El Gobierno de Hong Kong anuncia la suspensión del polémico proyecto de ley de extradición

El Gobierno autónomo de Hong Kong ha anunciado este sábado la suspensión, sin fecha para retomarlo, del polémico proyecto de ley de extradición que permitiría por primera vez entregar sospechosos a China. El aplazamiento sine die representa una espectacular marcha atrás de la ministra jefa, Carrie Lam, que tras la manifestación de protesta hace una semana, en la que participaron un millón de personas, insistió en que seguiría adelante con los planes. Pero los opositores de la ley no lo interpretan como una victoria, sino una maniobra de Lam para ganar tiempo. E insisten en que mantendrán la presión y la nueva gran manifestación convocada para este domingo hasta que el proyecto de ley acabe definitivamente en la papelera.

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“Tras repetidas deliberaciones internas en los últimos dos días, anuncio que el Gobierno ha decidido suspender la tramitación de la enmienda legislativa, empezar de nuevo nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, explicar más y escuchar los distintos puntos de vista de la sociedad”, indicó Lam, en una acalorada rueda de prensa en la sede de las oficinas del Gobierno de Pekín en Hong Kong.

El proyecto de ley tiene su origen en un caso de asesinato en Taiwán, del que es principal sospechoso un individuo actualmente preso en Hong Kong por otros delitos. El territorio autónomo solo puede entregar fugitivos a la veintena de países con los que mantiene un acuerdo de extradición. Es “un obvio vacío legal”, sostenía ministra jefa, al defender aún este sábado, tras el abandono al menos temporal del proyecto de ley, la necesidad de la medida.

Pero, en lugar de pactar un acuerdo con Taiwán, el Gobierno autónomo hongkonés planteó una reforma a la ley para permitir la extradición, siempre caso por caso, de sospechosos, tanto locales como extranjeros, a países con los que no mantuviera acuerdos. Incluido China.

Y ahí estaba el quid de la cuestión. Amplios sectores de la población, desde empresarios a periodistas, desde estudiantes a trabajadores de organizaciones no gubernamentales, vieron esa reforma como un intento de diluir la separación entre la China continental y Hong Kong. Un intento que pondría en peligro libertades como las de prensa, asociación o expresión, implantadas en la excolonia británica pero inexistentes al otro lado de la frontera.

El Gobierno autónomo insistía en que no podría aplicarse en casos de persecución política, y que cada caso tendría que someterse al veredicto de los tribunales hongkoneses. Pero esas aclaraciones no fueron suficientes para acallar las dudas sobre las garantías que podría ofrecer el opaco sistema legal chino. O sobre el temor de los hongkoneses a verse absorbidos gradualmente por la China continental, sin el estatus especial del que disfruta el territorio autónomo desde la devolución británica a la soberanía china en 1997.

Si el domingo se congregaron más de un millón de personas en las calles del centro de la ciudad para protestar, el miércoles decenas de miles de estudiantes rodearon la sede del Parlamento hongkonés para impedir que los diputados pudieran entrar a tramitar el proyecto de ley, como estaba previsto. Tras ocupar durante horas varias de las principales arterias de la isla, la concentración de jóvenes se disolvió precipitadamente cuando la Policía utilizó gases lacrimógenos, porras y —por primera vez— balas de plástico y pelotas de goma contra los manifestantes.

Desde entonces, quedó claro que el apoyo a la posición de Lam se desvanecía, entre su propio Gobierno y el de China. Pekín afronta un complicado calendario en los próximos meses y no quiere complicaciones: tiene por delante una cumbre del G-20 en Osaka (Japón), en la que se verán las caras los presidentes de EE UU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, en plena guerra comercial; las celebraciones para el 70 aniversario de la República Popular de China, en octubre; también ve con preocupación el impacto que la tensión en Hong Kong pueda tener en las elecciones taiwanesas dentro de siete meses.

La ministra jefa admitió que el proyecto de ley había causado una tremenda polarización en la sociedad, pero la atribuyó no al contenido de la ley sino al desconocimiento o a las interpretaciones erróneas. De ahí la necesidad de tomar tiempo —indefinidamente— para consultar mejor con la sociedad, explicó.

También desempeñaron un papel  en esta marcha atrás las escenas de violencia del miércoles. Si tras la manifestación pacífica del domingo, aunque fueran un millón los ciudadanos que protestaban, se mostró indiferente, tras las movilizaciones frente al Parlamento, que se saldaron con 81 heridos, “ha llegado el momento de devolver la calma a la sociedad lo más rápidamente posible”, sostenía. “Si vuelven a darse confrontaciones como las que vi el miércoles, las heridas serán más graves”.

Pese a todo, insistió en que no dimitirá ni ve necesario pedir disculpas por lo que organizaciones pro derechos humanos han considerado un uso excesivo de la fuerza policial. Según insistió, el miércoles algunos manifestantes “llevaban consigo instrumentos que no tienen lugar en una manifestación pacífica”.

Pero los opositores a la ley ven el paso atrás de Lam no como una rendición, sino como una retirada táctica, pensada para ganar tiempo y desmoralizar a los activistas en Hong Kong antes de unas elecciones locales en noviembre, y evitar poner a Pekín en una situación complicada en vísperas de una posible reunión entre Xi y Trump.

“No aceptamos la posición de Lam. Mantenemos nuestra convocatoria de manifestación”, indicaba en una rueda de prensa Jimmy Sham, el presidente del Frente de Derechos Humanos y Civiles de Hong Kong, la agrupación organizadora de la convocatoria de una protesta masiva para este domingo. “Seguiremos nuestra presión hasta que veamos la retirada del proyecto de ley”, una disculpa por el uso de la fuerza policial y la ministra jefa presente su dimisión, aseguró.

Bonnie Leung, portavoz de la agrupación, sostuvo por su parte que aceptar tan solo una suspensión puede suponer que el gobierno retome el proyecto de ley cuando la polémica se haya calmado. “La ciudadanía de Hong Kong ya ha sido víctima antes de otras mentiras… Hemos aprendido que el gobierno no es de fiar, y que tenemos que seguir tomando las calles para reclamar nuestras demandas”.

Los opositores también reclaman que no se presenten cargos contra los participantes en las manifestaciones del miércoles, que el Gobierno autónomo considera “disturbios”. Uno de sus temores es que se intente llevar a juicio a un número importante de ellos, para amedrentar al resto.