Tuits racistas de la ultraderecha alemana encienden el debate de la ley contra el odio

La ultraderecha alemana ha demostrado en lo que va de año una considerable capacidad para dispararse a los pies, a golpe de exabruptos racistas vía Twitter. Inauguraron el ciber-escándalo los comentarios islamófobos colgados en la red social por una dirigente de Alternativa para Alemania (Afd) a principios de semana. El miércoles, un diputado de Afd volvió a rociar de gasolina la red social al llamar "medio negro" a un hijo de Boris Becker, la leyenda del tenis alemán.

Los comentarios han reavivado el dilema político acerca de cómo lidiar con partidos extremistas, pero también ha dado pie a un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y la idoneidad de la ley alemana que obliga a las redes sociales a borrar contenidos ilegales y que acaba de entrar en vigor.

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"El pequeño medio negro parece haber recibido demasiada poca atención. Su comportamiento no puede explicarse de otra manera". Ese ha sido el mensaje tuiteado desde la cuenta de Jens Maier, uno de los 92 diputados de Afd con escaño en el Bundestag. Maier reaccionaba a una entrevista en la que Noah Becker, de 23 años, consideraba que en Alemania hay racismo y que él había sido atacado por tener la piel oscura.

Preguntado por el diario Bild, Maier, considerado representante del ala dura de la formación, explicó que él no era el autor del tuit y que el mensaje lo había escrito un empleado suyo. Hechos y explicaciones aparte, el daño estaba hecho. El propio jefe de filas de Afd, Alexander Gauland, se vio obligado a pronunciarse al trascender la nueva polémica. "Ese no es mi estilo", aseguró. El abogado de la familia Becker estudia ahora emprender acciones legales contra el diputado.

El tuit de Maier, que el mismo miércoles fue borrado, nació poco después de que Beatrix von Storch, destacada dirigente de la formación ultraderechista inaugurara la nueva ley que obliga a Facebook y a Twitter a eliminar de forma expeditiva –en 24 horas- los mensajes de odio que se publiquen en sus páginas. La norma, una rareza en el contexto europeo, impone multas de hasta 50 millones de euros en caso de que las empresas ignoren sistemáticamente los comentarios "claramente ilegales", de contenido racista, sexista, neonazi u homófobo que se cuelguen en sus páginas.

La policía de Colonia denunció a Von Storch, después de que publicara un tuit en el que hablaba de "hordas de hombres musulmanes dispuestos a ejercer la violencia en grupo". Von Storch reaccionaba con su tuit a un mensaje que la policía de Colonia había publicado en árabe en el que deseaba una "pacífica y respetuosa" entrada del año. Hace dos nocheviejas, grupos de jóvenes asaltaron y agredieron sexualmente a mujeres en la ciudad alemana.

Twitter borró el mensaje de la política por considerarlo ilegal. La red social borró también otro mensaje similar de Alice Weidel, líder del partido ultraderechista. Tanto Von Storch, como su formación, sostienen que la ley alemana contra el discurso de odio, la llamada NetzDG, es una herramienta del Gobierno para censurar contenidos contrarios a sus intereses políticos.

Victimismo

Pero más allá de la ya clásicos argumentos victimistas de los partidos protesta como Afd, la nueva ley alemana ha suscitado críticas procedentes de diversos frentes, incluidas las propias redes sociales. "No creemos que la ley sea constructiva porque no debería ser el sector privado e que decida qué es legal o ilegal. Eso le corresponde a los tribunales", estimaba el verano pasado Martin Ott, jefe de Facebook en Europa, en una entrevista con el periódico Handelsblatt. Los críticos sostienen que las empresas tenderán a eliminar innecesariamente contenidos de forma preventiva por miedo a enfrentarse a multas millonarias.

La Asociación de Periodistas alemanes condenó el miércoles el bloqueo de la cuenta de la revista satírica Titanic, que precisamente parodió la infracción de Von Storch. "Con la censura contra Titanic ha sucedido exactamente lo que habíamos anticipado sobre esta ley", indicó el presidente de la asociación Frank Überall en un comunicado. "Que una empresa privada con sede en Estados Unidos determine los límites de la libertad de expresión en Alemania supone una cesión de nuestros derechos fundamentales", añadió.