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La Haya condena por crímenes contra la humanidad a ‘Terminator’, un exjefe de milicias del Congo

La Corte Penal Internacional falla que Bosco Ntaganda es culpable de esclavismo sexual, asesinatos, violaciones y de reclutar niños soldado

El exjefe de milicia congoleño Bosco Ntaganda, condenado por crímenes contra la humanidad, este lunes en la Corte Penal Internacional de La Haya.Vídeo: EVA PLEVIER (REUTERS) / REUTERS-QUALITY
Isabel Ferrer

Bosco Ntaganda, antiguo comandante de milicias rebeldes en Ruanda, y también de fuerzas del Gobierno en la República Democrática del Congo, ha sido declarado este lunes culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Holanda). Perpetrados entre 2002 y 2003 en Ituri, en el noreste congoleño, Ntaganda era apodado Terminator por sus métodos despiadados, que incluían violaciones y ataques a machetazos. Los jueces consideran probado que convirtió a mujeres en esclavas sexuales, reclutó niños soldado e instigó asesinatos cometidos por sus hombres. El procesado dijo en su defensa que se considera “un revolucionario, no un criminal”.

Los jueces de la CPI anunciarán la pena de cárcel que le imponen en una vista posterior, pero Ntaganda pudo hablar la pasada semana antes de conocerse este lunes el fallo, y dijo: "Me llaman Terminator, pero ese no soy yo; no me reconozco”. Luego añadió que nunca atacó a civiles, y adujo que los protegía. Durante el juicio, sin embargo, los abogados de las víctimas lograron demostrar “más allá de toda duda razonable”, como les pedían los jueces, que niñas de 12 años fueron obligadas a servir de “esposas” de los comandantes rebeldes. “La violación era una práctica común”, alegó el procesado, al escuchar el relato de una niña de nueve años atacada por milicianos a sus órdenes.

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Nacido en Ruanda, de etnia tutsi, y huido al Congo en su adolescencia, la CPI pidió por primera vez la detención de Ntaganda en 2006 por haber reclutado niños soldado para las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Sus miembros eran de la comunidad étnica hema, y conformaban el brazo armado de la Unión de Patriotas Congoleña, que se lanzó contra el grupo rival, los lendu. En 2012, su jefe, Thomas Lubanga, fue condenado a 14 años de cárcel por forzar a menores de 15 años a luchar entre 2002 y 2003. Un delito que sigue cometiéndose en África, Asia y América Latina. Ntaganda fue uno de los principales comandantes de Lubanga, y también alcanzó el rango de general del Ejército congoleño.

En 2012, la Corte, que carece de policía propia y depende de los Estados miembros, solicitó de nuevo la extradición de Terminator, que para entonces controlaba supuestamente el tráfico ilegal en la zona minera de Kivu. Situada al este de la República Democrática del Congo, en la zona hay yacimientos de oro, diamantes y coltán, entre otros. La ONU sostiene que cobraba impuestos ilegalmente.

Sonriente en la mayoría de las fotos tomadas en su época militar, Terminator dirigía en persona las incursiones de sus hombres, capaces de asesinar a centenares de personas en un solo día. Descrito como "igual de peligroso que Joseph Kony”, el líder rebelde de Uganda, por parte de la Fiscalía de la CPI, se ganó a pulso el alias, según la acusación. Ordenaba a sus hombres que violaran a las mujeres “para mantener alta la moral”, y sus crímenes formaban parte de “una campaña deliberada contra las comunidades lendu, bira y nande, y contra todos los que no fueran grupos de etnia hema”, dijo Fatou Bensouda, fiscal jefe, durante el proceso.

Human Rights Watch ha documentado cientos de violaciones, civiles golpeados con palos, tiroteados por la espalda o quemados vivos en sus casas. “Todo lo contrario”, replicó la defensa. Ntaganda era visto “como un padre por las tropas, y de ahí lo de usar la expresión 'niños'. Eran soldados, pero no menores”.

Huido durante los siete años posteriores a la orden de arresto de 2006, pero con apariciones públicas orquestadas por él mismo, Ntaganda fundó en 2012 el grupo rebelde congoleño M23. En 2013, se entregó por sorpresa en la Embajada de Estados Unidos en Kigali (Ruanda) y fue trasladado a la Corte Penal, con sede en Holanda. Los estatutos de la CPI descartan la pena de muerte, y HRW presume que el condenado reapareció y se entregó para evitar un proceso que acabara en el patíbulo en otro lugar.  

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