Larga convalecencia

Grecia ha recibido formalmente el alta médica tras ocho años de ingreso en una unidad de vigilancia intensiva y 350.000 millones de euros comprometidos para atender sus deudas con los acreedores oficiales, pero el país sigue convaleciente. Y cuestionados los responsables de ese rescate excepcional. Que el país pueda acceder a los mercados financieros para satisfacer sus necesidades de financiación no significa que vaya a hacerlo en condiciones normales, ni que pueda descartarse una recaída en sus problemas de solvencia. La deuda pública que motivó su intervención y el rescate financiero más amplio de la historia económica ha pasado a ser del 180% del PIB, desde aquel 120% de 2010. Atender su servicio va a seguir exigiendo la asignación de una magnitud considerable de recursos públicos que no podrán cubrir necesidades esenciales de la población. Por eso el propio FMI ha reclamado quitas adicionales por parte de los acreedores.

Aquel salvamento concertado por la conocida troika —la UE, el BCE y el FMI— exigió como contrapartida la aplicación de unas severas políticas de austeridad presupuestaria que sumieron a esa economía en la mayor depresión de su historia, hasta el punto de que todavía hoy la renta por habitante está muy por debajo de la de 2010. Además de la contracción de la actividad económica, la austeridad a ultranza es la responsable del elevado desempleo y, en última instancia, de las dificultades para avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas. La lentitud de ese último, a través de la exigencia de aumento en el saldo presupuestario primario (excluidos intereses), además de costoso, no va a ser suficiente para que los inversores externos recuperen rápidamente la confianza y con ello las entradas de recursos financieros extranjeros al país con la intensidad suficiente para aliviar el servicio de la deuda. El futuro inmediato no va a favorecer la normal actividad económica en el país, dado el menor crecimiento de la eurozona y la retirada de la política expansiva del BCE.

Además de heridas económicas y sociales difíciles de cicatrizar, ese salvamento deja algunas lecciones que es necesario asimilar ante futuras crisis financieras. Los países han de llevar las cuentas públicas saneadas, y las instituciones europeas han de ser capaces de detectar malas prácticas como las llevadas a cabo por los gobiernos griegos durante tres décadas. Pero en el seno de una unión monetaria es necesario disponer de mecanismos de seguridad y de mutualización de riesgos, de solidaridad fiscal, suficientemente cuantiosos para impedir resoluciones de la crisis como la soportada por Grecia, y en menor medida otros países de la periferia de la UE. La austeridad presupuestaria indiscriminada no fue una política técnicamente adecuada, sino una forma de escarmiento irracional políticamente muy costoso. No menos importante es asumir que han de ser los acreedores los que soporten los costes de los procesos de reestructuración de la deuda, no los contribuyentes, la amplia mayoría de los ciudadanos. Esa priorización que los rescates otorgaron a los intereses de los acreedores privados frente al bienestar de la mayoría de los ciudadanos seguirá pesando sobre la legitimidad de la gestión de la crisis de la eurozona.