Colombia y la justicia

La detención cautelar del expresidente de Colombia Álvaro Uribe decretada el martes por la Corte Suprema de Justicia no solo supone una decisión sin precedentes en ese país, sino que pone a prueba la madurez de sus instituciones y de la sociedad. El político, que se ha resistido a abandonar la primera línea y ocupa un escaño en el Senado, es un líder visceral cuya popularidad se ha resquebrajado en los últimos años, aunque siga contando con millones de seguidores y sea el jefe del Centro Democrático, la formación que sostiene al Gobierno de Iván Duque. Su gestión está rodeada, sin embargo, de acusaciones de gravísimas violaciones de derechos humanos y amplios sectores de la población rechazan de forma tajante su agenda, que busca desestabilizar la aplicación de los acuerdos de paz con las FARC.

La justicia concedió a Uribe, que tiene 68 años y según su partido acaba de dar positivo en una prueba de coronavirus, una medida de arresto domiciliario mientras investiga un caso de soborno y manipulación de testigos que antes le habían vinculado a grupos paramilitares. El nombre del exmandatario ha aparecido en repetidas ocasiones en sumarios judiciales sobre corrupción, tramas de espionaje y ejecuciones extrajudiciales. Según la Fiscalía, entre su primer y segundo mandato (2002-2010), se perpetraron más de 2.000 asesinatos de civiles a manos de las Fuerzas Armadas, los mal llamados falsos positivos. Esa práctica respondía a una política de seguridad que, en medio del conflicto armado, incentivaba a los militares a mejorar los resultados a cambio de beneficios. Como consecuencia, una multitud de inocentes, sobre todo campesinos, fueron ejecutados y presentados después como guerrilleros caídos en combate.

Estos datos ayudan a entender por qué, en un país que acaba de salir de una guerra de más de medio siglo y que trata de encauzar una etapa de convivencia, la figura de Uribe resulta tan cuestionada y polarizadora. Su corriente política, el uribismo, que da cabida a sectores de extrema derecha, no ha dejado de entorpecer el trabajo del propio Duque, de talante más conciliador. La medida adoptada por la Corte Suprema demuestra que en Colombia han funcionado los mecanismos del Estado de derecho. Pero ese solo fue un primer paso. Las presiones sobre el tribunal acaban de empezar. El propio mandatario reclamó una reforma del sistema de justicia, mientras que el Centro Democrático fue más allá y exigió la conformación de una Asamblea Constituyente.

El destino judicial de Uribe desató una tormenta y la justicia, un termómetro de la salud de toda democracia, debe demostrar que es capaz de resistirla. De lo contrario, el Estado de derecho corre el riesgo de convertirse en un estado de opinión. Es decir, dejar paso a la inestabilidad política y al populismo.