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Un estudio apunta al aumento de la inseguridad alimentaria en Grecia por el impacto de los recortes

El número de hogares sin recursos para consumir carne, pollo o pescado cada dos días se dobló del 7% al 14% entre 2008 y 2016

Álvaro Sánchez
Manifestación contra la troika y de apoyo a Grecia en 2015 en París.
Manifestación contra la troika y de apoyo a Grecia en 2015 en París. KENZO TRIBOUILLARD (AFP)

Durante la depresión que siguió al crash de 1929, muchos norteamericanos descubrieron el hambre. Uno de cada cinco niños neoyorquinos padeció desnutrición. Y como recogen los historiadores, entre los estadounidenses hubo quien sembró en terrenos baldíos, arrancó plantas del parque para comer, o volvió a casa con un puñado de cebollas silvestres. Más de 80 años después, en la versión europea de la Gran Recesión, con Grecia como principal teatro de operaciones, uno de los símbolos de la tragedia económica helena fue un adolescente de 13 años desmayado en mitad de clase en la ciudad de Heraklion, en la isla de Creta. Ocurrió en noviembre de 2011. Llevaba dos días sin apenas probar bocado y cuando desde el colegio llamaron a su madre, desempleada y sola a cargo de cuatro hijos, esta dijo que carecía de medios para alimentarlos.

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El hambre es la última consecuencia del fracaso del sistema. Tal vez por eso, el desfallecimiento de un adolescente griego en pleno aprendizaje generó en todo el país una conmoción particular. Este martes, un informe publicado por el centro de estudios Transnational Institute y FIAN International, una organización dedicada a defender el derecho a una alimentación adecuada, ha vuelto la vista atrás para evaluar el impacto de las medidas de austeridad sobre la nutrición de la población griega.

Su diagnóstico es que los masivos recortes aceptados por Atenas como contrapartida a los tres rescates financieros supusieron "una violación del derecho a la alimentación". Y señalan a dos grandes culpables: la troika, a la que acusa de ejercer una presión insoportable para sacar adelante ajustes draconianos, y el propio Ejecutivo griego, por quebrar su resistencia inicial y acabar aceptándolos.

Para avalar su tesis aportan, en 116 páginas, una riada de datos. El texto advierte de que durante la crisis griega, el aumento de los precios de los alimentos, gravados con impuestos cada vez más altos, se produjo a un ritmo mayor que en la eurozona, y vino acompañada de una caída de los ingresos que ha obligado a las familias a dedicar una porción más elevada de su presupuesto a comprar comida: los alimentos pasaron de suponer el 16,4% del gasto en 2008 al 20,7% ocho años después. Ese aumento no comportó una cesta de la compra más completa. Todo lo contrario. El número de hogares sin recursos para consumir carne, pollo o pescado cada dos días se dobló del 7% al 14% entre 2008 y 2016.

El informe constata un cambio de hábitos según el cual el precio pasó a ser el principal baremo para consumir. El reino de los productos más baratos. Y detrás de esa necesidad imperiosa de ahorro sitúa medidas de austeridad severas como la rebaja del salario mínimo y las pensiones, o la subida de los impuestos al consumo. Juntos engendraron la tormenta perfecta. "La amplia gama de medidas regresivas tomadas, combinadas con un coste de la vida en aumento son prueba suficiente de que se violó el derecho a la alimentación en Grecia", concluyen los investigadores.

Su tesis es que las medidas sociales del Gobierno griego, tales como subsidios, cheques de comida o bonos eléctricos, fallaron en su objetivo de tender una red de seguridad, especialmente en las áreas rurales. Ello propició que fundaciones privadas, organizaciones benéficas y la Iglesia llenaran ese vacío del Estado a través de bancos de alimentos, comedores de beneficiencia o tiendas para personas de bajos ingresos.

Golpe al medio rural

Sus autores hacen especial énfasis en la vulnerabilidad de los habitantes del campo. Si en 2016 Eurostat situaba al 35,6% de la población griega en riesgo de pobreza —solo por detrás de Rumanía y Bulgaria—, el documento eleva esa proporción al 38,9% en el ámbito rural. Su tasa de desempleo se mantuvo ligeramente inferior a la urbana, pero no fue ajena a los envites de la crisis: pasó del 7% en 2008 al 25% en 2013, casi el mismo porcentaje en que cayó su renta en los cinco primeros años de shock financiero. A ello se sumó la subida de impuestos, y la privatización de mercados centrales y del Agricultural Bank, la entidad que facilitaba créditos al sector en condiciones ventajosas, que endureció su política de préstamos.

Pese a hacer una narración del progresivo declive agrícola, azuzado por su fuerte dependencia de la importación de alimentos y una competencia exterior muy fuerte por parte de sus vecinos europeos tras la entrada en la UE, el estudio recalca que el sector sigue siendo clave en el tejido productivo: en 2016 sumaba el 4% del PIB y suponía un 12% de los empleos.

Nuevos estándares de vida

Grecia cumplió con las demandas de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, pero para llegar a la meta ha tenido que pagar un coste social y humano en forma de recortes en sanidad y educación, desempleo y fuga de cerebros. Tres meses después del fin de toda una era de rescates, Atenas ha vuelto a financiarse en los mercados y Alexis Tsipras lució corbata por un día como prometió. Pero con los votantes más habituados a sobrevivir con el cinturón abrochado, las voces que insisten en que no hay nada que celebrar siguen haciéndose oír. "Se nos dijo que Grecia está fuera de peligro. Pero el golpe a los estándares de vida de las familias griegas ha sido enorme", critica en el informe el belga Olivier De Schutter, antiguo relator especial de la ONU sobre derecho a la alimentación.

Los 22 trimestres consecutivos de crecimiento de la economía europea, y un escenario político más complejo dentro y fuera de la UE debido al creciente poder de los populistas Orban, Salvini, Trump o Bolsonaro, ha desviado la atención de los dirigentes comunitarios. Grecia ha dejado de estar en el candelero. Y los analistas no esperan que lo esté a corto plazo. Pero con una deuda del 180% del PIB y unas exigencias de superávit primario y crecimiento difíciles de cumplir, su vuelta a un primer plano parece cuestión de tiempo. Entretanto, nadie sabe a ciencia cierta qué rencores pueden estar larvándose bajo las cifras que hablan de precariedad e inseguridad alimentaria.

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Sobre la firma

Álvaro Sánchez
Redactor de Economía. Ha sido corresponsal de EL PAÍS en Bruselas y colaborador de la Cadena SER en la capital comunitaria. Antes pasó por el diario mexicano El Mundo y medios locales como el Diario de Cádiz. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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