Bruselas lanza un ataque sin precedentes contra la deriva autoritaria de Polonia
La Comisión pide por primera vez medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar que se consume la reforma del Supremo lanzada por Kaczynski
La escalada de tensión entre el Gobierno de Polonia y la Comisión Europea ha subido este lunes varios peldaños de golpe. Por primera vez desde que empezó el enfrentamiento en 2016, el organismo comunitario ha pedido medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para bloquear una de las reformas aprobadas por Varsovia.
Bruselas intenta evitar la consumación de los expeditivos cambios introducidos por el Gobierno polaco (controlado por el partido ultraconservador del ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski) en el Tribunal Supremo, que apuntan a la salida de 27 de los 72 jueces mediante una rebaja de la edad de jubilación (de 70 años a 65). "Queremos que los afectados sigan ejerciendo sus funciones hasta que el Tribunal europeo se pronuncie", ha señalado una portavoz oficial de la Comisión tras anunciar la denuncia.
El tremendo varapalo al Gobierno polaco llega dos semanas después de que el Parlamento Europeo aprobase un informe a favor de expedientar a Hungría por poner en riesgo los valores fundamentales de la UE. Ambos casos muestran la intención de Bruselas de endurecer la ofensiva contra los socios que han iniciado una deriva autoritaria e iliberal, un choque frontal que puede ganar en virulencia durante la cuenta atrás hacia las elecciones europeas de mayo de 2019.
El Ejecutivo polaco ha respondido este lunes que "está preparado para defender" sus argumentos ante el tribunal europeo, según una portavoz citada por la agencia PAP. "Estoy convencido de que la demanda será rechazada", ha asegurado por su parte Stanislaw Karczewski, el presidente del Senado, controlado por el partido gubernamental.
La Comisión ya había llevado a Polonia en dos ocasiones ante la Corte con sede en Luxemburgo, por la reforma de los tribunales ordinarios y por no acatar las cuotas en el reparto de refugiados. Pero nunca había pedido en este terreno la paralización cautelar de una reforma, un instrumento excepcional que el Tribunal europeo raramente concede y que se suele reservar para casos en los que pueden producirse daños irreversibles, como los relacionados con el medioambiente (hubo uno en Polonia) o con operaciones empresariales.
En el caso del Tribunal Supremo, la norma aprobada por el Gobierno polaco, controlado por el partido de Jaroslaw Kaczynski, entró en vigor el pasado 3 de abril y supone el final prematuro del mandato de varios jueces. Los afectados pueden solicitar una prórroga de su cargo de hasta tres años. Pero la concesión depende del presidente de la República, Andrzej Duda, también del partido de Kaczynski (PiS), y su decisión no admite recurso.
La única garantía introducida por Varsovia es una consulta, no vinculante, al Consejo Nacional del Poder Judicial. Pero Bruselas recuerda que la composición de ese cuerpo también viola los estándares europeos de independencia judicial. La autonomía del consejo polaco (KRS, según sus siglas) está tan en entredicho que la Red Europea de Consejos del Poder Judicial suspendió la semana pasada su derecho a participar y votar en las reuniones de ese organismo.
El ritmo frenético del expediente de Bruselas contra la reforma del Supremo también refleja la inquietud de la Comisión Europea. El organismo presidido por Jean-Claude Juncker dio el primer paso contra la reforma el pasado mes de julio, con una carta de emplazamiento a las autoridades polacas en la que se alertaba sobre la aparente incompatibilidad de la reforma del Supremo con las normas comunitarias sobre independencia judicial. Tras un segundo aviso en agosto, la Comisión ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia en solo dos meses. En los casos anteriores (tribunales ordinarios y cuotas de refugiados), transcurrió casi medio año desde la apertura del expediente hasta la denuncia en Luxemburgo.
En esta ocasión, Varsovia no solo ha hecho caso omiso de los avisos, sino que ha aprovechado los meses de verano para acelerar la reforma del Supremo, según acusa la Comisión. El objetivo del Gobierno polaco, al parecer, es completar la renovación de jueces antes de que el Tribunal europeo pueda pronunciarse. Esa fue la táctica seguida por el gobierno de Viktor Orbán en Hungría, que adelantó a los 62 años la jubilación de jueces, fiscales y notarios. El Tribunal europeo falló contra esa reforma en 2012 pero la mayoría de los afectados nunca regresaron a su puesto y debieron conformarse con una indemnización.
Bruselas intenta que no se repita la jugada en Polonia. Y solicita a los jueces comunitarios que paralicen cautelarmente la aplicación de la ley y que congelen la composición del Supremo tal y como se encontraba el pasado 3 de abril. La Comisión también pide al Tribunal un procedimiento acelerado "para obtener una sentencia definitiva lo antes posible".
Las prisas de la Comisión son evidentes. La denuncia contra Polonia se encontraba ya ultimada el pasado miércoles pero se frenó en el último momento porque al día siguiente se iniciaba una cumbre europea informal en Salzburgo. La cita en Austria podía haber permitido un último acercamiento entre Juncker y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que desactivara el expediente. Pero Polonia, según fuentes europeas, ha buscado la confrontación y la denuncia se ha hecho oficial este lunes.
Tres medidas polémicas
El Gobierno polaco mantiene una relación muy tensa con Bruselas a causa de varias de sus controvertidas iniciativas. Estas son las tres principales:
Reforma de la justicia ordinaria. La ley presentada por el partido gobernante Ley y Justicia (PiS), aprobada en julio de 2017 por el presidente, Andrzej Duda, da al ministro de Justicia la capacidad de designar y destituir a los presidentes de los tribunales de justicia ordinaria.
Reforma del Supremo. En julio de 2018 entró en vigor la nueva ley impulsada también por el PiS, que rebajaba la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia polaco de 70 a 65 años. En la práctica suponía la retirada anticipada de una veintena de magistrados, incluida la presidenta del Alto Tribunal, Malgorzata Gersdorf, quien junto a otros compañeros y rodeada de simpatizantes acudieron a trabajar como forma de protesta ante lo que consideraban una deriva antidemocrática de la separación de poderes en Polonia. Bruselas respaldó las críticas al Gobierno polaco de los magistrados y reaccionó con la apertura de un expediente a Varsovia en el que solicitaba revertir las reformas de la justicia ordinaria y del Tribunal Supremo. En un primer momento, el ultimátum dado por Bruselas a Varsovia concluía en agosto, pero las autoridades europeas ampliaron el plazo para llevar a cabo nuevas acciones hasta septiembre.
Cuota de acogida de refugiados. La Comisión europea abrió expediente en junio de 2017 a Polonia, Hungría y República Checa por negarse a acoger refugiados. Bruselas decidió abrir un procedimiento de infracción a estos países por negarse a acoger parte de los 160.000 demandantes de asilo. Unos meses después, a finales de 2017, la Comisión decidió llevar a la estos países ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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