Una oportunidad para parar la guerra de Yemen

Un avión de la ONU ha despegado este lunes de Saná, la capital de Yemen, con 50 heridos de guerra Huthi que van a ser tratados en Omán. El gesto, finalmente aceptado por el Gobierno que reconoce la comunidad internacional y muy celebrado por el Gobierno rebelde, desbloquea los esfuerzos hasta ahora infructuosos de Naciones Unidas para sentar a hablar a ambas partes, en guerra desde hace casi cuatro años. Nadie se hace ilusiones. El camino es aún largo y lleno de escollos. EL PAÍS ha entrevistado a los ministros de Exteriores de los dos lados del conflicto, Khaled al Yemani y Hisham Sharaf, y aunque sus posiciones no pueden ser más distintas, ambos dicen querer que el enviado especial de la ONU, Martin Griffiths, tenga éxito.

“Queremos darle todas las posibilidades al señor Griffiths, que se logre algo en Estocolmo”, asegura Al Yemani, titular de Exteriores del Gobierno en el exilio de Abdrabbo Mansur Hadi, por teléfono desde Riad. “Estamos listos para la paz porque estamos hartos de esta guerra sin sentido”, afirma por su parte Sharaf, del Gobierno de Salvación Nacional formado en Saná por Ansarullah (el movimiento de los rebeldes Huthi) y la rama del Congreso General Popular (CGP) del asesinado expresidente Ali Abdalá Saleh que apoyó la rebelión. Sobre unos y otros pende la amenaza de hambruna que acecha a casi la mitad de los 28 millones de yemeníes.

La cita es a partir de este martes en el castillo de Johannesbergs, a una veintena de kilómetros del aeropuerto de Estocolmo. Antes de ponerse en marcha, la delegación gubernamental, que encabeza Al Yemani, espera a que sus adversarios tomen el avión que Kuwait ha cedido para recogerles. “Tenemos que estar seguros de que la otra parte va a estar allí”, justifica el ministro, poniendo en evidencia la enorme desconfianza entre ellos. El pasado septiembre, los Huthi se negaron a viajar a Ginebra porque la coalición árabe que respalda a Hadi impidió la salida de sus heridos de guerra. Al frente de la delegación rebelde se encuentra ahora Mohamed Abdelsalam, el portavoz de Ansarullah.

El objetivo de las conversaciones, “consultas” las llama Sharaf, es establecer unas medidas de confianza básicas que consoliden la pausa en los combates alcanzada a mediados de noviembre y permitan negociar la transición política a la que aspira la ONU. El intercambio de los prisioneros de guerra parece el punto más avanzado. Al Yemani cifra en 600 los rebeldes en manos de las fuerzas gubernamentales, y espera la liberación de unos 4.000 detenidos de su campo, incluidos el general Mahmud al Subaihi, que era ministro de Defensa cuando los Huthi se hicieron con el poder a principios de 2015, un hermano del presidente Hadi y otros dos altos cargos presos desde entonces. Sharaf habla de “varios cientos” sin precisar. La Cruz Roja va a encargarse de gestionar el intercambio.

Ambas partes están de acuerdo en la necesidad de fortalecer el Banco Central para que pueda empezar a pagar a los funcionarios. Pero ahí acaba toda coincidencia. Mientras Al Yemani dice que el pasado viernes empezaron a abonar las pensiones de los jubilados y que pronto esperan hacer lo mismo con los sueldos del personal sanitario, Sharaf asegura que aún no se ha llevado a cabo. Este punto es crucial pues desde el inicio de la guerra, los salarios de los 1,2 millones de empleados públicos eran prácticamente la única fuente de ingresos de las familias yemeníes y hace ya 18 meses que no los reciben. Como resultado muchos maestros, médicos, enfermeras o responsables del mantenimiento de las plantas de agua dejaron de acudir a sus puestos de trabajo porque ni siquiera pueden costearse el transporte. La mayoría de los funcionarios, como de la población, vive en la zona bajo control Huthi, rodeada por fuerzas gubernamentales.

