Álvaro Uribe

La propuesta de una Constituyente agita las aguas políticas de Colombia tras la detención de Uribe

Una vez se conoció el arresto domiciliario del expresidente, su partido pidió dar ese paso. ¿Qué implicaciones tiene?

Una vista general del Congreso de Colombia.
Una vista general del Congreso de Colombia.Daniel Garzón / GETTY

No es la primera vez que la propuesta de una Asamblea Constituyente agita las aguas políticas en Colombia. Esta semana esa fue la respuesta del partido de Gobierno, Centro Democrático, a la detención de su líder, el expresidente Álvaro Uribe. El objetivo como ha dicho Paloma Valencia, senadora de esa formación política, es crear una “corte única que permita la unificación y claridad del sistema” y con “magistrados íntegros que representen a los colombianos”.

Pero la solicitud de reformar la justicia a través de ese mecanismo, que implicaría cambiar la Constitución, ha causado polémica en distintos sectores del país. “Proponer como lo hace el senador Uribe una nueva Asamblea Constituyente como respuesta a la decisión tomada por la Corte Suprema, es tratar de usar la Asamblea para acabar a quien lo juzga”, dijo Antonio Navarro Wolff, uno de los copresidentes de la Asamblea que redactó la actual carta política en 1991 y exsenador del partido Alianza Verde.

Desde la academia y las organizaciones civiles también alertan que uno de los riesgos de crear una única corte como “represalia” a la decisión tomada por el Tribunal implica debilitar el sistema democrático. “Eso fue exactamente lo que hizo el chavismo. Cuando los jueces empezaron a fallar en contra de sus intereses, Chávez hizo una reforma y capturó a todo el poder judicial que se terminó convirtiendo en un apéndice del Ejecutivo. Y ya sabemos cómo termina eso”, valoró Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

La Constituyente está prevista en la Carta Política de 1991 y permite reformar o redactar una nueva Constitución. La última vez que se hizo fue en 1990 tras un acuerdo nacional, promovido por un movimiento estudiantil que impulsó la llamada Séptima Papeleta. Algunos de los actuales líderes políticos fueron parte de ese movimiento, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, o el procurador, Fernando Carrillo. Tras años críticos bajo la guerra de carteles del narcotráfico, la Constituyente fue la base para un recambio institucional que rige desde hace 30 años.

Desde entonces no son pocas las crisis en las que se ha pedido este mecanismo. No solo desde el uribismo; también desde sectores de izquierda como el que lidera el excandidato presidencial Gustavo Petro y recientemente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. En 2016, tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, el expresidente Uribe la propuso para revisar y cambiar lo pactado en La Habana; y más adelante voceros de su partido la han planteado para hacer una reforma a la justicia.

El sistema judicial en Colombia está distribuido en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, esta última la que investiga a los miembros del Congreso y a los presidentes. A esas altas cortes se suma la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida de los acuerdos y bajo fuego constante del uribismo.

Uribe ha tenido una relación traumática con los altos tribunales: en 2008, la Suprema de Justicia investigó y condenó a dos funcionarios de su Gobierno por comprar a congresistas para que votaran a favor de cambiar un artículo de la Constitución que le permitió la reelección presidencial. El mismo tribunal había condenado a congresistas por relaciones con los grupos paramilitares, entre los cuales se encontraba un primo del expresidente. Adicionalmente, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, la policía de la presidencia, espió de forma ilegal a varios magistrados de la Sala Plena de la Corte, un escándalo que terminó con la condena de funcionarios del círculo cercano al expresidente.

La Corte también ha enfrentado escándalos de corrupción que han involucrado a algunos de sus magistrados. Distintos Gobiernos han intentado reformas a la justicia al menos en 15 oportunidades, la última fracasada en 2019, en cabeza del presidente Iván Duque.

En el contexto de la detención de su mentor político, Duque vuelve a hablar de reforma a la justicia argumentando que “se necesitan garantías para que un ciudadano pueda ejercer su defensa en libertad”, aunque considera que una Constituyente es un mecanismo largo. La forma en que el jefe de Gobierno encare esta exigencia de su partido influirá en la relación y el apoyo que le conserven a mitad de su mandato.

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