“Vamos a arriesgarnos a ir a Estados Unidos, no podemos volver atrás”

Hace falta algo más que Donald Trump para meterle miedo a Rafael Castillo. El pasado 2 de mayo, a la hora de comer, terminó su jornada cortando limones en un campo de Apatzingán, Michoacán. Después de saludar a sus padres, se dirigía a su casa cuando recibió una llamada: “Acaban de matar a tus hermanos”. Unos pistoleros habían acribillado a dos de sus hermanos delante de sus padres. Rafael había salido de allí 10 minutos antes. Los velaron y enterraron esa misma tarde. Por la noche, le esperaban camionetas con hombres armados en su casa. Una amiga de su esposa les compró inmediatamente billetes de avión a Tijuana para ellos y sus tres hijos, a donde llegaron con lo puesto el 3 de mayo.

Castillo, de 44 años, contaba su historia este lunes acompañado de esposa, Georgina Ayala, y sus hijos en el refugio Juventud 2000, uno de los que acogen en Tijuana migrantes que esperan a pasar al otro lado. Ellos huyen de la violencia en Michoacán, otros de las pandillas de El Salvador, otros simplemente de la miseria. En más de 50 tiendas de campaña en una nave con techo de aluminio, 107 personas el lunes aguardan su turno para presentarse en el puerto de entrada de San Ysidro, California, y pedir a Estados Unidos que les dé una oportunidad. Vienen familias completas. Hay decenas de niños.

Estas familias llegan a la frontera con Estados Unidos en un momento en que el país trata de disuadir la inmigración atacando a los niños. El Gobierno de Donald Trump, a través del fiscal general, Jeff Sessions, ha ordenado que a todo el que trate de cruzar ilegalmente se le impute un delito (hasta ahora eran procesados por vía administrativa). A esto se le llama “tolerancia cero”.

La consecuencia es que los migrantes son enviados a prisión antes de ser deportados y, como cualquier adulto en prisión preventiva, no pueden estar con sus hijos, que pasan a custodia de los servicios sociales del Gobierno. En la práctica, el Gobierno de EE UU está separando a las familias para disuadir la llegada de inmigrantes, según confesión propia. El país se encuentra sumido en una grave polémica, al más alto nivel político, sobre los derechos humanos de los inmigrantes.

Es pronto para saber si la disuasión está funcionando. Pero en Tijuana, el lunes, no. “Vamos a correr el riesgo. Regresar hacia atrás a Michoacán no podemos. Vamos a ver qué pasa”, decía Castillo. “Regresar es entregarse” a los asesinos, añadía Ochoa. En teoría, estas familias van a hacer lo que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dice que tiene que hacer todo el que quiera entrar en el país. Presentarse en un puerto de entrada y exponer su caso para pedir asilo. Ni se plantean cruzar ilegalmente, decían el lunes. Sin embargo, algunos abogados de inmigrantes indican que no tienen en absoluto garantizado seguir juntos al otro lado, ni ser deportados juntos.

Por este mismo refugio de Tijuana pasó a principios de mayo parte de la llamada caravana migrante, un grupo de 400 personas que llegaron juntas desde Centroamérica. Hicieron lo mismo que cientos de personas cada día, exponer su caso en la garita y pedir asilo. Alex Mensing, asesor legal y coordinador de aquel grupo de migrantes, asegura que en seis casos los niños fueron separados de sus padres sin explicación por parte de la policía de inmigración. Una de las razones para esto puede ser que la policía no crea que sean una familia real (un protocolo para descubrir coyotes que están traficando con niños). “Todos llevaban partidas de nacimiento de los niños y declaraciones juradas”, asegura Mensing. La cantidad de familias separadas tras entrar legalmente es inusual, asegura.

El margen de interpretación de las leyes de asilo y de inmigración es muy amplio, y el Gobierno de Estados Unidos está decidido a reducir esta discrecionalidad obligando a aplicar siempre la posibilidad más restrictiva. “No hay ninguna garantía de que a esas familias de Tijuana no las vayan a separar”, dice Alex Mensing, a pesar de entrar en el país exactamente como les ha pedido Jeff Sessions que lo hagan.

Incluso aunque la separación no sea definitiva y eventualmente la familia se reúna, deben saber que los adultos pueden estar “hasta 8 o 10 meses” en detención esperando una decisión mientras los niños están por separado bajo custodia de los servicios sociales. Hay quien no lo soporta y pide que le deporten, asegura. De aquella caravana, que entró el 5 de mayo, unos 50 adultos siguen hoy detenidos separados de sus hijos.

Las historias de los migrantes revelan al menos dos factores que hacen que la disuasión no funcione. Primero, que algunos sí pasan con sus hijos y se quedan. Y mandan fotos al otro lado que llenan de esperanza a los demás. La otra, que todo lo que hay hacia atrás es peor. Carmen, que lleva en brazos a su hija Amber, de 10 meses, huyó de su barrio de San Salvador porque un miembro de la Mara 18 se encaprichó con ella y la amenazó de muerte si no se iba con él. Está en Tijuana con su marido, Josué, y sus tres hijos para pedir asilo. Ha oído de la política de Trump. “No me hace cambiar de opinión. Si mis hijos se quedan allí (y a ella la deportan) tengo la esperanza de volverlos a ver. En mi país solo me espera la muerte”.

"La gran mayoría están enterados", de la separación de familias, dice José María García Lara, director de este albergue. "A pesar de ello, tienen la intención de cruzar". Incluso los que saben que su caso no califica para ninguna protección y se van a muchos kilómetros de Tijuana para tratar de entrar ilegalmente. "Les importa más la necesidad de seguridad que tienen que lo que les pueda pasar. Yo me resigné. Es así. Imagina que tu familia estuviera en riesgo, esta sería la forma lógica de pensar de cualquiera".

Como dice Alex Mensing, la disuasión “funcionaría si pudiéramos hacerles cosas que fueran peores que aquello de lo que huyen. Pero entonces, ¿qué queremos ser? ¿Peores que las maras?”.