El caso Odebrecht, un terremoto político y financiero en el Perú

El pedido de 18 meses de prisión preventiva interpuesto contra Alejandro Toledo Manrique -presidente del Perú entre 2001 y 2006- es el último capítulo de una larga historia de intrigas y sobornos que viene remeciendo los cimientos de la política y las finanzas peruanas. A Toledo se lo acusa de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que enlaza el Perú con Brasil.

La solicitud fue presentada por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro -jefe del equipo que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato- y será resuelta este jueves por el Poder Judicial. De ser aprobada, se presume que vendría acompañada por una orden de captura internacional. Hasta este domingo, Toledo se encontraba de viaje en París.

El detonante fueron las confesiones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, devenido en colaborador eficaz de la justicia peruana. Luego de cotejar su testimonio con registros bancarios de Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, la fiscalía procedió a allanar la vivienda de Toledo. Ahí se incautó numerosos videocasetes, un teléfono satelital, gran cantidad de documentos, una caja fuerte y hasta una corona inca de oro. También se encontró 33 mil dólares en efectivo.

El lunes por la tarde, el Ministerio Público formalizó la investigación contra Toledo, por tráfico de influencias y lavado de activos. También serán investigados el empresario Joseff Maiman -amigo íntimo del expresidente, que habría facilitado sus cuentas en Londres para el depósito de las coimas- y el propio Jorge Barata. El primero como autor y el segundo como cómplice primario.

La pista de Odebrecht

Con negocios que se remontan a 1979, Odebrecht ha participado en incontables proyectos de infraestructura, que incluyen carreteras, centrales hidroeléctricas, proyectos de irrigación, vías de metro y transporte de hidrocarburos. Sus operaciones en Perú estuvieron bajo sospecha durante años, pero no fue hasta 2016 que comenzó a conocerse la verdad.

Dentro de su acuerdo con la justicia estadounidense, Marcelo Odebrecht reconoció en diciembre el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno, entre 2005 y 2014. Esta confesión involucraba los períodos presidenciales de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Como respuesta, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski presentó una modificación de la Ley de Contrataciones, para impedir que el Estado contrate con compañías corruptas.

El acuerdo reseñaba dos casos: la Interoceánica Sur -bajo sospecha desde su adjudicación, al haberse presupuestado en 800 millones de dólares pero costar cerca de 2,000 millones-, y el tramo 1 del Metro de Lima, que se licitó por 410 millones de dólares, pero terminó costando 519. En estos años, Odebrecht participó en cerca de veinte obras por un valor de más de 12 mil millones de dólares, lo que hace creer que quedaría mucha tela por cortar.

Las primeras capturas relacionadas con la empresa recayeron en tres funcionarios del gobierno de Alan García, por sobornos en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. Se trata de mandos medios y es poco probable que actuaran solos, por lo que las miradas apuntan al exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, para quien trabajaron. Solo el tiempo dirá si las pesquisas alcanzarán al expresidente García, maestro en el arte de evadir esta clase de predicamentos.

Tampoco Ollanta Humala se libra de las sospechas. Según el diario «Folha de Sao Paulo», recibió 3 millones de dólares de la constructora para financiar su campaña electoral. Esta semana, la fiscalía abrió una investigación contra su esposa, Nadine Heredia, acusándola de favorecer a la constructora en la licitación del Gasoducto del Sur. Con un costo de 7 mil millones de dólares, se trata de la obra de infraestructura más grande en la historia del país, pero quedó paralizada al cumplirse el plazo de su cierre financiero, sin que Odebrecht consiguiera crédito para llevarlo adelante o un comprador para sus acciones. Como consecuencia, el gobierno ejecutó la carta fianza más cuantiosa de la historia del Perú, y la constructora debió pagarle una penalidad de US$ 262 millones en dos cheques de gerencia.