El Gobierno de Trump dice a las ONG que busquen ellas a los deportados separados de sus hijos

El Gobierno de Estados Unidos considera que no es su responsabilidad encontrar a los cientos de migrantes que fueron deportados sin sus hijos para reunirlos con ellos. Deberían ser las ONG que han denunciado la situación en los juzgados, argumenta Washington, las que utilicen sus recursos para encontrar a esas personas, devueltas a sus países tras ser separadas de sus hijos en medio del caos provocado por el propio Gobierno y su política de “tolerancia cero en la frontera”.

Este argumento del Gobierno de Donald Trump fue presentado por escrito el jueves por la tarde ante el juez de San Diego que ordenó a finales de julio reunificar a todas estas familias antes de un mes. El plazo fue incumplido por la Administración el pasado 27 de julio. De los más de 2.500 niños que fueron separados de sus padres tras cruzar en familia la frontera de forma irregular, solo 1.442 han sido devueltos a sus progenitores, según datos del propio Gobierno presentados al juzgado en esa fecha.

Un total de 711 niños permanecen en el sistema de acogida de EE UU, clasificados como “no acompañados” tras haber llegado acompañados de sus padres. De ellos, 431 no han podido ser reunidos con sus familiares porque estos fueron deportados de vuelta a sus países.

“Los abogados de los demandantes deberían usar sus considerables recursos y su red de firmas de abogados, ONGs, voluntarios y otros, junto con la información que los demandados han proporcionado (o van a proporcionar pronto) para contactar posibles afectados en otros países”, reza el argumento del Gobierno de Trump presentado ante el juez. Asimismo, dice que los demandantes son responsables de asistir legalmente a cada uno de esos deportados para saber si quieren reunirse con sus hijos y proveer toda la información necesaria para la reunificación.

Los demandantes en este caso son la Unión Americana por los Derechos Civiles, la organización de derechos civiles más importante de Estados Unidos, en representación de todos aquellos que han sido afectados por la política de separación de familias migrantes que el Gobierno viene aplicando informalmente desde el otoño pasado. A partir de mayo, se convirtió en una política abierta de “tolerancia cero”.

Bajo ese término, lo que hizo el Gobierno fue procesar por lo penal a todos los adultos que cruzaran la frontera, sin excepción. De esa forma, las familias debían ser separadas, pues los menores no pueden estar más de 20 días detenidos. Este nuevo criterio provocó un caos en los servicios fronterizos, con padres separados de sus hijos en prisión o deportados y, por otro lado, menores repartidos por el sistema de acogida como si hubieran llegado solos a la frontera. En algunos casos, son tan pequeños que no saben hablar o no saben sus apellidos. Trump revirtió esta política ante el escándalo unánime.

Tras presentar ACLU una demanda en un juzgado de San Diego en nombre de dos mujeres separadas de sus hijos, el pasado 26 de junio un juez de San Diego ordenó al Gobierno reunir a los más de 2.500 niños separados de sus padres antes de un mes. Tras un primer momento en que el Gobierno aseguró que sabía dónde estaban todos esos menores y sus padres, pronto se hizo evidente que había muchos casos que no era fácil rastrear. El escrito presentado el jueves por la noche es una oferta de plan para cumplir la orden por parte del Gobierno. Las partes se verían con el juez de nuevo el viernes por la mañana.

En su parte del escrito, ACLU se queja de que tiene que estar constantemente pidiendo información al Gobierno para poder cooperar en la reunificación de familias y que la Administración no está tomando la iniciativa en este sentido. Por ejemplo, el Gobierno no les ha dado números de teléfono para buscar a los deportados. Solo el día antes les dio una lista de direcciones. Además, hay al menos 12 padres que tienen sus propios abogados y que ya están en contacto con el Gobierno para recuperar a sus hijos y la Administración Trump no ha informado de quiénes son.

ACLU afirma que hace falta “trabajo de detectives” para encontrar a estas personas en sus países de origen. A veces, porque se esconden de la justicia. Además hay lagunas en la información dada por el Gobierno. Según el escrito, en la lista hay muchos casos en los que la dirección que pone es “en custodia” o “no aportada” o son direcciones de centros de detención en EE UU y por tanto inútiles para buscarlos en sus países.