Bruselas exige a los gigantes de Internet más implicación para retirar contenido ilegal

Los mensajes que incitan al odio —o directamente al delito— proliferan con fuerza en el universo de Internet. Empresas como Twitter, Apple o YouTube tratan de frenar esos contenidos, pero Bruselas les exige mayor implicación para rebajar la magnitud del problema. La Comisión Europea amagó este martes con presentar normas que obliguen a estas firmas a detectar y retirar mensajes ilegales. “Si la industria no actúa rápido, lo haremos nosotros”, advirtió.

Los poderes públicos observan con impotencia cómo las redes sociales y otras herramientas de Internet propagan con eficacia contenidos ilegales. Convencidos de que solo la colaboración de las empresas puede suavizar el problema, los responsables de la Comisión Europa constituyeron en 2015 un foro con los grandes representantes del sector. Dentro de ese marco, seis comisarios del Ejecutivo comunitario se reunieron este martes en Bruselas con altos cargos de 22 compañías, entre ellas Amazon, Apple, Facebook, Twitter, Google, Instagram o YouTube.

El encuentro concluyó con la voluntad de seguir profundizando en la vía voluntaria, pero en la Comisión crecen las voces partidarias de aprobar normas vinculantes que obliguen a las plataformas a retirar con celeridad mensajes que inciten al odio. “El contenido terrorista ilegal ha incitado a cometer demasiados atentados. Discutimos con la industria la necesidad de actuar más rápidamente. Si es posible, de manera voluntaria, pero si no, miraremos otras medidas”, advirtió el comisario de Seguridad, Julian King. “Los contenidos [ilegales] deberían retirarse en una o dos horas”, concretó Dimitris Avramopoulos, responsable de Interior en el brazo ejecutivo de la UE.

La reacción de las empresas ha mejorado en los últimos meses. Las compañías retiran los contenidos denunciados en el 59% de los casos, según datos de la última evaluación realizada en junio en 24 países europeos. Aunque supone un salto significativo respecto al 28% registrado en junio de 2016, Bruselas considera los resultados insuficientes. “El avance registrado no basta para proteger a nuestros ciudadanos”, concluyó la Comisión en un comunicado. Sus responsables instan a las empresas a invertir más en la detección automática de estos contenidos para que su permanencia online sea mínima. Los datos de junio revelan que solo la mitad de los contenidos denunciados —por poderes públicos o por otras organizaciones— se retiraron en menos de 24 horas.

España a la cola

El estudio arroja enormes disparidades en función del país analizado. Mientras que en Hungría se retira un 94% del contenido denunciado, España se coloca, con solo un 17%, a la cola de la receptividad a este tipo de demandas. Alemania y Francia, dos de los países que más activos se han mostrado frente a este problema, registran altos niveles de cumplimiento (alrededor del 80%).

El racismo, la xenofobia, el odio a los musulmanes y, en menor medida, a los judíos copan las denuncias de contenido ilegal por Internet. Alrededor del 80% de los casos incurre en alguno de esos delitos.

Precisamente la iniciativa alemana de multar a las compañías que rehúsen bloquear con celeridad los comentarios injuriosos o falsos ha avivado el debate en el seno del Ejecutivo europeo. También el reciente proyecto francés para luchar contra las noticias falsas anima a endurecer la estrategia. La comisaria de Justicia, la liberal checa Vera Jourová, defiende el enfoque voluntario, pero no se cierra a otras opciones. Esta responsable presentará los resultados de la última evaluación sobre contenidos ilegales la próxima semana. Pocos días después, los discutirá con los ministros europeos del ramo para decidir si hace falta adoptar más medidas.

Las compañías temen una regulación restrictiva sobre contenidos ilegales. La reunión de este martes las coloca, de momento, en la tesitura de tratar de agotar el enfoque voluntario, pero saben que Bruselas se reserva el derecho de actuar. Como argumento a la falta de reacción inmediata, los gigantes de Internet alegan la necesidad de verificar cada caso denunciado para no incurrir en vulneraciones de la libertad de expresión.