Los manifestantes bloquean el cuartel de la Policía en Hong Kong

El lema de los últimos días en los grupos de mensajería instantánea por los que se comunican los jóvenes manifestantes en Hong Kong había sido “sé agua, amigo”. Es una alusión a una de las frases más célebres de Bruce Lee, la estrella de las artes marciales nacido a pocos kilómetros de la antigua colonia británica, en la ciudad cantonesa de Foshan. Las protestas que los estudiantes han vuelto a protagonizar este viernes han adoptado esa estrategia del agua: fluida, pronta a desplazarse, difícil de parar. Tan pronto se producía una inundación de gente en un punto, como surgía otra concentración en un edificio oficial. Con una constante: casi a lo largo de todo el día han mantenido bloqueado el cuartel general de la Policía.

Doce días después de la gran marcha —un millón de personas, según los manifestantes— que empezó esta racha de manifestaciones el pasado día 9, los objetivos han evolucionado. Ya no se trata solo de parar el proyecto de ley de extradición que hubiera permitido entregar sospechosos a China, y que ha quedado congelado. El foco de las protestas se centra ahora en la violencia con la que la Policía hongkonesa disolvió el fin de la manifestación del día 9 y, sobre todo, la concentración de decenas de miles de estudiantes frente al Parlamento autónomo el miércoles 12. Al menos 81 personas quedaron heridas, y 32 arrestadas, cuando los agentes utilizaron 150 rondas de gases lacrimógenos —el doble que en los casi tres meses de protestas del Movimiento de los Paraguas cinco años antes—, pelotas de goma y balas de plástico contra los manifestantes.

“¡Disculpaos! ¡Disculpaos!”, increpaban los miles de jóvenes que se aglomeraban ante el cuartel de Policía en el barrio de Wanchai, a pocos centenares de metros de la zona donde el día 12 los agentes emplearon más la fuerza. Ya de noche, horas después de haber bloqueado los accesos, los manifestantes seguían impidiendo la salida a los funcionarios, aunque no se habían producido incidentes de violencia. Varios manifestantes habían pegado al edificio un cartel con el lema, en cantonés, “No nos rendiremos”.

Escenas similares —aunque sin la misma vehemencia— se repetían en diversos puntos del centro de Hong Kong. En la oficina de la Hacienda autónoma; en Correos; en el Tribunal Supremo. Lo que empezó siendo un grupo de pocos centenares a primeras horas de la mañana eran muchos miles al caer la tarde. Y prometen continuar las acciones de desobediencia civil durante el fin de semana, la cumbre del G20 en Osaka (Japón) el 28 y 29 de este mes —en la que se verán las caras los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump— e incluso el mes próximo, si no se cumplen las cinco demandas que exigen.

No solo que el proyecto de ley se retire por completo, o la dimisión de la jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam. También que se ponga en libertad a todos los detenidos en las manifestaciones y garantías de que no se les volverá a arrestar; que se retire la calificación de “disturbios” para las manifestaciones del día 12 (la participación en disturbios puede acarrear penas de hasta diez años de prisión); disculpas por el uso de la fuerza y la creación de una comisión independiente que investigue el comportamiento de la policía. Aunque la Policía ha puesto en libertad a ocho de los detenidos, es aún un interrogante el sino de otros veinticuatro.

En un comunicado, el Gobierno autónomo apuntó que “respeta” el derecho de los ciudadanos a manifestarse. “Pero las marchas de hoy han afectado a una serie de servicios públicos, causado congestión de tráfico e inconvenientes al público”, indicó. Decenas de llamadas al número de emergencias no se pudieron procesar de inmediato y más de un centenar de rutas de buses y minibuses quedaron suspendidas o desviadas. Las oficinas gubernamentales se vieron obligadas a cerrar.

Los manifestantes habían dado de plazo hasta el jueves para que Lam accediese a sus demandas, bajo amenaza de retomar las protestas. El Frente de Derechos Humanos y Civiles de Hong Kong, la asociación que ha convocado las dos marchas dominicales que, según sus estimaciones, han reunido a tres millones de personas en total, ha convocado una nueva manifestación para la víspera de la cumbre en Osaka. Para inmediatamente después, el día 1 de julio —aniversario de la vuelta a la soberanía china, y día tradicional de una gran marcha de protesta— está prevista otra procesión masiva.

Los estudiantes tienen a su favor las denuncias de organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional, que consideran excesivo el uso de la fuerza que hicieron los agentes el día 12. En un comunicado, esta organización ha documentado con fotografías y vídeos catorce ejemplos de “aparente violencia policial”, en los que parece apreciarse “violaciones de los estándares internacionales para el uso de la fuerza por parte de las fuerzas encargadas del cumplimiento de la ley”.