La ONU responsabiliza a la policía de al menos 28 muertes durante las protestas de este año en Colombia

“Hay razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo”. Esa es una de las conclusiones del informe Lecciones aprendidas y observaciones del Paro Nacional 2021, presentado esta mañana en Ginebra. Se trata del segundo documento que presenta la ONU esta semana sobre la violencia por parte de la fuerza pública colombiana en manifestaciones. El primero fue una investigación independiente sobre las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá que concluyó que la policía mató a 11 personas. Este último, sobre las revueltas del Paro nacional de 2021 que generaron una profunda crisis política al Gobierno de Iván Duque, responsabiliza a la fuerza pública de al menos 28 muertes.

El actual informe podría aumentar la molestia del Ejecutivo con la ONU. Ya desde el martes, la vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez había dirigido unas fuertes palabras hacia Juliette de Riveros, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos por el documento relacionado con Bogotá, que señalaba que la Policía había causado una masacre de 11 personas. Ramírez dijo que le preocupaba la participación de la ONU en un evento que calificó de “activismo político”. El ministro de Defensa, Diego Molano también consideró “inaceptable” tildar de “masacre” la actuación de la policía.

Y aunque en el documento sobre el Paro Nacional no se usa ese término, la Oficina de la ONU sí afirma que entre el 28 de abril y el 31 de julio recibió información de 63 muertos en el contexto de las protestas, de las cuales pudo verificar 46 (44 civiles y dos policías) y que existen “motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía”.

La investigación indica que en 10 de esas 28 muertes estarían involucrados agentes de Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y que “actores no estatales habrían matado a 10 personas”. De las demás no existe información suficiente para establecer la autoría. Otra de las denuncias más graves es la violencia sexual. La Oficina conoció 60 denuncias de violencia sexual presuntamente cometidas por la policía, de las cuales pudo verificar 16 y asegura que hubo omisión por parte del Estado frente a la actuación violenta de personas vestidas de civil contra manifestantes, como ocurrió en Cali.

Una de las principales conclusiones de la ONU es clara: “A futuro, el Estado de Colombia deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales” y recomienda una profunda transformación de la Policía Antidisturbios.

El informe parte de 623 entrevistas con víctimas y testigos y el análisis forense de 83 videos de 2.414 piezas que llegaron inicialmente. Y también incluyó los hechos de violencia fatales de manifestantes y otras personas contra la fuerza pública y documentó la destrucción de bienes públicos y privados. “La Oficina conoció algunas situaciones de bloqueos y cierres de vías que afectaron negativamente o impidieron el ejercicio y disfrute de derechos humanos”, dice el informe, aunque asegura que las protestas fueron en su mayoría pacíficas.

El estallido social que vivió Colombia comenzó con una convocatoria contra la reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque, que finalmente fue retirada. Pero se agudizó tras la represión policial durante los primeros días de manifestaciones. Con el paso de los días la situación se fue degradando y la brutalidad policial generó alertas de varios organismos internacionales.

Las conclusiones de la ONU coinciden con las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “constató que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”. La Comisión también recomendó separar a la Policía de la órbita del Ministerio de Defensa, del que depende actualmente en lugar de depender de Interior.

El informe de la ONU dice que ha sido preocupante “el grado de criminalización y estigmatización de los manifestantes, incluso por parte de medios de comunicación, relacionándolos con actos vandálicos o incluso alegando actos de terrorismo”. Y recomienda al Gobierno de Iván Duque que debe prevenir y perseguir penalmente los abusos cometidos por terceros contra manifestantes.

El documento indica, además, que se debe crear un registro unificado de las “privaciones de la libertad con información en tiempo real, incluyendo información sobre los traslados por protección, para prevenir y mejorar la búsqueda de personas desaparecidas”.

Por otro lado, sugiere que establezca una “comisión técnica de expertos independientes”, con personas de la sociedad civil, “para revisar toda la información disponible sobre el uso de armas menos letales por parte de la Fuerza Pública”. Y especialmente que haga una reforma “profunda” al ESMAD “incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos y la sentencia de la Corte Suprema de septiembre 2020″.

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