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La presidenta del Supremo polaco desafía al Gobierno y acude a trabajar

El Ejecutivo ultraconservador obliga a jubilarse a un tercio de los magistrados del tribunal, reforzando su control sobre el Poder Judicial

La presidenta del Supremo polaco, Malgorzata Gersdorf, acude a trabajar este miércoles.

Con un gesto tan cotidiano como el de ir a trabajar, la presidenta del Tribunal Supremo de Polonia, Malgorzata Gersdorf, ha desafiado este miércoles al Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia. La magistrada y al menos una decena de sus compañeros se niegan a aceptar cabizbajos la controvertida reforma de la justicia, que hoy les ha jubilado anticipadamente, reforzando el control del Ejecutivo sobre el poder judicial. Una reforma que le ha costado a Polonia un nuevo choque con Bruselas, esta vez a través de un expediente sancionador de la Comisión Europea, que considera que las medidas vulneran la independencia judicial. Apoyados y jaleados por decenas de miles de personas, la presidenta del Supremo y los magistrados han pasado a encabezar la incansable resistencia a la deriva autoritaria del Gobierno.

Con una rosa blanca en la mano y flanqueada por numerosos simpatizantes y de varios de sus compañeros magistrados, la presidenta del Supremo entró con paso firme en la sede de este organismo en Varsovia. Gersdorf es la primera de los jueces de este tribunal que ha recibido el aviso explícito para que acate la nueva ley, que rebaja la edad de retiro obligatoria de los miembros del Supremo de los 70 a los 65 años; los que tiene la jueza. "Mi presencia no trata de política, estoy aquí para defender el Estado de derecho”, declaró entre aplausos la magistrada, cuyo mandato debía expirar en 2020. A su alrededor decenas de pancartas rezaban: “Estamos con vosotros”, “los jueces son inamovibles”, “libertad, igualdad, Constitución”.

La presidenta del Supremo y un buen número de sus colegas afirman que la batería de leyes activada ayer no es más que una forma de “purgar” a los jueces incómodos para Ley y Justicia (PiS). La polémica reforma, por la que Bruselas ha abierto un expediente sancionador a Polonia, no sólo fuerza la salida de 27 de los 72 jueces del Supremo, además amplía el número de sillones de la Cámara, con lo que tanto los magistrados que relevarán a los retirados como los nuevos pueden ser elegidos a dedo: el Ejecutivo ya tiene el control del Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a los jueces.

La nueva ley permite al presidente del país, Andrzej Duda, otorgar exenciones a la jubilación obligatoria, una fórmula para dilatar los plazos. Pero Gersdorf y al menos una decena de sus compañeros se han negado a solicitarla. Mantienen un pulso contra el Ejecutivo porque consideran que toda la reforma es contraria a la Constitución, por lo que este miércoles, aunque no hubiesen recibido una ‘carta de despido’, estaban legalmente jubilados. “La Constitución debe respetarse porque se basa en los valores fundamentales de Polonia; y los valores, a diferencia de las personas no cambian”, ha recalcado la magistrada Gersdorf. Pese a que anteriormente había dicho que se iría de vacaciones, con lo que el ambiente podría relajarse, su gesto ha alimentado un nuevo y dramático enfrentamiento entre el PiS y sus detractores y deja una Polonia cada vez más polarizada.

A última hora de la tarde, decenas de miles de personas han vuelto a salir a la calle por tercer día consecutivo en varias ciudades polacas para protestar contra la reforma y apoyar a los magistrados del Supremo. Portando pancartas con la palabra 'Constitución' o 'Bruselas, Varsovia, una misma lucha', se han congregado frente a la sede del Supremo en Varsovia. Allí, ante una enorme bandera azul estrellada de la Unión Europea y otra blanca y roja de Polonia, que sujetan decenas de ciudadanos, el histórico líder del sindicato de lucha contra la dictadura comunista Solidaridad, antiguo jefe de Gobierno y premio Nobel de la Paz Lech Walesa ha clamado contra las reformas del PiS.

