Bruselas obligará a las tecnológicas a borrar contenidos terroristas

Los ataques de Londres y Barcelona, todavía bajo investigación, han servido de recordatorio a los europeos de que el terrorismo sigue existiendo tras unos meses de relativa tranquilidad. En medio de esa aparente tregua, Bruselas no baja la guardia, y apunta ahora al frente tecnológico para tapar las grietas por las que se cuela la propaganda extremista.

La Comisión Europea impulsará a la vuelta del verano una ley para forzar a las principales plataformas de Internet a actuar con celeridad para eliminar vídeos, audios o mensajes de odio publicados en sus páginas.

Bruselas ya vigilaba ese flanco, no en vano muchos de los llamados lobos solitarios que han atentado en Europa entran en contacto con otros radicales a través de Internet. Hasta ahora, la relación con las tecnológicas en un asunto tan delicado se basaba en la buena fe. El Ejecutivo comunitario mantiene desde 2015 un acuerdo con las compañías, pero había evitado enredarse en la maraña legislativa. Gracias a ese pacto, las empresas de Internet eliminan hoy casi el 70% de los discursos ilegales notificados, y en cuatro de cada cinco casos esa retirada se produce en menos de 24 horas.

Bruselas quiere más ambición. La Comisión estima que los primeros instantes son claves para frenar su difusión, dado que una vez diseminados, resulta casi imposible controlar a cuántos dispositivos ha llegado. Con la nueva ley, que deberá ser ratificada por la Eurocámara y los países miembros, las tecnológicas tendrán que borrar las publicaciones que promuevan el terrorismo o la violencia en el plazo de una hora desde que las autoridades policiales o Europol les adviertan de su existencia. Los instrumentos de castigo para los incumplidores todavía no han trascendido, pero las más que probables multas acabarán con la impunidad de que hasta ahora gozan las firmas que abordan la cuestión con más laxitud.

Falta de celeridad

Está por ver si la Unión Europea toma como modelo la aproximación alemana, que ya cuenta con una ley al respecto. Berlín multa con hasta 50 millones de euros a aquellas compañías que no hayan eliminado contenidos ilegales en un plazo máximo de 24 horas. Ese es otro de los motivos que ha llevado a la Comisión a actuar: Bruselas no quiere que cada país regule el fenómeno por su cuenta, y en su lugar aspira a conseguir un marco común.

“Daesh (nombre despectivo en árabe del ISIS) está perdiendo cada vez más terreno. Pero aún no ha perdido la batalla de las ideas, especialmente en Internet, donde la propaganda terrorista continúa intentando ganarse los corazones y mentes de jóvenes influenciables”, advierte a este diario el comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos.

El movimiento de la Comisión no ha tomado por sorpresa a las plataformas de Internet, dado que ha venido precedido de numerosas advertencias. “Si la industria no actúa rápido, lo haremos nosotros”, reprendió en enero Bruselas, molesta con su falta de agilidad. La Comisión ha insistido en que las compañías de mayor tamaño no solo han de vigilar sus propias páginas, sino también ayudar a plataformas pequeñas que no disponen de recursos para analizar la información que entra en sus servidores, y reclama más presencia humana para supervisar el trabajo de los filtros automatizados, no siempre eficaces.