La ‘guerra’ contra la libertad sexual llega al tribunal de paz de Colombia

El conflicto armado que golpeó a Colombia durante más de medio siglo siempre afectó con mayor intensidad a la población más vulnerable. Entre las víctimas invisibles hubo miles de personas perseguidas por su orientación sexual. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes de la guerra, cuenta desde el pasado viernes con los primeros informes que documentan casos de violencia perpetrados contra la comunidad LGBTI+ por las guerrillas y grupos paramilitares.

Más información

El Gobierno reaviva la división sobre la paz en Colombia

“A nosotros en el conflicto nos miraron como informantes. ¿Por qué? Por eso muchos de nuestra población han sido violados, ultrajados, maltratados, solo por ser gay”. Es la denuncia de una víctima de Tumaco, probablemente el municipio de la costa del Pacífico colombiano que más sufre todavía hoy las consecuencias del enfrentamiento entre las FARC y el Estado. “Somos un blanco muy fácil. Aquí hay muchos grupos armados, que son de diferentes organizaciones, tanto como el ELN como el Clan del Golfo, como la guerrilla, que hay muchos disidentes”, lamenta otro vecino, que prefiere guardar el anonimato para evitar las amenazas en la misma zona, rodeada de miles de hectáreas de hoja de coca y en disputa entre varias bandas criminales.

Las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo han analizado casos de violencia en varios departamentos. Los primeros resultados entregados a la corte transicional describen 41 episodios en Antioquia y 8 graves violaciones a los derechos humanos en Tumaco. Solo en estos dos territorios figuran en el registro de víctimas 879 personas que se identifican a sí mismas como lesbianas, gais, bisexuales o trans. "Fueron sometidas a violencia sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, desplazamiento forzado, amenazas, trabajo forzado y homicidio o feminicidio", aseguran estos colectivos.

Todos los actores del conflicto están implicados. "Dichas violencias han sido ejercidas por diferentes actores como las FARC-EP, la Fuerza Pública y las AUC (los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia) con una clara intención discriminatoria que responde a un entorno social en el que se estigmatizan las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas", señala el estudio.  "Los informes parten del concepto de violencia por prejuicio, una categoría que en este contexto permite explicar aquellas violencias que se cometen contra individuos que transgreden las normas socioculturales sobre la sexualidad, el género y el deseo", continúa la documentación presentada.

El activista Nixon Ortiz vio, aún ve, los estragos de esa persecución. "He visto caer a mis hermanos y hermanas, he visto huir a mis hermanos y hermanas de la violencia. En esa medida, esa violencia nos ha marcado a todos y a todas, pero también el Estado ha sido invisible frente a eso y a las lesbianas y a los gais también los ha tocado", relata. "No hay un registro de cuántas mujeres ha matado la violencia, cuántos gais han formado parte de la violencia", sigue. "Hay una negación absoluta de reconocer que hemos sido víctimas de la violencia. Y más en este Pacífico, donde la guerra se ensañó hacia nosotros, nos quitó las tierras, las familias. Pero también a muchas de estas personas diversas que fueron asesinadas y violadas".

A esta situación, que documenta una realidad relacionada con la guerra, que terminó con la firma de los acuerdos de paz en 2016, y la violencia derivada del conflicto, se añaden una estadísticas generales más que desalentadoras.  En solo cinco años, entre 2013 y 2017, fueron asesinadas 549 personas LGBT en el país andino. Y al menos 195 de esos casos se corresponden a asesinatos motivados por el prejuicio hacia la orientación o la identidad sexual de las víctimas. 

La JEP, que sigue funcionando en medio del debate político generado por las reformas anunciadas por el presidente, Iván Duque, resalta la importancia de estas investigaciones. De hecho, destacó, "es la primera vez que un tribunal de justicia recibe informes sobre casos de violencia contra personas LGTB ocurrida dentro de un conflicto armado". Las tres magistradas encargadas de juzgar estos hechos agradecieron a las víctimas su valentía por haber denunciado y se comprometieron "a abordar sus casos con una lupa feminista, étnica y territorial, que permita restaurar los daños sufridos". “Este informe es muy importante porque visibiliza victimizaciones de poblaciones que siempre han estado excluidas”, aseguró la magistrada Belkis Izquierdo.