capital extranjero, ya que muchos fondos solo tienen permitido invertir en bonos que tengan dos grados de inversión.

“Estamos en un dilema importante como sociedad”, dice al teléfono desde Bogotá Carolina Monzón, analista económica en el banco Itaú. “En el contrato social hay grandes demandas y también en el estructural. Pensando no solo en este frente tan coyuntural de la pandemia, sino hacia adelante, ¿cómo vamos a atacar este tema de la deuda para que no siga creciendo?”, cuestiona.

Inspiración chilena

El descontento social arreció en 2019 y está inspirado en el movimiento chileno, cuenta Andrés Zambrano, profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Chile celebró este mes elecciones para elegir a quiénes escribirán una nueva constitución. El objetivo es, entre varios, erradicar la pobreza y aliviar la desigualdad estructural del país. Colombia es el cuarto país más desigual de Latinoamérica y el Caribe, medido por el coeficiente de Gini y de acuerdo con datos del Banco Mundial.

“Aquí hay una coyuntura similar a la chilena, en el sentido de que hay una desigualdad muy alta, hay unos hogares muy ricos donde está muy concentrada la riqueza de Colombia”, dice Zambrano. ”Es un movimiento conformado sobre todo por familias de clase media y familias vulnerables que tienen una tasa alta de desempleo. Todo este coctel económico peligroso llegó a un punto donde la gente dijo ‘no más”, explica.

El PIB colombiano cayó 6,8% el año pasado, producto de la pandemia. A pesar de que cerca de la mitad de la economía trabaja en el sector informal, el Gobierno impuso largos y estrictos periodos de confinamiento obligatorio, monitoreados por la policía. La informalidad aumentó, junto con la pobreza. Muchas familias solo recibieron el ingreso ofrecido por el Gobierno como parte de un programa social que buscaba ayudar a los más vulnerables. Para que la reforma tributaria tuviera mayor oportunidad de ser aceptada por la población, se ofreció hacer estos programas permanentes, convirtiéndolos en una renta básica universal sin precedentes en la región latinoamericana.

Clase media devaluada

El problema, según Zambrano, fue que también se propuso una subida del impuesto al valor agregado (IVA) y la ampliación de la base de contribuyentes. Ahora, solo los hogares que ganan el equivalente a 1.000 dólares mensuales pagan impuestos, y el Gobierno pretendía bajar ese piso a 700 dólares. El ex ministro de Hacienda informó hace un mes que el ingreso medio del país es de 1.100.000 pesos colombianos al mes, unos 300 dólares, por lo que gravar a quienes ganan más que eso no sería, técnicamente, gravar a la clase media. Lo que vino a destapar esta crisis, coinciden los expertos, es que el ingreso medio no sostiene a una clase media que pueda cubrir todas su necesidades.

“Aquí hay una mea culpa de los economistas, que estábamos pensando en la mejor reforma tributaria, el mejor sistema de impuestos, sin tomar en cuenta el descontento social que existía en este momento”, apunta Zambrano. “Lo que no estábamos tomando en cuenta es esa desconfianza que hay hacia el Gobierno y la gente no quiere darles más plata porque lo perciben como un Gobierno injusto que no los representan”.

La diferencia entre salarios la destaca aquel post que circuló por las redes, apuntando correctamente que el sueldo mínimo es de 908.526 pesos, mientras un congresista gana aproximadamente 34.417.000. “Este paro no es de camioneros, ni de profesores, ni de agricultores, este paro es del pueblo colombiano, a nosotros no nos representan políticos, ni sindicalistas acomodados, a nosotros nos representan las primeras líneas que siguen en pie de lucha”, reza el texto viral.

Finanzas públicas

“Desde antes de la pandemia ya se hablaba de que habían temas estructurales que había que solucionar”, apunta Monzón, “como que el gasto era muy inflexible en temas como la salud y las pensiones, por ejemplo”. Cuando el precio del petróleo que exporta la empresa Ecopetrol, mayoritariamente estatal, era alto, las presiones no eran tan importantes. Pero cuando el precio cae y el Gobierno decide gastar igual y financiarse con más deuda nace la necesidad de recaudar más impuestos.

Perder el grado de inversión le quita confianza al inversionista y hace subir las tasas de interés. Es decir, que al Gobierno le sale más caro pedir prestado. “Todos pensábamos que este año no solo iba a ser el año de la recuperación de la actividad, sino que también iba a traer mejoras desde el frente fiscal. Pero [las mejoras] no se van a poder llevar a cabo e incluso estamos viviendo ya una tercera ola” de contagios, dice la experta. De acuerdo con información de Reuters, se ha vacunado al 7,7% de la población. Colombia gastó el 4% del PIB en apoyos económicos por la pandemia, apunta Monzón, “fuimos relativamente austeros frente a otros países, pero aún así no nos alcanza”.

Una deuda en ascenso

Se estima que a final de este año, el costo de la deuda equivalga al 65% del PIB, asegura Monzón, colocando a Colombia como uno de los países más endeudados de América Latina. “El Gobierno, al momento de presentar a su reforma tributaria inicial, nos estaba diciendo que sin algunos ajustes la deuda iba a estar cercana al 100% del PIB en unos 10 años”, agrega.

Monzón espera que la nueva propuesta que está cocinando el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la cual busca cobrar más impuestos a las empresas con mayores ingresos, tenga cabida. Zambrano coincide, pero asegura que el enfoque del Gobierno debe ahora mismo estar en la sociedad. “Es más importante, para construir sociedades, atender ese descontento social. Es preferible que nos concentremos en retomar la confianza del Estado que hacer una reforma para arreglar las finanzas del país”, dice Zambrano, “y en eso hemos fallado”.

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