“Las reglas se están quedando un poco desajustadas en la justicia de Colombia”
El fiscal saliente, que presentó su renuncia por un fallo del tribunal de paz, asegura que no podía avalar la decisión del 'caso Santrich'
Su dimisión provocó hace dos días un terremoto en la justicia y en la política de Colombia. Néstor Humberto Martínez (Bogotá, 1954) renunció a su cargo de fiscal general, que ocupaba desde agosto de 2016, tras conocerse la negativa del tribunal de paz a extraditar al excomandante de las FARC Jesús Santrich a Estados Unidos. Se fue con duras críticas al funcionamiento de la Jurisdicción Especial (conocida como JEP), encargada de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, nacida de los acuerdos con la antigua guerrilla. La decisión de Martínez —que, por su argumentación, supone una excepción en la Fiscalía— queda ahora en manos de la Corte Suprema, que se pronunciará el próximo martes. El ya exresponsable del ente acusador insiste, en conversación telefónica con EL PAÍS, en que la opinión pública debe saber que existe un desequilibrio entre la justicia ordinaria y la transicional.
P. Ya expuso sus razones, pero llama la atención que un fiscal critique así una decisión de la justicia, aunque sea de un tribunal específico como en este caso. ¿Por qué su renuncia?
R. Básicamente porque yo no podía como fiscal general avalar, refrendar esa decisión. Porque afecta a la cooperación judicial internacional, porque hace trizas todas las luchas que hemos llevado a cabo contra el narcotráfico en Colombia y porque, a mi juicio, la decisión no se ajustaba al mandato que la Constitución y el acuerdo de paz establecen.
P. Ese es un criterio legítimo, no debatimos eso. Pero lo que sorprende es que, aunque no lo comparta, llegue hasta el punto de manifestar su rechazo con una dimisión, que es algo inusual o insólito en una Fiscalía.
R. Porque me parece que, en estos casos que están construyendo la institucionalidad de la justicia transicional, es importante que los colombianos llamemos la atención.
Martínez ve necesario llevar a cabo "readecuaciones y autocrítica" para que "estas cosas no vuelvan a ocurrir en la justicia colombiana". La Fiscalía, defiende, aportó evidencias de la responsabilidad de Santrich que la JEP consideró insuficientes. Horas después de la resolución, se filtró un vídeo en poder de la justicia estadounidense que el tribunal que ordenó la libertad del exguerrillero no conocía. "Este vídeo es el que siempre se avanzó que tenían las autoridades americanas y que conocíamos por los testimonios que se entregaron en el Departamento de Justicia", continúa. Sería una nueva prueba de "una negociación de 10 toneladas de cocaína por 15 millones de dólares".
Pero más allá de la discusión jurídica, la salida del fiscal ha sacudido con fuerza la vida política colombiana. El jueves siguió su camino la ministra de Justicia del Ejecutivo de Iván Duque, Gloria María Borrero, que no llevaba ni 10 meses en el cargo. Los detractores de Martínez la consideran una estrategia para volver a la primera línea, pero él pone otros planes encima de la mesa.
P. Su dimisión ha generado un debate político y sus críticos aseguran que es también un movimiento político. ¿Qué va a hacer a partir de ahora?
R. ¿Que qué voy a hacer a partir de este momento?
P. Exactamente. En su futuro.
R. Yo quiero agradecer a los miles de colombianos que se han pronunciado en estos dos días alrededor del trabajo que hicimos en la Fiscalía, a los editoriales de los periódicos que generosamente me han pedido que retire mi renuncia y, por supuesto, a los partidos políticos mayoritarios en Colombia que me han abrumado con sus manifestaciones de solidaridad por la tarea que realizamos. En lo que me corresponde, mi propósito es escribir algunos libros que tengo pendientes en ciencia jurídica y voy a escribir uno en particular sobre el marco jurídico de la paz.
P. El miércoles en su comunicado habló de la posibilidad de que se instale un Estado antijurídico de cosas. ¿A qué se refiere y por qué tiene ese tipo de inquietud?
R. La opinión pública debe saber que las reglas se están quedando desafortunadamente un poco desajustadas entre lo que tiene que hacer la justicia ordinaria y la justicia transicional frente a los narcocultivos... A pesar de que en el acuerdo [de paz] se había dicho que la JEP solamente trataría delitos que se cometieron durante el conflicto. Y eso hace que, por ejemplo, haya narcocultivos que gocen de los beneficios de la justicia transicional. En un momento en que Colombia está teniendo un boom de la industria ilícita de las drogas. Y es muy malo que si hay reincidencia en el crimen, por parte de algunos, puedan continuar gozando de los beneficios. Eso es lo que yo llamo un estado de cosas que afecta al Estado de derecho y sobre todo deja desprotegida a la sociedad colombiana.
P. El propio Duque lamentó su decisión de dimitir. Usted dijo que es irrevocable. ¿Cabe la posibilidad de que reconsidere su opinión?
R. El presidente ha sido muy generoso, los expresidentes en general han sido muy generosos, los partidos, pero es una decisión que se tomó y que ya queda a la consideración de la justicia de nuestro país y que por supuesto la Corte tomará su decisión el próximo martes y que yo creo las realizaciones que hicimos en estos tres años son un aporte a la justicia colombiana y a la lucha contra el crimen.
P. Uno de los mayores reparos u objeciones a su trabajo en la Fiscalía tiene que ver con la gestión del caso Odebrecht.
R. Yo creo que la historia va a mostrar que Colombia y particularmente los fiscales han hecho una de las investigaciones más importantes en América Latina con la judicialización de 98 personas. Lo cual contrasta con Brasil, donde la judicialización fue de 82 oficiales de esa multinacional, y se mostrará de qué manera Colombia descubrió muchos más actos de corrupción de los que inicialmente habían definido las autoridades de Estados Unidos y de Brasil.
P. ¿Cabe la posibilidad, en su opinión, de que la JEP reabra el caso?
R. El procurador de Colombia [Fernando Carrillo] ha manifestado que va a apelar la decisión y yo creo que hay elementos muy poderosos para que la JEP se dé la oportunidad de reconsiderar la decisión que adoptó esta semana.
P. No lo descarta, entonces.
R. Es una posibilidad, ciertamente.
"Hemos cambiado la lucha contra las organizaciones criminales"
Néstor Humberto Martínez asegura que durante sus casi tres años al frente de la Fiscalía de Colombia cambió "el enfoque de la lucha contra las organizaciones criminales". El objetivo era, dice, que todo el aparato judicial y del Estado que persigue a las bandas criminales entendiera "que las bandas criminales, que son empresas de la ilegalidad, se combaten incautando sus patrimonios ilícitos". "En estos tres años incautamos activos por 13 billones de pesos, estamos hablando de cuatro billones de dólares. Esto no tiene antecedentes en ningún lugar y muestra cómo Colombia tiene que seguir luchando contra estas organizaciones. Cuando el enfoque tradicional ha sido la captura de los jefes de esas bandas, las organizaciones subsisten".
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