De ahí la importancia de la tercera medida de confianza: la reapertura del aeropuerto de Saná. La coalición árabe, bajo cuyo control está el espacio aéreo yemení, lo cerró al tráfico comercial hace dos años. “Es clave para la paz, si no se materializa no habrá nada que podamos llamar proceso de paz”, subraya Sharaf marcando una línea roja. Pero el otro lado desconfía, temeroso de que los rebeldes lo usen para abastecerse de armas. “Si como les propusimos hace unos meses aceptan que todos los aviones entren y salgan por el aeropuerto de Adén [bajo control del Gobierno de Hadi], mañana mismo podemos abrir el de Saná”, declara Al Yemani. “Estamos dispuestos a cooperar con la ONU para que verifique que no violamos la ley, pero no aceptamos esa condición”, responde su rival.

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Finalmente, antes de pasar a los temas mayores, en Suecia se va a abordar que “todas las partes faciliten el acceso de la asistencia y ayuda humanitaria”. El Gobierno de Hadi (y algunas ONG internacionales) acusa a los Huthi de bloquear el paso de los camiones que distribuyen los alimentos, de apropiarse de su contenido y de venderlo en el mercado negro. “Si usted va a Saná, puede verlo con sus propios ojos”, sugiere Al Yemani. “Que nos den pruebas. En todas las guerras hay gente que comete abusos; hemos pedido a la ONU que nos facilite los datos para que podamos tomar medidas”, se defiende Sharaf.

Solo si las dos partes alcanzan un consenso en estos cuatro puntos, se pasará a las negociaciones propiamente dichas. “Si no se logra nada, tendremos derecho a avanzar sobre Hodeida”, advierte Al Yemani dejando claro el riesgo del fracaso. Hodeida, el último gran puerto en manos de los rebeldes, es desde el pasado junio el principal frente activo. Dado que por sus dársenas entra el 70% de los alimentos, significa también la diferencia entre la vida y la muerte para los 14 millones de yemeníes amenazados por el hambre. Los Huthi han aceptado la gestión conjunta del puerto con la ONU, pero no retirarse de la ciudad. “Es nuestra ciudad. No vamos a dejarla en manos de sudaneses, emiratíes y saudíes”, proclama Sharaf en referencia a las tropas que apoyan a las fuerzas gubernamentales.

Si los rebeldes acusan a sus vecinos de haber desatado una guerra innecesaria, el Gobierno de Hadi ve a sus rivales como un instrumento de Irán. “Si Irán deja de intervenir en los asuntos de los yemeníes, nosotros podemos resolver nuestros problemas mañana”, defiende Al Yemani. Sharaf, por su parte, niega esa ayuda. “No estamos recibiendo ninguna asistencia de Irán, aunque no me importaría tenerla”, concede. “Hay quien afirma que algunas facciones Huthi reciben apoyo de la Guardia Revolucionaria, pero yo no lo he visto”.

Desde ambos lados se defiende que los Huthi tienen que tener una presencia política en un futuro Yemen. “Si aceptan la resolución 2216 [del Consejo de Seguridad de la ONU], son bienvenidos y veremos la forma de su participación hasta las elecciones generales”, admite Al Yemani. Pero para su Gobierno, esa resolución, que exige revertir el golpe de Estado Huthi y que este grupo entregue las armas y se convierta en un partido político, es innegociable. “No podemos aceptar que un grupo rebelde tipo Hezbolá controle el país. No somos Líbano”, insiste.

“Ya no somos una milicia. Tenemos tropas organizadas”, le responde Sharaf que insiste en que “cualquier arreglo de seguridad y entrega de armas debe aplicarse a todas las milicias y grupos militares en todo Yemen”. “No aceptaremos que el señor Griffiths establezca condiciones sólo para Ansarullah y el CGP en Saná”, resume, poniendo en evidencia la distancia que todavía tienen que recorrer las partes antes de que la esperanza que ha despertado la reunión de Estocolmo se convierta en un avance tangible para los yemeníes.