Jordi Pujol, ni víctima ni privilegiado

La decisión de la Audiencia Nacional de dejar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol fuera del procedimiento penal sobre el origen y ocultación de la fortuna familiar es la más acertada en derecho, por las previsiones de la propia ley sobre las capacidades necesarias para que un imputado pueda defenderse en un juicio oral.

Quizá se han apurado mucho los tiempos para resolver esta cuestión, pero es comprensible la voluntad del tribunal de cerciorarse de las condiciones en que Pujol iba a comparecer en la vista. Esa revisión podía implicar una importante perturbación para una persona de 95 años, pero suponía también un reconocimiento de derechos.

Cuando se le preguntó en noviembre pasado sobre su presencia en el juicio, Pujol manifestó su deseo de comparecer en el momento que le correspondiera prestar declaración.

No era necesario exponer esta voluntad, máxime existiendo informes médicos que cuestionaban la idoneidad de su asistencia e interrogatorio, por su avanzada edad y su estado de salud. Lo que, en sustancia, hizo ayer el forense de la Audiencia fue ratificar este criterio. Y lo que primero resolvió el tribunal fue que debía completarse este dictamen con un encuentro con el examinado.

Lejos de entrañar un retorcimiento en la gestión del caso, esa entrevista supuso que los magistrados pudieran tomar una decisión sobre el fondo de la cuestión –la permanencia o no de Pujol en el procedimiento- con todas las cartas sobre la mesa.

Hay que tener en cuenta que, siendo muy relevantes los informes médicos, la decisión de sobreseimiento de la causa es estrictamente judicial. Debe entenderse, en suma, que Jordi Pujol no ha sido en este asunto ni víctima ni privilegiado, sino que se han tenido muy en cuenta tanto su propia voluntad como las condiciones en que hubiera podido cumplirla, o dejar de conseguirlo, por su deteriorada salud. La conclusión a la que llegó el tribunal fue expuesta muy resumidamente por su presidente, José Ricardo de Prada, quien como fundamento de lo acordado se refirió a “la imposibilidad de Jordi Pujol de permanecer con plenitud de conocimiento y capacidades en este juicio”.

Es cierto que al quedar fuera del procedimiento el exlíder de CiU y presidente de la Generalitat durante 23 años se ve privado de una facultad de la mayor importancia, como es la de poder defender su inocencia ante el tribunal y obtener una sentencia absolutoria. Pero del mismo modo que no se convertía en víctima alguna por el deseo de los jueces de extremar el control sobre su estado de salud, e incluso reunirse con él en presencia de su defensa para corroborar el criterio médico, tampoco supone privilegio alguno apartarle de la causa. Es más, en cierto modo esta ausencia implica una renuncia no ya involuntaria, sino impuesta, pero interpretada correctamente como resultado de una ponderación de circunstancias y derechos.

El resultado obtenido debe considerarse satisfactorio, precisamente en atención a este factor, la circunstancias. Más conveniente hubiera sido que el caso hubiese podido avanzar con mayor rapidez, como otros también en curso que han generado la atención de la opinión pública durante años.

De nuevo hay que lamentar la lentitud en la labor de la administración de justicia. Pero en cambio hay que reconocer la prudencia con que ha obrado el tribunal. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidió “seny” a la Audiencia, y así ha ocurrido. Es muy positivo, por contraste con otras actuaciones judiciales, que dejan testimonio de instrucciones erráticas, resoluciones sin sólida fundamentación o interrogatorios en términos irrespetuosos y a veces lamentablemente humillantes. Quizá nos hayamos quedado sin conocer parte de los hechos del caso, pero hemos comprobado la fortaleza del sistema penal, bien aplicado.