La justicia peruana ordena la detención del expresidente Kuczynski por el ‘caso Odebrecht’
La orden del Poder Judicial exige prisión durante 10 días por presuntos vínculos del exmandatario peruano con la constructora brasileña
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski ha sido detenido este miércoles alrededor de las 9.15 de la mañana (hora local de Lima) en el marco de las investigaciones por blanqueo de dinero del caso Odebrecht. El Poder Judicial de Perú ordenó su arresto preliminar durante 10 días por la presunta participación en dos concesiones de obras adjudicadas a la constructora brasileña Odebrecht mientras ejercía cargos públicos en el país. Agentes de la Policía Nacional han ingresado esta mañana a su casa, desde donde un vehículo le condujo al Instituto de Medicina Legal para realizarle un examen previo a su encarcelación.
La orden deriva de una investigación en su contra por los supuestos pagos que Odebrecht realizó a empresas ligadas al expresidente y su socio Gerardo Sepúlveda durante la época en que Kuczynski fue ministro de la Administración de Alejandro Toledo, quien se encuentra en busca y captura por su implicación en la trama de la constructora brasileña. Kuczynski, quien en ocasiones anteriores ha rechazado cualquier irregularidad relacionada con el caso Odebrecht, ha comentado por teléfono esta misma mañana en el programa de televisión Panorama sobre la orden de detención: “No tengo una opinión, me parece ridículo, gracias”. Su abogado ha declarado que la medida es arbitraria y que será apelada.
Hoy recibí la disposición del Poder Judicial de detenerme preliminarmente por diez días.
— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) April 10, 2019
Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales.
Nunca rehuí de la justicia.(1/2)
Poco después de las 12.00 (hora local en Lima), el expresidente publicó en su cuenta oficial de Twitter: "Hoy recibí la disposición del Poder Judicial para detenerme preliminarmente por 10 días. Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales. Nunca rehuí de la justicia", se ha defendido. "Me allané absolutamente a todas las investigaciones. Nunca me opuse ni opongo a ninguna investigación. Es un momento muy duro para mí, pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país", ha remachado.
La justicia peruana también dispuso la detención preliminar de la secretaria del exmandatario Gloria Jesús Kisic y de su exchófer José Luis Bernaola. El equipo especial Lava Jato de la Fiscalía peruana pidió además que se autorice el allanamiento de cuatro inmuebles, uno de ellos la casa de Kisic, y tres oficinas.
Las autoridades ya registraron dos domicilios de Kuczynski en los distritos limeños de San Isidro y La Molina, en marzo del año pasado, y desde entonces el ex jefe de Estado (2016-2017) tiene prohibido salir del país. El registro ocurrió un día después de que presentara su renuncia al cargo de presidente, en medio del escándalo que produjeron las revelaciones de los pagos que había recibido de Odebrecht en la década pasada.
El exmandatario, de 80 años, ha sido el primer presidente en ejercicio en América Latina en dimitir del cargo por sus supuestos vínculos con Odebrecht. El caso ha salpicado además a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, todos bajo investigación de la Fiscalía. Odebrecht admitió en 2016 ante las autoridades estadounidenses que pagó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014.
La constructora pagó a Kuczynski por consultorías a través de dos de sus empresas, Westfield y First Capital, entre 2007 y 2015. Además, cuando era ministro del Gobierno de Toledo en 2006, firmó un decreto que respaldaba financieramente a la constructora brasileña como una garantía para asegurar los pagos en un contrato de concesión. La orden de detención preliminar, allanamiento e incautación se refiere a la participación de Kuczynski en presuntos actos de corrupción en las concesiones de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos.
En declaraciones a la emisora colombiana W Radio, Kuczynski atribuyó la orden a una "persecución". "He respondido [a la Fiscalía] todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima, los dos señores dijeron que yo nunca hice nada con ellos y que no me conocían. De eso hace dos meses y no me mandan la transcripción", afirmó. En el período presidencial de Toledo (2001-2006), Kuczynski fue ministro de Economía en dos momentos, con una pausa en 2003, y presidió el consejo directivo de ProInversión, la agencia estatal de promoción de la inversión privada en Perú. Más tarde, se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros entre 2005 y 2006.
Según el requerimiento de extradición de Toledo, citado en la orden judicial de arresto, este hizo prometer al representante de Odebrecht en Perú un soborno de 35 millones de dólares a cambio de otorgarle la concesión de la carretera Interoceánica Sur. Los fiscales del equipo especial Lava Jato indican que Kuczynski “habría tenido intervención directa al proponer la adecuación del marco normativo con el objeto de que la empresa Odebrecht se adjudicara la obra de la construcción y mantenimiento” de la vía.
ProInversión aprobó la concesión en 2004, pero, añade la orden judicial, en el último año de la gestión de Toledo, Kuczynski aprobó la norma que decretaba de “necesidad pública e interés nacional” la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto Olmos, dispensando así a la compañía de los impedimentos que tenía para ser proveedora del Estado. Además, en marzo de 2004, la empresa unipersonal de Kuczynski, Westfield Capital, firmó un contrato de asesoría financiera con Odebrecht para que Olmos consiguiera el financiamiento que requería, pese a que en ese momento aún la constructora no había logrado la concesión. El ministro diseñó, según la investigación, un sistema de bonos corporativos que luego fueron colocados en el mercado.
La Fiscalía indica que en 2005, la empresa First Capital, de Sepúlveda, suscribió otro contrato con Odebrecht para terminar la consultoría que inició Westfield Capital, simulando la exclusión de la empresa de Kuczynski de la prestación del servicio. En 2008, otro representante de First Capital firmó un nuevo contrato de asesoría financiera con Odebrecht para el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur. Los fiscales indican que Kuczynski asesoró dichos trabajos y recibió un pago por ellos, pero simularon que los realizó la firma de su socio Sepúlveda. Según las pesquisas citadas por el juez, Odebrecht pagó en total más de 1.030.000 dólares a Westfield Capital, la empresa unipersonal de Kuczynski, y más de 1.101.000 dólares a First Capital.
Los fiscales también indican que el político ingresó parte de ese dinero ilícitamente. Por ello la Fiscalía imputa a Kuczynski el cargo de lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento. Teniendo en cuenta lo ocurrido en las investigaciones del caso Odebrecht a otros políticos –como el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y la dos veces candidata presidencial y líder de la oposición, Keiko Fujimori– tras el arresto preliminar suele seguir una orden de detención preventiva. “No había ninguna situación que atentara contra la cuestión probatoria, tememos que se pueda convertir en una orden de prisión preventiva”, comentó el congresista Guido Lombardi, quien perteneció hasta diciembre al partido oficial Peruanos por el Cambio (PPK).
El 29 de marzo, el equipo especial Lava Jato firmó en Israel un acuerdo de colaboración eficaz con Yosef Maiman, el testaferro del expresidente Alejandro Toledo, quien reconoció que recibió más de 17 millones de dólares de Odebrecht en sus cuentas, y casi cuatro millones de dólares de la constructora brasileña Camargo Correa. El destinatario era su amigo, el entonces presidente y fundador del partido Perú Posible. La orden de detención sostiene que uno de los elementos para pedir el arresto del político es el peligro de obstaculización de la justicia.
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