Bruselas da un ultimátum a Polonia para que frene la reforma del Supremo

El desencuentro entre Polonia y la Comisión Europea sigue quemando etapas hacia su judicialización. Bruselas ha dado este martes un nuevo paso adelante en el proceso abierto contra Varsovia por la reforma de sus tribunales, al dar un ultimátum de un mes para que se frenen algunas medidas como la ley que rebaja la edad de jubilación obligatoria de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 65 años —y que puede implicar la salida de 27 de sus 72 jueces—. La institución comunitaria ve la nueva legislación como un atentado contra la independencia del poder judicial y una violación de las leyes comunitarias.

"La Comisión Europea mantiene su posición de que la Ley polaca del Tribunal Supremo es incompatible con la legislación de la UE dado que socava el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces", afirma la respuesta comunitaria publicada este martes.

La norma que obliga a sus miembros a la jubilación anticipada ha sido rebatida desde el propio Supremo polaco. Dicho tribunal suspendió una parte de la ley a comienzos de este mes para evitar la marcha forzosa de muchos de sus miembros, y se dirigió al Tribunal de Justicia de la UE, al que remitió cinco preguntas para que se pronuncie sobre la legalidad de las medidas. El Gobierno polaco tachó de ilegal esa acción, pero el Supremo insiste en que sus magistrados conservan su derecho a acudir a su puesto de trabajo.

Bruselas abrió expediente a Polonia por este asunto el pasado 2 de julio. Varsovia respondió por carta con sus propios argumentos: el principal motivo esgrimido por el Gobierno es que la estructura judicial del país no ha cambiado desde la era comunista y muchos de los magistrados obtuvieron su puesto durante dicho régimen dictatorial. La UE considera que esa contestación no justifica el intervencionismo del Ejecutivo en el sistema judicial. "Si las autoridades polacas no toman las medidas adecuadas, la Comisión puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE", advierte. De ser así, el proceso podría demorarse años, y amenaza con enrarecer aún más la ya tensa relación con el Ejecutivo polaco liderado por el ultraconservador Ley y Justicia (PiS).

La confrontación entre Varsovia y Bruselas rebasa el ámbito de la reforma del Tribunal Supremo. La UE activó el pasado diciembre el artículo 7 de los tratados, un mecanismo de castigo por violar el Estado de derecho nunca antes utilizado. De llevar ese instrumento hasta sus últimas consecuencias, los países miembros tendrán que decidir si retiran a Varsovia su derecho de voto en el Consejo Europeo, pero en un momento en que la crisis migratoria copa la atención, y la negociación del Brexit continúa estancada, pocos creen que se llegue al extremo de abrir un nuevo frente de inestabilidad. En cualquier caso, la retirada del derecho a voto a Polonia resulta poco factible, dado que se necesita la unanimidad de los Veintiocho. Algo impensable con Hungría embarcada en derivas similares.