La tormenta perfecta que azota Colombia

La imagen de bienvenida es un campamento militar improvisado junto a la pista de aterrizaje del pequeño aeropuerto. Las tiendas de campaña instaladas bajo unos árboles dan paso a las calles de una ciudad tropical desordenada, con un bullicio sin aparentes convulsiones. La perspectiva cambia al cabo de unos minutos, por la presencia de soldados en las esquinas y, sobre todo, los relatos de los habitantes.

Tumaco es una tormenta perfecta. Este puerto del Pacífico, con una población urbana de poco más de 100.000 habitantes, es un espejo de los males que han golpeado a Colombia durante décadas, de la guerrilla al narcotráfico. Ahora sufre las consecuencias de una paradoja. La desmovilización de las FARC después de los acuerdos de paz de 2016 ha convertido este municipio, cerca de la frontera con Ecuador, en un territorio en disputa. Una docena de grupos armados, mafias que en algunos casos se ponen el disfraz de organizaciones insurgentes o disidencias, buscan hacerse con el control de las 23.000 hectáreas de hoja de coca que rodean la ciudad, la mayor concentración del país. En los cuatro primeros meses de este año fueron asesinadas 91 personas, según las fuerzas de seguridad, casi un 50% más que en el mismo período del año anterior. El Gobierno de Juan Manuel Santos desplegó a más de 11.000 militares en la región, el departamento de Nariño, para tratar de garantizar el orden público y detener a un criminal apodado Guacho, disidente de las FARC, uno de los hombres más buscados del país. Pero la mecha sigue encendida y será uno de los principales desafíos del presidente que resulte elegido hoy.

Todas las conversaciones en Tumaco giran en torno a la violencia y el anhelo de paz. La semana pasada, a pocos metros de la playa, se constituyó un consejo municipal encargado de velar por la convivencia y la reconciliación y evitar que la violencia provoque nuevos desplazamientos. Lo presidió, llegado de Bogotá, el alto comisionado del Ejecutivo Rodrigo Rivera, quien, junto al vicepresidente, el general Óscar Naranjo, ha multiplicado la inversión de recursos en la zona. En las decenas de personas que le escuchaban se entremezclaban la esperanza y la indignación.

“El problema que siente todo el mundo es que aquí los bisabuelos entierran a los tataranietos”, lamenta Alberto Parra en una referencia genérica a los descendientes lejanos. La expectación de los líderes sociales, de las comunidades afrocolombianas y las organizaciones que tratan de mejorar la vida cotidiana en los barrios choca con la ausencia histórica del Estado, en Tumaco y en territorios tradicionalmente golpeados por el conflicto armado. La primera urgencia es la seguridad, seguida de la reducción de la desigualdad. “El consejo municipal de paz es una estructura muy positiva para encontrar identidades sociales y beneficiar el proceso de paz. Pero si lo establecemos como un espacio simplemente protocolario no va servir de nada. Se crea así y no va a surtir ningún efecto”, agrega Juan Carlos Angulo, pescador en paro de 42 años y representante de la asociación ReconPaz.

Salida de droga

Los dos candidatos que hoy se disputan la presidencia, el derechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, hicieron campaña aquí a partir de distintas visiones del proceso de paz. El primero anunció modificaciones importantes a lo pactado en La Habana, sobre todo en materia de justicia y reparación a las víctimas, mientras el segundo prometió profundizar en la reconciliación. En primera vuelta, celebrada el 27 de mayo, ganó el aspirante impulsado por el exmandatario Álvaro Uribe, principalmente por la fuerza del aparato local de su candidatura y porque la población demanda mayor firmeza ante la delincuencia.

La violencia y el descontrol hacen que en este puerto se sumen todos los principales problemas del país, de la corrupción a la pobreza. “La cadena del narcotráfico está concentrada en un muy pequeño territorio, que es un puerto que saca la droga hacia Centroamérica y el Sur. Antes en Tumaco estaba la columna Daniel Aldana de las FARC y hoy hay 12 grupos: el Clan del Golfo Gente del Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico, Frente Óliver Sinisterra…”, señala Ariel Ávila, analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “La costa pacífica de Nariño es la mejor muestra de que si esto no se implementa, con la construcción de Estado, vías terciarias y proyectos productivos, algunas zonas del país están condenadas a vivir otra ola de violencia”.

El Gobierno de Santos optó por una política a largo plazo: la erradicación forzosa de los cultivos y la sustitución voluntaria de cultivos. El presidente, quien aseguró recientemente a EL PAÍS que la paz “es irreversible”, desgrana los datos de esta política, que de momento cuenta con el respaldo de EE UU. “Ya llevamos más de 125.000 familias que han expresado su deseo de sustituir la coca, se han firmado convenios con más de 35.000. Esa va a ser una solución permanente y estructural”.

No obstante, los campesinos demandan alternativas inmediatas y seguridad. “La gente tiene ganas de salir del cultivo de hoja de coca siempre y cuando nosotros les garanticemos el sustento. Si no, no van a hacerlo”, dice Leonard Eduardo Medina, de 26 años, voluntario en distintos proyectos de paz. “Antes uno podía salir, ir a las playas, amanecerse en las calles y no pasaba nada”, recuerda. “Todo el mundo se esconde ahora a las nueve de la noche en sus casas. Desgraciadamente en Colombia la historia que nos gusta recordar es la de las narconovelas, no la historia de la paz”. Ahora, su principal objetivo, como el de tantos otros, es revertir esa situación y tratar de generar confianza en las autoridades desde las calles de Tumaco.