La ‘muerte institucional’ del exnegociador de las FARC Iván Márquez
El ex número dos de la antigua guerrilla, en paradero desconocido, pierde su escaño por decisión del Consejo de Estado
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![Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC, en una imagen de abril de 2018.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/2QTOQYZWWYXKGQMBRYDYXTDE74.jpg?auth=316d82b343254ef8b2a84f58307ece82a9b0fe89b678e9c25cb7458c84a61d62&width=414)
Negoció en nombre de las FARC los acuerdos de paz con el Estado colombiano. Estuvo en la primera línea durante el comienzo de la transición a la vida civil de la antigua guerrilla, hoy desmovilizada. Vio la entrega de armas, la transformación de la organización insurgente en partido político y asistió a su ingreso en las instituciones. Pero finalmente dio uno o varios pasos atrás y se desvinculó de las directrices de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, liderada por Rodrigo Londoño, Timochenko. Iván Márquez está en paradero desconocido desde el pasado mes de agosto. Hace semanas se arrepintió abiertamente del desarme, lo que le costó una quiebra con su jefe político, y tras casi un año sin tomar posesión de su escaño en el Congreso, este viernes fue despojado de ese derecho por el Consejo de Estado.
La decisión de la máxima autoridad de lo contencioso administrativo supone el epílogo de una carrera institucional que en realidad nunca empezó. Una suerte de muerte política. Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, había sido elegido representante a la Cámara a finales de los ochenta en las listas de la Unión Patriótica, formación de izquierdas que nació de una negociación con las FARC. En medio de la violenta persecución y el asesinato masivo de cientos, quizá miles de sus militantes, dio la espalda a la legalidad y volvió a vincularse a la guerrilla. Hoy se comunica principalmente a través de las redes sociales, comenta la actualidad y lanza proclamas, pero ya ha dado muestras de no reconocer el desarrollo de lo pactado en La Habana e incluso las instituciones que, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacieron de los acuerdos firmados en 2016. "Mientras respire, siempre tendré vida política. Vamos pa' lante", escribió tras conocer la resolución del Consejo de Estado.
Esta semana el exguerrillero Jesús Santrich, muy próximo a él, le defendió públicamente y negó que se haya alejado del proceso de paz. Este excomandante, reclamado por la justicia de Estados Unidos por un delito de narcotráfico, salió de prisión la semana pasada porque la Corte Suprema estableció que debe ser juzgado como aforado. Así que el martes tomó posesión como congresista, tensando la práctica totalidad de las bancadas, del Gobierno y también de la oposición.
El principal argumento del tribunal para decretar la pérdida de la investidura es la premisa de "no tomar posesión de su cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras [el pasado mes de julio], o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse". "La Sala determinó, además, que no medió ninguna circunstancia de fuerza mayor que justificara que el señor Marín no hubiera tomado posesión de su cargo". Los acuerdos de paz establecen que la antigua guerrilla tiene derecho a 10 escaños repartidos entre Cámara y Senado durante dos legislaturas. "Quienes resulten designados para ocupar estas curules", advierte la instancia judicial, "adquieren obligaciones constitucionales cuyo incumplimiento puede motivar un proceso de pérdida de investidura".
"La alegada inseguridad jurídica y física no constituye fuerza mayor porque las dificultades en la implementación del acuerdo no eran imprevisibles e incluso a ellas respondió su planeación progresiva", continúa la resolución. "Sus consecuencias respecto del demandado no eran insoportables como quedó demostrado con la posesión de sus compañeros de partido [...]. La Sala encontró, además, que el componente subjetivo también se acreditó en el proceso. La Sala entendió que él tuvo otras opciones para hacer frente a la situación de desasosiego que alegó públicamente, pues tuvo la posibilidad de diseñar salidas concertadas con su partido para no sacrificar su obligación de promover la reintegración política colectiva".
El presidente colombiano, Iván Duque, celebró la decisión. "Yo creo que cuando hay una carrera criminal, cuando se trata de burlar al pueblo colombiano y a la generosidad del pueblo, no presentándose a cumplir con los principios de justicia verdad y reparación, no puede haber un destino distinto”, manifestó el mandatario, que en los últimos días no ha dudado en calificar a Santrich de "mafioso". Según anunció Carlos Antonio Lozada, líder de facto de la bancada de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, abre la puerta a que lo sustituya en el Senado el responsable de las políticas étnicas del partido, Israel Zúñiga.
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