Alud de críticas a la Casa Blanca por separar a niños de sus padres sin papeles

La separación de los niños de sus padres sin papeles al cruzar la frontera de Estados Unidos, una medida decidida por el presidente, Donald Trump, ha desatado un alud de críticas de la clase política (tanto demócratas como notables republicanos) y un rechazo frontal de Naciones Unidas. El mandatario, que hace bandera de su cruzada contra la inmigración irregular, insistió este lunes en la línea dura. “Estados Unidos no será un campo de migrantes, no será un centro de acogida de refugiados. No bajo mi mando”, enfatizó.

Bajo el mandato de la “tolerancia cero”, el Gobierno de EE UU ordena desde la primavera que todo aquel que trate de entrar en el país de forma ilegal debe ser procesado. En tanto que los menores no pueden entrar en las prisiones de adultos, son separados de sus familiares y recluidos en otros centros. Casi 2.000 niños han sido separados de sus familias en tan solo seis semanas buscando un efecto disuasorio ante quienes planean entrar.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, calificó este lunes de “abuso infantil” esta práctica y añadió: “La idea de que cualquier Estado intente disuadir a los padres infligiendo tal abuso en los niños es inadmisible”.

Jeb Bush, excandidato presidencial republicano, abundó en que los niños “no deberían utilizarse como instrumento de negociación” y pidió al Gobierno que acabe con esta política “sin corazón”. “El Congreso deberá llegar a un acuerdo sobre inmigración que reforme el sistema de asilo, refuerce la seguridad y abra un camino para la ciudadanía de los dreamers [soñadores]”, los migrantes que llegaron sin papeles siendo niños y han crecido en EE UU, añadió.

Pero Trump negocia con rehenes. Como ha hecho con los dreamers, utiliza la separación de los padres como mecanismo de presión contra los demócratas —y los propios republicanos— para forzarles a una nueva legislación migratoria que, además de ser más restrictiva, incluya fondos para el muro con México. El mandatario espera que sus arengas contra la entrada irregular de extranjeros le reporte la popularidad que ya cosechó con este discurso en la carrera presidencial.

La cuestión es si está apretando demasiado las tuercas y tocando una fibra demasiado sensible. La entrada en escena de una ex primera dama republicana como Laura Bush puede dar que pensar a muchos miembros del partido que en noviembre se juegan un escaño en la renovación parcial del Congreso. La esposa de George W. Bush publicó el domingo en The Washington Post un artículo muy duro contra la política de Trump. “Vivo en un Estado limítrofe [Texas]. Valoro la necesidad de proteger y hacer cumplir la ley en nuestros fronteras internacionales, pero esta tolerancia cero es cruel. Es inmoral. Y me rompe el corazón”, escribió.

Su marido, el expresidente George W. Bush, se enfrentó a repuntes de migración irregular y reforzó la persecución de sin papeles con un programa en 2005 que incluía procesamientos y acelerar las deportaciones, pero los adultos con niños solían beneficiarse de excepciones. El demócrata Barack Obama se sirvió de ese programa, aunque lo suavizó. Ninguno de los dos llevó a la práctica la separación de familias.

Muchos republicanos, aparte de los Bush, han levantado la voz contra esta medida, desde Paul Ryan a Susan Collins, pasando por John McCain y otros muchos otros. Incluso la primera dama, Melania Trump, que rompió el domingo su habitual silencio para pronunciarse a través de su portavoz con un doble mensaje en el que se desmarcó de la política del presidente, pero también instó por igual a los dos partidos a lograr una “reforma migratoria satisfactoria”. “Necesitamos ser un país que siga todas las leyes, pero también un país que gobierne con el corazón”, afirmó.

La Casa Blanca pone la responsabilidad en el Congreso. Los republicanos han preparado un borrador de legislación que no solo pone negro sobre blanco la mano dura defendida por Trump para la inmigración irregular, sino que también pretende poner coto a las entradas legales.

El presidente no ha dejado clara aún su opinión al respecto, pero en su punto de mira figura desde el principio la gran promesa de su campaña electoral en 2016: un muro en México que requiere un presupuesto de 25.000 millones de dólares.