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El Gobierno polaco exige a la presidenta del Supremo que desista y deje su puesto

Gersdorf ha ido a trabajar de nuevo y el presidente de Polonia envía a la jueza y a sus colegas jubilados forzosamente una 'carta de despido'

Manifestación contra la reforma de la justicia y contra el Gobierno polaco, el miércoles en Varsovia.
Manifestación contra la reforma de la justicia y contra el Gobierno polaco, el miércoles en Varsovia. AP
Varsovia (Polonia)

El Gobierno polaco intenta sobreponerse a la resistencia de la presidenta del Tribunal Supremo, Malgorzata Gersdorf, y mantiene el pulso a los jueces díscolos. Enarbolando la nueva ley que adelanta la edad de jubilación y fuerza el retiro de la magistrada y 26 de sus compañeros, el Ejecutivo ultraconservador de Ley y Justicia (PiS), ha exigido a Gersdorf que abandone su puesto. La jueza, el rostro más visible de quienes se oponen a la controvertida reforma de la justicia, ha vuelto a desafiar al Gobierno y ha acudido de nuevo a trabajar. Es una pequeña victoria para las decenas de miles de polacos que han salido a la calle estos días para protestar contra los cambios legales; pero esa sensación de normalidad ha aplacado también en cierta medida las manifestaciones, que están perdiendo fuelle.

“Espero que prime la cordura y la responsabilidad y todo se resuelva en los próximos días conforme a la ley”, ha reclamado el ministro de justicia, Zbigniew Ziobro. “Quien viola la legislación en Polonia debe tener en cuenta las consecuencias”, ha avisado en una entrevista emitida en la radio pública, en la que ha exigido a los magistrados que recurran al Tribunal Constitucional si consideran que la nueva norma, que adelanta la edad de jubilación de los 70 a los 65 años, es ilegal. Gersdorf y sus colegas, no obstante, insisten en que el alto tribunal ha perdido su independencia después de que el Gobierno modificase la ley para nombrar una mayoría de sus jueces.

También el presidente, Andrezj Duda, que no es miembro del PiS pero sí cercano al partido, ha enviado una carta a Gersdorf y a sus colegas que han sobrepasado la nueva edad legal de retiro en la que les comunica que están oficialmente jubilados, según ha informado el Gabinete presidencial. Al menos 11 son destinatarios de la misiva de despido, un documento que, según el Consejo General de la Abogacía carece de valor legal ya que, según su análisis, toda la nueva legislación es contraria a la Constitución.

Duda tiene tres semanas para decidir sobre otros magistrados que han solicitado un permiso especial para permanecer en su cargo tres años más. “Algunos piensan que con esto ganan tiempo hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la reforma”, aseguran fuentes del Supremo. La Comisión Europea, que remitió la nueva batería de medidas al alto tribunal comunitario, ha dado a Varsovia un mes para rectificar una norma que considera un ataque a la independencia judicial.

Con estas llamadas públicas, el Ejecutivo trata de aligerar el ambiente y evitar un escenario de confrontación física, que derivase en protestas multitudinarias. En un escenario de cada vez más fricción con Bruselas, y duramente criticado por organismos como el Consejo de Europa, la ONU y las organizaciones de derechos civiles el primer ministro Mateusz Morawiecki no desea imágenes como la de la policía impidiendo entrar a los jueces resistentes o acordonando la sede del Supremo, el centro de Varsovia.

Pese a las advertencias, no contemplan impedir, de momento, el paso a Gersdorf a su despacho. “Ningún ciudadano tiene prohibido el ingreso a la sede del Supremo”, indicó el viceministro de Justicia, Michal Wojcik, que insistió en que ni a la presidenta del Supremo ni al resto de los jubilados forzosos se le permitiría decidir sobre los casos.

La controvertida reforma de la justicia ha creado así un escenario de caos que no parece que vaya a resolverse. Maniobrando de nuevo para evitar su salida, la presidenta del Supremo ha declarado que mantienen sus planes de irse de vacaciones unos días, en su ausencia ha nombrado a un sustituto temporal, a quien, según la ley, el Gobierno no puede expulsar.

Tribunal partidista

En plena polémica sobre la reforma del Supremo, que favorece el control del Gobierno del poder judicial, siete magistrados del Tribunal Constitucional han firmado una carta abierta a la presidenta de esa alta institución, Julia Przylebska, en la que hablan de irregularidades y critican su trabajo. El texto aviva las alertas sobre la independencia de las instituciones. Przylebska es una de las magistradas nombradas y respaldadas por el PiS tras la reforma con la que el partido del Gobierno pasó a controlar la mayoría del Constitucional.

“Desde el principio de su mandato hemos detectado irregularidades en el sistema de elección de los miembros de los paneles judiciales en el Tribunal", escriben los jueces, uno de ellos, también fue nominado por el PiS.

Mientras, Iustitia, la asociación profesional Independiente de jueces de Polonia, ha afirmado este jueves que están estudiando llevar la reforma del Supremo al Tribunal de Justicia de la UE. “Llamamos la atención del mundo sobre el intento de golpe a la Constitución”, ha declarado su presidente, Bartlomiej Przymusinski, que se ha puesto a la cabeza de las protestas: “El siguiente paso será una demanda ante el Tribunal de la UE, y estamos listos para regresar y protestar en la corte en cualquier momento".

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