Lech Walesa en la manifestación contra la reforma de la justicia, este miércoles en Varsovia. En vídeo: Walesa asegura que la nueva legislación de Polonia podría conllevar una guerra civil

"Los que violan la Constitución son criminales. Si cedemos con los tribunales, esto continuará. Tenemos que hacer todo lo posible para defender la independencia de la justicia", ha declarado Walesa entre aplausos y gritos de apoyo. "He venido aquí a defender la paz", ha añadido el exmandatario, a quien el Ejecutivo del PiS considera uno de sus enemigos y a quien ha tratado de desprestigiar en sucesivas ocasiones. A su alrededor, muchos ciudadanos cantaban el himno nacional, Polonia aún no se ha perdido. "Polonia aún no ha sucumbido. Mientras permanezcamos, lo que el enemigo ha tomado por la fuerza, espada en mano, lo recuperaremos".

Control judicial

El PiS ha buscado durante años controlar el sistema judicial para garantizarse cada vez más poder. Tras su llegada al Gobierno, en diciembre de 2015, el partido ultraconservador y nacionalista, ha tomado el control del Tribunal Constitucional, del Ministerio Fiscal y de los medios de Comunicación Públicos. Con la última reforma, la del Supremo, se garantiza control sobre un organismo clave, ya que en Polonia (40 millones de habitantes) ejerce de corte de apelación de todos los tribunales locales y regionales, además de determinar la validez de todas las elecciones.

Pese a las críticas internacionales, no sólo de la Comisión Europea, sino también de la ONU, del Consejo de Europa y de decenas de expertos juristas internacionales, el Gobierno de Mateusz Morawiecki, justifica que el cambio es necesario para “acabar con la corrupción” en el sistema de justicia, que todavía vive “con hábitos del comunismo”, también para desalojar a magistrados que “que han dictado sentencias vergonzosas” y que se han convertido en “una casta por encima de la ley”. Ayer, en un discurso en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el primer ministro polaco defendió la reforma y volvió a incidir en esa idea de la “casta”. A pocos se les olvida que hace un año la magistrada hoy símbolo de la resistencia, ha tenido en el pasado ese halo de la “arrogancia de las élites” de la que tanto habla el PiS. Gersdorf afirmó que con su sueldo de unos 2.500 euros al mes se vivía regular en Varsovia, un comentario que sentó pésimamente en un país en el que ese salario supone casi cinco veces el salario mínimo.

El primer ministro Morawiecki, recalcó que el Gobierno tiene potestad para reformar la ley como lo desee y que Polonia está a la vanguardia de una “ilustración democrática” en Europa. Mientras las protestas se suceden en Varsovia y otras grandes ciudades de Polonia, el extremista Jaroslaw Kaczynski, líder del PiS y considerado el verdadero gobernante en la sombra, ha insistido en que ni Bruselas ni los manifestantes torcerán el brazo al Ejecutivo. En una entrevista a un medio cercano a su partido, afirmó que la presidenta del Supremo y sus compañeros están “condenados a fracasar miserablemente”, y avisó: “Observo estas hazañas con calma”.

Un mes para retractarse

Decenas de personas apoyan a la presidenta del Supremo y el resto de magistrados, este miércoles en Varsovia.
Decenas de personas apoyan a la presidenta del Supremo y el resto de magistrados, este miércoles en Varsovia. REUTERS

Dentro de la reforma legal también se contempla la creación de una cámara disciplinaria para juzgar el trabajo de los magistrados dependiente del Gobierno. Un organismo que podría incluso reabrir casos ya juzgados y que los jueces ven como un elemento de intimidación. Una opinión que comparte la oposición. Polonia tiene un mes para dar marcha atrás a su batería de medidas, si no lo hace se arriesga a que el expediente sancionador impuesto por la UE acabe en una multa económica. Por ahora no parece que vaya a hacerlo. Tampoco le ha importado hasta el momento ser el único país que esta bajo la lupa del llamado artículo 7 de a Unión por sus desmanes antidemocráticos, una formula que puede llegar a dejarle sin derecho de voto en el club comunitario.

El conflicto ha aislado a Polonia dentro del club comunitario, donde la mayoría de los Gobiernos (a excepción de algunos países del Este capitaneados por la Hungría de Viktor Orbán) son críticos con las decisiones de Varsovia.

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