La Fiscalía de Colombia llama a declarar a Timochenko por el asesinato de un dirigente conservador

La declaración del exguerrillero de las FARC y hoy senador Julián Gallo, también conocido como Carlos Antonio Lozada, sobre su participación en el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado ha sacudido el establishment colombiano, tal como ocurrió hace 25 años con el asesinato, y ha puesto a prueba el acuerdo de paz entre el Estado y esa guerrilla. “Yo ejecuté la orden de asesinar a Gómez Hurtado”, le dijo Gallo al diario El Espectador, con lo que reafirmó una declaración enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que la extinta guerrilla de las FARC admitió su autoría en seis homicidios de impacto nacional. Aunque la declaración fue hecha ante la JEP, que es el tribunal de paz creado en los acuerdos de paz, este miércoles la Fiscalía llamó a declarar bajo juramento, además de Gallo, a Rodrigo Londoño, Timochenko, quien fuera máximo jefe del grupo insurgente y hoy líder del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

“La Fiscalía continuará con la práctica de pruebas, tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes donde falleció el doctor Álvaro Gómez Hurtado y su asistente José Huertas, en consonancia con el principio de colaboración armónica que debe existir entre las instituciones del Estado”, informó la entidad. Al final del día, la JEP también hizo su propio llamado a ambos exjefes guerrilleros para que presenten una versión voluntaria y solicitó a la Fiscalía la “ampliación de los informes sobre los delitos cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, con la remisión de las copias de los expedientes que puedan estar en su poder referentes a esos seis homicidios”.

La decisión implica que existan investigaciones en paralelo y que, como advierten expertos, se pueda presentar un choque entre la justicia transicional (JEP) y la justicia ordinaria (Fiscalía) por este caso. Meses antes de la confesión de las FARC, el presidente Iván Duque le había pedido al fiscal general, Francisco Barbosa, que priorizara la investigación, que este 2 de noviembre cumplirá 25 años sin una respuesta clara para los familiares del líder asesinado. Tanto Duque como Barbosa estudiaron en la Universidad Sergio Arboleda, de la cual Gómez Hurtado era cofundador.

Aunque el Gobierno de Duque ha exigido en múltiples oportunidades que los exguerrilleros digan la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto, la confesión no dejó satisfecho al mandatario. Este miércoles aseguró que Gallo debería dejar su escaño en el Congreso, al cual llegó como parte de los acuerdos de paz. “Como eso no depende de la voluntad individual, esperamos que cualquiera de las formas de justicia aplicables para escenarios de aceptación de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad entrañe que no se pueda ejercer ninguna representación parlamentaria. Inmediatamente debería perder la connotación de miembro del Congreso de la República”, dijo Duque.

También el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se pronunció en ese sentido y dijo que una vez verifique la autoría del crimen, la JEP deberá restringir la libertad del senador Gallo y también de Pablo Catatumbo. Sus palabras pusieron en duda que Ceballos conociera los detalles del acuerdo de paz, que les permite a los exjefes guerrilleros la participación en política y al mismo tiempo entregar información sobre el conflicto ante la JEP a cambio de beneficios jurídicos. “Pareciera que el comisionado no hubiera leído el acuerdo de paz: el deber de exguerrilleros es decir la verdad. No pueden perder los beneficios precisamente por decir la verdad, por dolorosa que sea esa verdad”, expresó Rodrigo Uprimny, investigador de la ONG Dejusticia.

El senador del partido FARC, Julián Gallo, dijo que no renunciará al Congreso. “Si a algo le ha tenido miedo históricamente la clase política que ha regentado a Colombia es a la verdad”, aseguró Gallo, que para la época del magnicidio era el comandante de la Red Urbana Antonio Nariño de la guerrilla.

Gómez Hurtado fue un reputado dirigente conservador y miembro de la Asamblea Constituyente, que redactó la actual carta política en 1991. En los años sesenta fue un crítico acérrimo de la guerrilla y en la década de los 90, durante el Gobierno de Ernesto Samper, exigió que se avanzara en las investigaciones por el ingreso de dinero de la mafia a la campaña presidencial. Durante años la familia ha conectado las denuncias de Gómez Hurtado contra Samper con el homicidio; aunque existen otras hipótesis que involucraban la supuesta participación de paramilitares y narcotraficantes del cartel del Norte del Valle. Ninguna de las investigaciones apuntaba, hasta ahora, a la guerrilla de las FARC.