Odebrecht indemnizará a Perú con 228 millones por sobornos en obras públicas

Los abogados de Odebrecht y cuatro ex altos cargos de la constructora brasileña han firmado este viernes en São Paulo un acuerdo de culpabilidad con el fiscal peruano José Domingo Pérez y con el procurador ad hoc del caso en Perú, Jorge Ramírez, que obliga a la empresa a pagar al país sudamericano una reparación civil de más de 228 millones de dólares en 15 años por haber incurrido en corrupción en los contratos de cuatro obras públicas. Además, la firma brasileña —protagonista de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de América Latina— se compromete a saldar este año 134,5 millones de dólares de deuda tributaria en Perú. La constructora, fundada por el hijo de un inmigrante alemán en 1923, desarrolló manuales y sistemas de bonos para conseguir cada vez más contratos de obras públicas en varias naciones latinoamericanas y del África lusohablante.

El acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht obliga a la empresa a "aportar todo lo que los fiscales peruanos exijan", según ha explicado en una rueda de prensa Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato. A cambio del pago de la reparación civil y la entrega ilimitada de pruebas, los ex directivos de la constructora no serán procesados penalmente en Perú, aunque seguirán bajo investigación de la justicia brasileña. Además, la compañía con sede en Salvador de Bahía vuelve a quedar habilitada para concursar en licitaciones públicas peruanas una vez saldada la parte acordada del total de deuda tributaria.

En el pacto, que aún debe ser aprobado por un juez peruano, la empresa reconoce el pago de unos 32 millones de dólares en sobornos para lograr los contratos de la carretera Interoceánica Sur, la línea 1 del Metro de Lima, la vía Circunvalación en la ciudad de Cusco y la Costa Verde del Callao. El acuerdo está abierto a futuras actualizaciones, de forma que si las autoridades comprueban más casos de corrupción, la empresa tendría que pagar una mayor reparación civil. "Es un acuerdo abierto. A partir de la búsqueda de información y lo que determinen los fiscales, se pueden abrir nuevas líneas de investigación. Esto es pacto sobre la culpabilidad en algunos de los proyectos, si hubiera más, se volverá a negociar con la empresa y se incluirán", ha detallado Vela.

El monto de reparación civil aceptado está por debajo de las pretensiones del Estado peruano, pero el riesgo de seguir tensando la cuerda era máximo: Odebrecht contemplaba declararse en insolvencia y abandonar el país, en cuyo caso no solo no hubiera abonado el dinero sino que tampoco había entregado pruebas para conocer quiénes estuvieron involucrados en los casos de corrupción. "La empresa seguirá buscando entendimientos de esta misma naturaleza con otros países en donde actúa, con el fin de tener más seguridad jurídica para su operación y por el compromiso en apoyar investigaciones y actuar como un agente de transformación", ha apuntado la constructora en un comunicado difundido horas después de la firma del acuerdo de colaboración.

El acuerdo garantiza la validez de las pruebas que la corporación entregó a cuentagotas desde 2017, y que comprometen, por ejemplo, a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Por estas pesquisas, Perú ha solicitado a Estados Unidos extraditar a Toledo, mientras que los otros tres ex jefes de Estado tienen una orden judicial que les obliga a permanecer en territorio peruano. La Fiscalía, además, ha logrado congelar algunos bienes de Kuczynski, que fue consultor remunerado de Odebrecht a través de una firma de banca de inversión.

El fiscal provincial Vela destacó hace tres meses que una de las ventajas del pacto con Lima sería poder contar con los alias y códigos que usaron los empleados del departamento de Odebrecht que se encargó de los sobornos para registrar los pagos a políticos y funcionarios públicos, así como a sus prestanombres. Antes del viaje a Sao Paulo, el coordinador del equipo especial Lava Jato añadió, en declaraciones a EL PAÍS, que los interrogatorios que los fiscales y procuradores realizarán a partir del lunes en Salvador a antiguos responsables de Odebrecht servirán para completar las acusaciones fiscales que presentarán a los jueces en el corto plazo.

Las declaraciones de José Spinola y Marcos Grillo —dos funcionarios que conocen las razones por las que Odebrecht pagó 100.000 dólares a García en 2016, bajo cuyo Gobierno se aprobó aceleradamente la concesión de la línea 1 del metro de la capital peruana— han despertado especial interés en el país andino. También los del ex tesorero internacional de Odebrecht, Luis Eduardo Soares, y el ex gerente general Raymundo Trindade, considerados de los más relevantes en el proceso.

Los fiscales Lava Jato investigan igualmente por lavado de activos de la caja paralela de Odebrecht a la exprimera dama Nadine Heredia; a la excandidata presidencial y lideresa de la oposición Keiko Fujimori —en prisión provisional—; la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán; y el ex gobernador del Callao, Félix Moreno. Las pesquisas incluyen, además, a una larga lista de antiguos funcionarios públicos —algunos de ellos presos o prófugos desde 2017—, empresarios, árbitros (que mediaron en los contratos entre el Estado y Odebrecht) y otros ciudadanos que se prestaron a facilitar la circulación del dinero de la caja paralela del gigante brasileño.

Otros casos de sobornos

Además de las cuatro obras citadas, en las que Odebrecht reconoció haber incurrido en corrupción, un fiscal del sistema de corrupción de funcionarios, descubrió otro caso de sobornos en la construcción de una carretera en la Sierra Norte en el que la empresa ha aceptado su responsabilidad. En los próximos días, además de los interrogatorios que el Equipo Lava Jato ha programado hasta el 22 de febrero, el fiscal Elmer Chirre y una coordinadora de litigio de la procuraduría del caso Odebrecht, buscarán testimonios entre los ex ejecutivos de la constructora para el juicio contra el gobernador regional de Ancash que recibió los sobornos para otorgar la concesión.

Entre diciembre y enero, las fuerzas políticas de oposición en el Congreso —el fujimorismo y el Partido Aprista— junto con el entonces fiscal general, Pedro Chávarry, intentaron boicotear la firma del acuerdo con Odebrecht para evitar que los fiscales hallaran más pruebas que incriminaran a los líderes de dichas agrupaciones políticas. Finalmente, dos años después de que la empresa reconoció sus prácticas masivas de corrupción en la región y en Perú, las pesquisas fiscales podrían empezar a acelerar. Será, sin duda, motivo para nuevas tensiones políticas y judiciales.