El miedo a la verdad en Colombia

El sábado, la extinta guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, emitió un comunicado en el que reconoce su participación en una serie de homicidios de impacto nacional, entre ellos los del político conservador Álvaro Gómez y el académico Jesús Bejarano. Ambos reconocimientos sorprendieron al país, pero para los expertos la probabilidad de que, en su momento, las FARC estuvieran detrás de los hechos no era remota.

En el caso de Álvaro Gómez, las FARC –y particularmente Manuel Marulanda, quien fue el máximo comándate de esa guerrilla por varias décadas– nunca le perdonaron las denuncias de los años 60 del siglo XX sobre la existencia de “repúblicas independientes”. Denuncias que provocaron bombardeos y operaciones militares contra campesinos en varias zonas del país. Para esos años, Gómez era el representante más fuerte de la derecha; su padre, Laureano Gómez, era el mejor representante del fascismo en el país. Jaime Guaracas, un viejo militante y fundador de las FARC, en una entrevista decía lo siguiente:

“El Ejército arrasó con todo; lo que no saquearon se lo comieron, comenzando por el ganado; en Marquetalia acabaron con el ganado, con los cerdos y las gallinas. También acabaron con la producción agrícola; todo eso se lo comió el Ejército, como si los productos agrícolas y los animales domésticos tuvieran filiación política. Uno entiende que en una guerra esas cosas son así, pero Marquetalia no estaba en guerra, esa era una zona por demás pacífica, la guerra y la violencia la impuso el gobierno de Guillermo León Valencia, con el respaldo de la Cámara de Representantes de esa época, del Congreso de esa época; aún recordamos las posiciones de Álvaro Gómez Hurtado, que instigaron para que se nos atacara de esa forma”.

El propio Manuel Marulanda Vélez, en un comunicado de 1999, manifestó:

“Por primera vez en 34 años de confrontación armada declarada por el Estado en 1964, a 48 hombres con la asesoría militar y ayuda económica del Gobierno de los Estados Unidos, quien le entregó 500 millones de pesos al presidente de ese entonces Guillermo León Valencia, para acabar con las supuestas “repúblicas independientes” que existían tan solo en la mente del parlamento, en cabeza del doctor Álvaro Gómez (que en paz descanse), quien promovió un fogoso debate en el congreso contra estas, para justificar la represión; mientras no lo hizo, con la real República independiente situada en Loma Linda (Meta); santuario norteamericano, donde permanecían un gran número de ciudadanos de este país, armados y sin ningún control estatal, a cuyo campamento no podían entrar ni los generales colombianos. Motivados por el doctor Gómez, el congreso facultó al presidente y a los altos mandos militares, para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber enfrentado las dictaduras de Laureano Gómez y el general Rojas Pinilla, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del parlamento. Huyendo a la represión oficial, nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el estado nos expropió fincas, ganados, cerdos y aves de corral; extendiendo esta medida a miles de compatriotas por no compartir con la política bipartidista del frente nacional”.

Pero sumado a esto, para los años noventa del siglo XX las FARC venían en una avanzada militar enorme, la cual significó la toma militar de poblaciones enteras, la toma a bases y operaciones militares que involucraban centenares de guerrilleros. A la vez, el presidente de ese momento, Ernesto Samper (1994-1998), estaba en medio de un lío jurídico, y un sector de la élite promovía un golpe de Estado. Acudiendo a la teoría marxista de agudizar las contradicciones, las FARC entonces, como táctica militar, habrían asesinado a Álvaro Gómez para hacer explotar las tensas relaciones de la élite. Según ellos, esto haría colapsar el régimen. De hecho, al siguiente Gobierno, en la administración de Andrés Pastrana (1998-2002), el Estado colombiano tuvo que hacer un repliegue político y permitió las negociaciones de paz del Caguán.

Si bien el Álvaro Gómez de los años noventa era muy diferente al de los sesenta y setenta, también se puede decir que si algo nos ha enseñado la violencia colombiana es que nada se olvida. Como dicen los campesinos colombianos, “no hay plazo que no venza y deuda que no se pague”.

Frente al asesinato de Jesús Bejarano, el radicalismo de la época sería la explicación. En medio de la ola de violencia que afectaba al país, y de la brutal avanzada paramilitar, las FARC veían enemigos en todos lados. Hubo sectores radicales que, incluso, lo acusaron de ser de la CIA y la inteligencia militar.

La verdad del conflicto comienza a salir a flote. Ahora, lo que piden muchos sectores sociales y políticos es que la otra parte, es decir, el establecimiento colombiano, las fuerzas políticas que siempre han gobernado y las fuerzas militares cuenten su parte de la verdad. Por ejemplo, quiénes ordenaron matar a los candidatos presidenciales de izquierda: Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal o Pizarro. Quiénes ordenaron y participaron en la “guerra sucia” que dejó miles de militantes de izquierda asesinados. Qué políticos estuvieron detrás del despojo de seis millones de hectáreas de tierra o detrás de los falsos positivos. Todas esas preguntas cada vez se hacen de forma más seguida.

También, con la verdad revelada por las FARC, queda claro que sin el proceso de paz y la justicia transicional nunca se habría sabido esto, pues durante 25 años el proceso de Álvaro Gómez estuvo dando vueltas en la justicia colombiana.