El Gobierno de Polonia empieza a aplicar la ley que refuerza su control sobre la justicia
Decenas de miles de personas protestan en distintas ciudades del país contra la reforma del Tribunal Supremo, que supone la jubilación forzosa de decenas de magistrados
El Gobierno polaco, en manos del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha consagrado este martes la politización del sistema judicial. A pocas horas de que entre en vigor la controvertida reforma de la justicia, que adelanta la edad de jubilación obligatoria de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 65 años, el presidente del país, Andrzej Duda, ha dado ya el primer paso para aplicarla. Duda ha reclamado a la presidenta de este organismo, Malgorzata Gersdorf, muy crítica con el Ejecutivo del PiS, que deje su cargo y se jubile. La nueva ley, que se hace efectiva esta medianoche y por la que Bruselas ha abierto expediente a Polonia por socavar la independencia del poder judicial, puede suponer la salida forzosa de 27 de los 72 magistrados antes de que finalice su mandato.
Tras el anuncio de la salida de Gersdorf, decenas de miles de polacos han salido a la calle en distintas ciudades del país para protestar contra la reforma de la justicia. Una más de las decenas de protestas que se han producido los últimos meses pero que no han logrado torcer el brazo del Ejecutivo del PiS. Con pancartas como "Quien vulnera la Ley es un traidor a la nación", han empezado a congregarse ante el Supremo, en Varsovia en una protesta en la que está prevista la participación del expresidente y premio Nobel de la Paz Lech Walesa. También la presencia de miembros de decenas de asociaciones judiciales que quieren manifestar su apoyo a los magistrados del Supremo.
La magistrada Gersdorf, que se ha reunido esta tarde con el presidente Duda, ya ha declarado que desafiará el mandato y que irá a trabajar mañana miércoles; y como ella, otros jueces. Insiste en que la reforma del Supremo —que además de ser el organismo más alto de apelación para los casos civiles y penales determina la validez de las elecciones— es en realidad “una purga” que tiene como objetivo “dejar en reposo a grandes jueces y juristas”. La magistrada, muy crítica con el Gobierno de Ley y Justicia (PiS), se ha convertido en todo un símbolo de resistencia ante las acometidas del Ejecutivo, y sostiene que el PiS está tratando de consagrar un Gobierno de partido único y que para ello está emprendiendo medidas “aterradoras” para “intimidar” a los jueces que se opongan. La magistrada, que también es profesora universitaria, tiene 65 años, la nueva edad de jubilación obligatoria, según la reforma de la justicia; el límite antes estaba en los 70.
Además de la presidenta del Supremo, que debía ocupar esa función hasta 2020, está previsto que otros 11 magistrados sean retirados automáticamente, según declaró la portavoz del presidente, Anna Surowka-Pasek. Como Gersdorf, consideran que la reforma del Supremo vulnera la Constitución polaca y se han negado a pedir un permiso especial a Duda, como marca la nueva ley, que otorga al presidente la potestad de decidir mantener en el cargo a los magistrados, decidiendo caso por caso si estos demuestran mediante un certificado médico que tienen buena salud para seguir en su puesto. Dieciséis jueces sí han solicitado ese permiso temporal para tratar de dilatar su retirada.
La nueva batería legislativa, que entra en vigor esta noche, además amplía el número total de jueces a 120, con lo que se estima que unos dos tercios de ellos podrán ser nombrados a dedo por el partido en el poder. El PiS insiste en que la reforma del Tribunal Supremo es absolutamente necesaria para combatir la corrupción del sistema judicial y terminar con una “casta” de magistrados que “se creen por encima de la ley”.
Con este cambio legal, el PiS consagra su asalto a la independencia del poder judicial. La reforma del Supremo se suma a otras modificaciones legales con las que, desde su llegada al poder en diciembre de 2015, los ultraconservadores se han garantizado el control del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado o los medios de comunicación públicos. Una deriva autoritaria que le ha costado a Polonia duros toques de atención de la ONU, el Consejo de Europa y distintas asociaciones judiciales de la UE y de EE UU. También, por supuesto, de la Comisión Europea, que le ha abierto un expediente sancionador por estos últimos cambios —que le pueden suponer incluso sanciones económicas—, pero que ya había activado contra el Gigante del Este el llamado artículo 7 de la Unión. Es el botón nuclear que puede arrebatar a Varsovia el derecho a voto en de la UE.
No obstante, ninguno de esos métodos de presión de Bruselas ha funcionado contra el país excomunista de casi 40 millones de habitantes. El Gobierno del PiS no sólo mantiene que reformas como la del Tribunal Supremo son potestad únicamente de los Estados, también ha capitalizado ese argumento con su electorado ante el que se presenta como un partido que lucha para defender los intereses polacos contra el establishment de Bruselas.
Protestas en las calles
La de este martes se suma a las protestas que se han sucedido desde la llegada al poder del PiS en diciembre de 2015, y que se han agudizado en los últimos meses. Protestas no solo para clamar contra esta última maniobra del Gobierno nacionalista y ultraconservador, sino también contra las otras reformas con las que Ley y Justicia se ha ido garantizando el control de otros estamentos del Estado. El lunes, cientos de mujeres se concentraron en Varsovia para exigir la retirada de una propuesta de ley para endurecer aún más su draconiana ley del aborto. La semana pasada, miles se manifestaron contra la reforma del sistema educativo.
Desde que ganó las elecciones, el PiS ha emprendido una deriva autoritaria que ha dejado un país muy polarizado. El Gobierno de Ley y Justicia, dirigido por Mateusz Morawiecki pero liderado desde la sombra por el extremista Jaroslaw Kaczynski, mantiene el apoyo de las zonas rurales y de las clases medias y bajas, a las que ha garantizado un paquete de ayudas sociales. En las grandes ciudades no tiene grandes apoyos, pero la fragmentación de los partidos de la oposición le han dejado mucho camino libre, senda que además ha pavimentado a través de reformas legales para tener más opciones en las elecciones locales de noviembre.
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