Justicia solo poética

Leyendo los titulares internacionales sobre la detención de Keiko Fujimori alguien no familiarizado con la política peruana debe llevarse la impresión de que la lideresa del fujimorismo ha sido encontrada en actos de narcotráfico o equivalentes. Fuera del Perú uno no es “cabecilla” de una “organización criminal” para el “lavado de activos” así nomás.

Ya cuando hay una mayor familiaridad con la realidad local, la cosa cambia. Al menos si a esa familiaridad se le suma algún intento –siempre difícil entre peruanos cuando está el polarizador apellido Fujimori de por medio-– por desapasionar la mirada.

Y es que a Keiko Fujimori no la han detenido por algo en que no hayan estado implicadas también casi todas las candidaturas importantes de las últimas campañas presidenciales (y al menos una alcaldesa de Lima): recibir dinero de un mismo donante en montos mayores a los permitidos por la ley y camuflar su origen, haciéndolo aparecer como si hubiera provenido de varios otros (falsos) aportantes. Particularmente, dinero de Odebrecht, que, por los días en que era la principal constructora de América Latina, financiaba campañas a diestro y siniestro (también en el sentido político).

Así pues, si les creemos a los mismos colaboradores eficaces de la empresa que han involucrado a Keiko Fujimori en estos actos y seguimos con el criterio de la fiscalía peruana, también fueron “organizaciones criminales” que incurrieron en “lavado de activos” las campañas de todos casi todos los antes aludidos políticos. Y los candidatos mismos, en tanto lideraron estas campañas, fueron “cabecillas” de estas organizaciones criminales de “lavado de activos”. Así como suena.

Por otra parte, no solo sucede que es general la falta por la que ha sido detenida la señora Fujimori, sino que también ocurre que no es penal. Ella y su partido son culpables de mucho, y me ha tocado ver bastante de cerca de qué tanto. Tengo aún fresco en la memoria, por ejemplo, el video en el que furibundamente amenazó a El Comercio por haber publicado lo que entonces ella negaba de forma tajante: que la excabeza de Odebrecht había afirmado a la fiscalía que había aportado a su campaña. Pero nada de eso quita que, en este caso, al estar siendo procesada penalmente y haber sido detenida, está siendo víctima de una injusticia. O, mejor dicho, de dos.

La primera es la que supone juzgar como penal –con prisión de por medio– algo que no está tipificado como tal en la ley. No declarar aportes y simular aportantes es una falta administrativa, pero no es un delito. Aplicarle a quien realiza estas conductas las figuras del lavado de activos y de la organización criminal – que, naturalmente, conllevan penas altísimas, a la medida de los delitos para las que fueron pensadas- es forzarlas de mala manera. Lo que no cambia porque se sepa ahora que las donaciones de Odebrecht venían de negocios logrados muchas veces por medio de delitos y, a menudo, también de un dinero separado especialmente para coimas. Para que ello supusiera una diferencia, habría que probar que en el momento de las donaciones ya se debía presumir que el dinero de Odebrecht, que entonces figuraba en todas las principales obras de infraestructura del Perú, provenía de la delincuencia.

La segunda injusticia es la de la prisión ¨preliminar¨, que es lo que le han dado a Fujimori. Es decir, una medida de naturaleza excepcional justificada cuando hay un fundado peligro de fuga. Peligro que en este caso el juez solo ha “probado” con un argumento clasista, que sostiene que Fujimori “tiene los medios económicos para escapar”, y con otro francamente necio, que afirma que no tiene “trabajo conocido” en el país. Una afirmación absurda cuando se considera que hablamos de la cabeza del partido que tiene la mayoría del Congreso y hasta hace poco la del apoyo ciudadano (además de quien es una segura candidata a las elecciones del 2021). Es más, en cuanto a lo laboral, puede decirse que la señora Fujimori tiene más arraigo en el Perú que muchas personas con “trabajo conocido” en el lenguaje del juez.

Veo las celebraciones por la detención “preliminar” de Keiko Fujimori y pienso que son un error como lo fueron, en su momento, las de quienes celebraron –y quienes pasamos por agua tibia– las de los Humala (dicho esto, por cierto, sin querer borrar las diferencias que su caso tenía frente a este; como, por ejemplo, el haber recibido para sus campañas dinero bolivariano que, por provenir de las arcas públicas de un país extranjero, estaba por necesidad siendo ilícitamente desviado).

Por lo menos cuando uno rechaza a un político o movimiento por principios –como lo son, por ejemplo, el respeto al Estado de derecho–, uno no avanza en la lucha contra el mismo vulnerando esos mismos principios. Más bien lo contrario: retrocede. Retrocede, porque demuestra que le importa más la derrota del adversario (o, si se quiere incluso, enemigo) que aquello que se suponía lo volvía un adversario en primer lugar. En corto: demuestra que la cosa ya no trata de principios.

Ciertamente, tampoco se avanza de esta forma la causa de la justicia. Una injusticia no se vuelve justa según a quien vaya dirigida.

En cualquier caso, es muy importante hacer notar que si el Perú está en la chiflada situación de tener a todos sus políticos principales potencial e igualmente al borde de la cárcel por dirigir “organizaciones criminales” de “lavado de activos” a causa de una extendida práctica de esconder aportes, ellos se explican en buena medida por un contexto nacional donde las instituciones de justicia (básicamente, fiscalía y el poder judicial) y las políticas (el sistema de partidos y reglas electorales) brillan por su precariedad.

Teniendo esto en cuenta, si alguna justicia se ha hecho presente en lo que está sucediendo con Keiko Fujimori ella es únicamente la poética. La justicia poética que supone el que, durante todo el tiempo en que su sola voluntad bastaba para mover al Congreso, ella no hiciese nada para realizar las tantas veces postergada gran reforma de estas instituciones. Y también, desde luego, la que se hace evidente al recordar cómo el inédito esfuerzo del presidente Vizcarra por comenzar a encarar esta reforma ha venido teniendo que realizarse en constante enfrentamiento con el partido que ella dirige.

Fernando Berckemeyer Olaechea es ex director del diario El Comercio de Lima.